La CEOE rechaza el acuerdo de Presupuestos por despreciar a ‘la privada’

La Comisión de Sanidad de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha emitido un comunicado como respuesta al acuerdo alcanzado por el Gobierno con Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Recuerdan que éste decía expresamente que, "siendo necesario blindar nuestro sistema sanitario contra corrientes privatizadoras y ataques por parte de sectores interesados, se creará una Comisión, integrada por expertos sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, para que, en el plazo de seis meses, analice la situación y defina las líneas y estrategias para revertir (la privatización), blindando el carácter universal, gratuito y público de nuestro sistema sanitario", por lo que califican el texto como "desafortunado", y un "desprecio" a un sector que, dicen, "genera más de 265.000 empleos y supone en torno al 3,5% del PIB".

"De esta forma, se pone en riesgo la sostenibilidad financiera y asistencial de un sistema sanitario que, en su conjunto, con la complementariedad del sector público y el privado, ocupa el primer puesto a nivel europeo en cuanto a eficiencia, según el informe anual de Bloomberg", indican.

En lo que respecta a la aportación privada, más allá el impacto en el empleo y el PIB, manifiestan que existen actualmente con 8,2 millones de asegurados, cifra que asciende a más de 10 millones de usuarios de la sanidad privada, contando a los funcionarios que, bajo el régimen de mutualismo administrativo, eligen ser atendidos por el sector privado. "Al tratarse de un modelo de doble aseguramiento, los ciudadanos que cuentan con un seguro privado no consumen, o consumen solo en parte, recursos de la sanidad pública", argumentan. Y añaden: "El ahorro producido por un paciente que use únicamente el sistema privado es de 1.203 euros al año, puesto que no hace uso de ningún recurso de la sanidad pública".

Unido a esto, aseguran que el sector hospitalario privado español representa el 57% del total de los centros hospitalarios de nuestro país y el 33% del total de camas. Apuntan además que, en 2015, asumieron el 29% (1,5 millones) de las intervenciones quirúrgicas, el 23% (1,2 millones) de las altas y el 23% (6,6 millones) de las urgencias en todo el territorio nacional, "descargando así presión asistencial del sistema sanitario público". A esto habría que sumar "las miles de entidades sanitarias privadas sin hospitalización", y citan las clínicas especializadas en oftalmología, medicina estética o de reproducción asistida, laboratorios clínicos, centros de rehabilitación, empresas de transporte sanitario, etc.. También resaltan los equipamientos de que disponen estos centros, que cuentan con el 56% de los equipos de resonancia magnética, el 48% de los PET y el 36% de los TAC.

Consecuencias

"Por todo ello", concluyen, "intentar perjudicar a la sanidad privada tendrá nefastas consecuencias que afectarán al conjunto de los ciudadanos". Y es que, según la Comisión de Sanidad de la CEOE, los modelos de colaboración público-privada que existen actualmente "garantizan y refuerzan la igualdad de trato a toda la población, contribuyendo al buen funcionamiento del conjunto del sistema sanitario".

En ese sentido, consideran que cuando el Gobierno y UP-EP-EM hablan de "privatizaciones se refieren
equivocadamente a aquellos hospitales de gestión privada, que mantienen su titularidad pública y prestan los servicios asistenciales en los mismos términos, cumpliendo exactamente los mismos requisitos legales que los hospitales públicos gestionados directamente por las administraciones". Para la patronal, este modelo "da respuesta a la insuficiencia financiera de la Administración Pública, asumiendo a largo plazo un gasto que evita un endeudamiento financiero y hace posible un mayor control del gasto". "El hipotético desmantelamiento de la sanidad privada provocaría irremediablemente un incremento del déficit público", prosiguen.

Y concluyen opinando que "al igual que a los pacientes les interesa ser atendidos correctamente en tiempo y forma, sin importar la titularidad del centro al que acude", lo que debería hacer el Gobierno sería "propiciar el uso de todos los recursos existentes, sin reparar tampoco en quién gestiona dicho centro".