La Junta de Andalucía ha puesto fin de manera definitiva a las subastas de medicamentos. Aunque este modelo llevaba inactivo desde 2020, aún mantenía su cobertura legal en la Ley de Farmacia de Andalucía. Ahora, con la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2026, se ha eliminado por completo su articulado normativo, cumpliendo así un compromiso político sostenido por el Gobierno de Juanma Moreno desde su llegada al poder en 2019.
En concreto, la ley de presupuestos deroga los artículos 60 bis, ter, quater y quinquies, así como la disposición adicional octava y el apartado 4 de la disposición transitoria sexta de la Ley 22/2007, de Farmacia de Andalucía. Se trata de todo el soporte legal del modelo de selección de medicamentos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La desaparición de esta normativa deja claro que no habrá vuelta atrás en una política que, durante casi una década, fue objeto de una intensa controversia entre el Gobierno andaluz, el sector farmacéutico, la industria y gran parte del espectro político.
Fin anunciado en 2020
La llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía en 2019 marcó un giro en la política farmacéutica regional. En su programa electoral ya se comprometía a poner fin al sistema de subastas, una promesa que se materializó en diciembre de 2020 cuando el presidente andaluz anunció públicamente la paralización definitiva del modelo y su sustitución por un nuevo sistema basado en "la equidad, la libertad de prescripción y la igualdad en el acceso".
“Con las subastas se ha producido un recorte encubierto de derechos. Hoy decimos basta y proclamamos su fin definitivo”, afirmó entonces Moreno en un acto institucional en Sevilla, cuando rodeado de los agentes del sector tanto industrial como de la farmacia comunitaria se comprometió con el fin de las subastas.
Desde ese momento no se convocaron nuevas subastas, aunque el armazón legal permanecía activo en la Ley de Farmacia, lo que alimentaba las sospechas de una posible reactivación futura. Esa incertidumbre se ha disipado ahora con la derogación explícita de todos los artículos que daban cobertura jurídica al modelo. Pese a ello, el PSOE sigue insistiendo en la necesidad del modelo, con enmiendas a los presupuestos presentadas estos días, con lo que en caso de gobernar podría recuperar el sistema fácilmente vía Decreto-ley, tal y como se instauró.
Una historia de conflicto
El modelo andaluz de subastas nació en 2011, introducido mediante el Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, como una fórmula para contener el gasto público en medicamentos mediante la selección exclusiva de presentaciones para su dispensación en el ámbito ambulatorio del SAS. La iniciativa fue impulsada por el entonces Gobierno del PSOE, en el que la consejera de Salud andaluza era María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda. Las críticas no tardaron en aflorar, especialmente desde el sector farmacéutico, la industria y desde el ámbito político nacional.
Durante años, colegios de farmacéuticos, patronales del sector y asociaciones de pacientes denunciaron que el sistema provocaba inequidades en el acceso, desabastecimientos recurrentes y una ruptura con la cohesión del Sistema Nacional de Salud, al romper con la política de precios y disponibilidad nacional. Además, se beneficiaba a compañías sin estructura empresarial en nuestro país y que solo operaban como intermediarios logísticos.
También el Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad, cuestionó el encaje normativo de las subastas andaluzas, llegando a interponer recursos ante el Tribunal Constitucional en las fases iniciales del modelo, aunque sin éxito.
Un paso hacia la normalización
Con esta derogación total, Andalucía se alinea plenamente con el modelo nacional de prestación farmacéutica y da por cerrada una etapa que marcó profundamente la política sanitaria de la comunidad durante casi una década.
El sistema de subastas andaluz, aunque defendido en su día por la administración socialista como mecanismo de sostenibilidad, dejó una herida profunda en el sector, generando tensión institucional, descontento profesional, conflictos jurídicos y quejas reiteradas de pacientes ante la dificultad de acceso a ciertos medicamentos.
Su eliminación legal representa, además de un gesto político, una señal de estabilidad regulatoria para el sector, que llevaba años reclamando seguridad jurídica y la aplicación homogénea de las políticas de medicamento en todo el territorio nacional.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: