La Fundación Instituto Roche ha hecho público un documento, con el que pretende hacer su contribución particular para hacer frente al reto que supone la creación de un marco jurídico que sirva para regular la generalización del uso de la información genética derivada de la adopción de la medicina personalizada.
El citado documento lleva por título ‘Dimensión sanitaria, tecnológica y ético-legal de la Medicina Personalizada de Precisión', y según su coordinador, Carlos Romeo Casabona, director de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de País Vasco, va dirigido a los profesionales del campo de la salud, tanto a los que trabajan en la parte asistencial como investigadores que desarrollen su trabajo en este campo, así como a los profesionales de la ética y del derecho, y a los gestores del SNS.
Y es que, como ha señalado Romero, "el tratamiento que tienen los datos masivos, conocido como big data, tiene una gran relevancia jurídica". "La acumulación de datos sobre una misma persona, incluso con el propósito de diagnosticar de la mejor manera y darle un tratamiento individualizado, requiere una escrupulosa observancia de las normas jurídicas de protección de datos y los deberes de confidencialidad", ha continuado, señalando que el objetivo debe ser la evitación del riesgo de que terceros puedan acceder a esta información o que se produzca una discriminación de los ciudadanos por razones de salud u otras.
Entre los riesgos destaca el que se pueda clasificar a los pacientes con determinados perfiles, "y, exclusivamente, en función de estos perfiles, se tomen decisiones con respecto a su salud", algo que, dijo, está prohibido "de forma taxativa por el Reglamento Europeo de Protección de Datos". El documento señala que el procesamiento automatizado de datos o el uso de mecanismos de Inteligencia artificial podrán ser "recursos excelentes de apoyo a la toma de decisiones, pero nunca sustituir al profesional sanitario".
Marco legislativo existente
Romeo explica la importancia de este documento con el hecho de que España no cuente una legislación específica sobre la medicina personalizada, aunque sí existen, dijo, algunas leyes que la encuadran en relación con algunos problemas de naturaleza jurídica que pudieran surgir, como la Ley de Autonomía del Paciente, "que regula los aspectos de documentación clínica en el ámbito asistencial", o la Ley de Investigación Biomédica del año 2007.
No obstante, estiman que, aunque la normativa española actual "recoge gran parte de los aspectos relacionados con la secuenciación genómica, ésta sido concebida para análisis genéticos parciales o muy localizados para ciertas situaciones". Por ello, desde Fundación Instituto Roche se considera "necesaria una legislación que refuerce la protección de los datos genéticos de carácter personal como bienes de la persona, que se sitúan fuera del comercio".
En ese sentido, el vicepresidente de la Fundación, Federico Plaza, afirmó que hay "algunos países de la Unión Europea y, también Estados Unidos, que nos llevan la delantera". Pero eso, opinó, permite a España "analizar las experiencias de nuestros vecinos para valorar en qué medida son importables a nuestro sistema nacional de salud". En su opinión, el nuevo marco normativo debe servir "para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los pacientes y evitar los riesgos de exclusión".
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: