El servicio de Atención Farmacéutica Domiciliaria (AFD) de la farmacia de El Boalo, que ha sido perseguido por los enfermeros hasta conseguir que la Dirección General de Ordenación e Inspección de la Comunidad de Madrid solicitase su cese inmediato, es totalmente legal para el Colegio Oficial de Farmacéuticos Madrid (COFM).
La Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid; el Real Decreto legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos; el concierto de farmacia de Madrid o el convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el COFM para la participación de las oficinas de farmacia, dan cobertura legal a las actividades que Lucrecia Gutiérrez, titular de la farmacia de El Boalo, ha estado desempeñando en los últimos tres años en beneficio de los pacientes de su localidad.
La normativa antes citada establece entre las funciones de las oficinas de farmacia, como establecimiento sanitario privado, de interés público, el seguimiento farmacoterapéutico; la posibilidad de “facilitar sistemas personalizados de dosificación a los pacientes que lo soliciten, en orden a mejorar el cumplimiento terapéutico”. Además, en el marco del Sistema Nacional de Salud, y gracias a la firma del concierto o el convenio antes citados, se establece “la participación en programas de atención farmacéutica y de seguimiento farmacoterapéutico” o, más concretamente, “la asistencia a pacientes polimedicados dependientes domiciliarios”.
Luis González ve la queja de enfermería como “un despropósito” y la decisión posterior de la Dirección General de Inspección, “un desacierto”.
De este modo, el presidente del COFM, Luis González, considera que existe suficiente “cobertura legal, más bien superlegal”, para que una farmacia como la de Gutiérrez pueda prestar un servicio de estas características. Y puede hacerlo sin la participación de la Comunidad de Madrid puesto que se desarrolla con fondos ajenos a los del Sistema Nacional de Salud puesto que el financiador principal es el Ayuntamiento y, marginalmente los pacientes beneficiarios.
Para González, que ha convocado una rueda de prensa para abordar este asunto junto al alcalde de El Boalo, Javier de los Nietos y la farmacéutica del municipio, la queja de enfermería es “un despropósito” y la decisión posterior de la Dirección General de Inspección, “un desacierto”. Según ha explicado, el comunicado dirigido a la farmacéutica no contiene “ningún fundamento jurídico que permita adoptar la figura del cese de actividad”, es decir, no se detalla en ningún momento la legislación que se está incumpliendo y, en consecuencia, que impida el seguir trabajando en beneficio de estos pacientes.
Además, el presidente del colegio ha asegurado que el Ayuntamiento de El Boalo “tiene plena capacidad” para dar coberturas o servicios sociales y asistenciales a su población, tal y como hace el acuerdo firmado entre el ayuntamiento y la farmacia. Por todo ello, y al ser un acuerdo entre partes, no se reconoce como admisible la figura del “cese de actividad”, explica el presidente del COFM.
El alcalde de El Boalo ha lamentado que desde la Consejería de Sanidad nadie se haya puesto en contacto con ellos para recoger su opinión, pero sí se han tenido en cuenta “denuncias falsas de los profesionales”.
Más allá, González considera que “no hay injerencia alguna” de la farmacéutica en las actividades de los enfermeros. Además, ha aprovechado la ocasión para recordar que “el experto en el medicamento es el farmacéutico”, que posee una formación en farmacología y áreas afines de 825 horas a lo largo del grado, mientras que enfermería tiene 150 horas y medicina 375. Por ese motivo, ha señalado que, tal vez quienes estén “injiriendo en la actividad farmacéutica es enfermería, quizá debido a que sus representantes no saben resolver los problemas de su profesión”.
El presidente colegial ha confirmado que ha intentado alcanzar acuerdos con los enfermeros pero no ha sido posible y ha advertido de que los “ataques” que están recibiendo por parte de los representantes de Enfermería, “tendrán su respuesta”.
Por su parte, el alcalde de El Boalo ha mostrado su “sorpresa” por la trascendencia mediática y ha lamentado que el debate generado no haya tenido en cuenta las condiciones del municipio. “Fuera del ámbito rural es muy fácil decir cómo se tienen que hacer las cosas, pero se tienen que hacer en el municipio”.
Lucrecia Gutiérrez considera la ayuda que presta tiene importantes resultados sanitarios: “El cumplimiento aumenta hasta un 80%”.
Conocido por el Centro de Salud
Para de los Nietos, la farmacéutica “hace un trabajo ejemplar” y ha asegurado que “no solo es conocido por el Centro de Salud sino que se coordina con él y con los servicios sociales”. Por ese motivo, ha asegurado que el comunicado de la Consejería “ha mentido”.
También ha lamentado que desde la Consejería de Sanidad nadie se haya puesto en contacto con ellos para recoger su opinión, que es “el titular del servicio y quien lo financia”. Por tanto, para el regidor se ha tenido en cuenta “denuncias falsas de los profesionales y no la opinión del ayuntamiento”.
Además, ha criticado el hecho de que la enfermera que ha acusado de intrusismo a la farmacéutica no haya dicho “en ningún caso que ese servicio lo podría hacer ella”.
El alcalde también ha confirmado que el servicio continuará ya que forma parte de una petición de los vecinos puesto que el mismo se estableció a través de los presupuestos participativos que elabora el municipio.
Preguntado por la polémica sobre la tramitación de la Ley de Farmacia en la Asamblea de Madrid y la oposición que ha mostrado el PSOE, partido al que pertenece de los Nietos, a la AFD, el regidor también ha lamentado que nadie de su partido se haya puesto en contacto con él para ver cómo estaba funcionando el servicio. En cualquier caso, se ha comprometido a ponerse “en contacto con los responsables regionales del PSOE de Madrid para explicar lo que supone la AFD”.
A demanda de los pacientes
Por último, la protagonista involuntaria de toda la historia, Lucrecia Gutiérrez, visiblemente afectada por la “vorágine” en la que se encuentra y “que no tenía que estar” ha explicado el proyecto, que surgió a demanda de los pacientes en un pueblo en el que la actividad del centro de salud solo es de 8:30 a 14:00 y en un municipio con una gran extensión geográfica.
Gutiérrez ha explicado que actualmente tiene en seguimiento a seis pacientes a los que realiza visitas quincenales de entre 25 a 30 minutos de media. En ese servicio se incluye la revisión de los medicamentos prescritos, los de autocuidado y plantas medicinales así como un chequeo de los hábitos alimenticios. Además, aplica a los pacientes el test de Morisky -Green y prepara los Sistemas Personalizados de Dosificación que necesitan. Por todo ello, la farmacéutica cobra mensualmente 40 euros.
Para Gutiérrez, el servicio que presta, además de “una ayuda farmacéutica, es una ayuda social” ya que, como confirmó el alcalde, la farmacéutica se convierte en una persona de referencia para los beneficiaros de la actividad, mujeres de más de 80 años que, sin ayuda no podrían seguir viviendo en sus domicilios solas.
Más allá de la satisfacción personal que le genera los resultados positivos obtenidos en las encuestas que se realizan a los pacientes, la farmacéutica considera la ayuda que presta tiene importantes resultados sanitarios: “El cumplimiento aumenta hasta un 80%”.
Reunión con la Consejería
Cabe destacar que González mantuvo una entrevista con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero tras la celebración de la rueda de prensa en la que tenía previsto transmitirle que la intención de la corporación sería “dar amparo a la farmacéutica y solicitar el restablecimiento del servicio”. Según ha podido saber Diariofarma, en la reunión no se ha alcanzado ningún acuerdo y ha quedado supeditado a la reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio y a una solicitud formal que hará el COFM a la Consejería.
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: 
Enrique Ruiz Escudero, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado.: