Ley de Gestión Pública: ACHPM alega inseguridad jurídica y perjuicio a los pacientes

La Asociación de Hospitales Privados de Madrid (ACHPM), considera que el actual proyecto de ley de Gestión Pública que elabora el Ministerio de Sanidad “hace imposible los modelos de gestión privada, persiguiendo los existentes hasta su total reversión”. Así lo considera en su documento de alegaciones donde muestra su parecer “frontalmente contrario” al proyectyo normativo.

La asociación realiza estas afirmaciones en las alegaciones presentadas dentro del plazo establecido para la consulta pública previa de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, impulsada por el Ministerio de Sanidad. El documento consta de 22 páginas, ya disponibles en el Portal de Transparencia, donde la ACHPM plantea importantes objeciones a las diversas cuestiones incluidas en el anteproyecto de ley.

El documento de alegaciones se refiere, en particular, a la seguridad jurídica y la legítima competencia de las CC.AA para gestionar la sanidad. Para la ACHPM, “este anteproyecto persigue desmantelar el marco jurídico existente y de una forma especial, utilizando su misma expresión, ‘se cierra la Ley 15/1997‘ sobre nuevas formas de gestión, sin establecer alternativas. Una norma que ha producido unos importantes resultados a lo largo de estos años, y que quiere sustituir por un régimen absolutamente desfasado y fuera de lugar, vigente hace más de 50 años, que van a llevar al colapso de la sanidad pública”.

Entre las alegaciones, la ACHPM insiste en cómo puede afectar una ley como la planteada a los pacientes y la inseguridad que puede crear. “Con una norma como la que se pretende llevar adelante, se va a socavar otro de los pilares del estado de derecho, como es la seguridad jurídica de todo el sector de la sanidad privada de este país”, subraya el documento.

Otra de las cuestiones planteadas es que en España, el gasto sanitario total supone el 10,4% del PIB, y el correspondiente a la sanidad privada es el 3,1% del PIB. El 55,6% de los hospitales y el 32% de las camas en España son de titularidad privada. Esto supone que, el 31% de las cirugías, el 24% de las altas y el 24% de las urgencias, tienen lugar en el sector privado sanitario. El 92% de las ambulancias operativas son privadas. En 2020, el conjunto del gasto sanitario privado y la colaboración privada-pública (conciertos) en 2020 alcanzó los 40.727 M€, lo que se traduce en un 3,64% del PIB. El gasto sanitario público de España en 2021 ha alcanzado los 87.941 M€, de los cuales un 10,2% se destinaron a colaboración privada-pública (conciertos). En este contexto, la ACHPM insiste, en el documento de alegaciones, en “la imposibilidad de llevar a cabo una ley de estas características sin que ello repercuta en la salud de los españoles”.

En España, de un total de 840 hospitales, 410 son de titularidad privada. Además, según datos del INE, hay registrados en España un total de 292.413 médicos y 336.321 enfermeras, entre sanidad pública y privada, de los cuales, 67.350 médicos y 73.207 enfermeras están adscritos a la sanidad privada. Si esta ley saliera adelante y limitara los conciertos, las listas de espera se verían incrementadas, así como la salud de los ciudadanos. Ante estos datos, en el documento de alegaciones la ACHPM afirma que “si el Ministerio de Sanidad realmente quiere contribuir a mejorar el sistema sanitario español, que realmente lo necesita, sin generar nuevos problemas y buscando soluciones reales pensando en los pacientes, en nuestra opinión lo mejor que puede hacer es utilizar el camino del Consejo Interterritorial, y en él, como órgano de coordinación del Sistema Nacional de Salud (SNS), buscar las soluciones más adecuadas, junto a las Comunidades Autónomas que son las que tienen la competencia en esta materia, y con la vista puesta en el conjunto de la sanidad, pública y privada, como única forma de superar los problemas que ahora mismo tiene el Sistema Nacional de Salud, y que se está poniendo en situación de verdadero riesgo”.

Sanidad privada en Madrid

En Madrid, la privada asume el 31 % de los ingresos y de las altas realizadas, el 27 % de las estancias y el 37 % de las intervenciones quirúrgicas del conjunto de las realizadas en Madrid. Sin colaboración público-privada, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos. Junto a los pacientes, los profesionales: médicos, enfermería, auxiliares, administrativos y otros trabajadores de la sanidad privada. Para Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la ACHPM, plantear un anteproyecto de ley como el que ha presentado el Ministerio de Sanidad supone “un ataque a un sector económico de esta magnitud pondría en riesgo muchos puestos de trabajo y, por tanto, afectaría a muchas familias. Son los mismos profesionales a los que la ministra de Sanidad debería defender”, aseguran.