Si tenemos el ‘mejor sistema sanitario del mundo’, ¿por qué darle la vuelta como a un calcetín?

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.

Durante décadas nos hemos estado vanagloriando del gran Sistema Nacional de Salud (SNS) que tenemos. Un sistema que, es cierto, se encuentra entre los más eficientes que hay en el mundo y que ofrece a los ciudadanos unos resultados envidiables para la mayor parte de los países occidentales.

Pese a ello, está claro que el sistema necesita mejoras y reformas. Algunas de calado para incorporar la digitalización al sistema, cambiar la forma de relación de los profesionales con el mismo, integrar el sistema sociosanitario y avanzar en incrementar la eficiencia del sistema. También sería necesario incrementar la responsabilidad de los pacientes. Pero nada de eso justifica algunas cuestiones que se quieren poner en marcha con la excusa de la reconstrucción del SNS tras el covid-19, tanto en el ámbito de las relaciones del SNS con el sector privado como en la fijación de precios de los medicamentos.

El sistema sanitario es un complejo engranaje en el que la colaboración público-privada ha dado siempre lo mejor de sí misma. Por ese motivo, tratar de acabar con la misma, con la excusa de la pandemia del coronavirus es aprovechar una coyuntura para para cambiar, desde una perspectiva ideológica y no técnica, el sistema sanitario, sus relaciones con la industria y hasta con los pacientes. Y eso, no puede salir bien.

En los últimos documentos estratégicos elaborados tanto por los partidos que sostienen al Ejecutivo, como desarrollados por el propio Gobierno que se han ido conociendo, se observa un desprecio a todo lo que tiene que ver con el ámbito privado que ni se entiende ni es bueno para el sistema.

Las asociaciones de pacientes, en guerra

Las asociaciones de pacientes están que trinan con los partidos del Gobierno porque les quieren quitar su principal fuente de financiación: las donaciones de empresas privadas. Sin ellas, las asociaciones morirán y los pacientes serían unos grandes perjudicados al no beneficiarse de los grandes servicios que estas entidades les ofrecen.

Si se tiene dudas acerca del destino de los fondos que llegan a las asociaciones de pacientes y sus implicaciones para el SNS, el Gobierno debería procurar que se avance en transparencia, si es que las asociaciones quieren tener participación en los órganos de decisión del sistema público. Pero más allá de esto, ¿quién es el gobierno para negar a dos particulares establecer los acuerdos que consideren oportunos? De momento, en España, los privados tienen libertad para llegar a los acuerdos que crean convenientes, siempre que no conculquen ninguna ley, o realizar donaciones económicas a las entidades que se quiera. ¿Dónde vamos a llegar?

Plan de acción para la transformación del SNS

Aparte de esta lesiva medida, este jueves hemos tenido conocimiento de un documento que está elaborando el Ministerio de Sanidad bajo la denominación ‘Plan de acción para la transformación del Sistema Nacional de Salud en la era post covid-19’. A lo largo del mismo se recogen actuaciones y resuenan ausencias que no van en la dirección de mejorar el sistema sanitario.

Lo importante en una sociedad avanzada no es tener un sistema sanitario público, per sé. Es tener un buen sistema sanitario y que sea accesible para todos, sin discriminación por motivos económicos ni sanitarios. Y si es público, pues bien. Y si no lo es, pues también. En eso es en lo que se deberían empeñar nuestros políticos y gestores. Que la asistencia sanitaria y los resultados en salud fueran cada vez mejores y más eficientes, sin importar quien la ha propiciado.

Por ese motivo, no se entiende (o se entiende demasiado), la falta de búsqueda de colaboración público-privada en el ámbito sanitario que se trasluce en el Plan de Sanidad.

La asistencia privada es elegida en nuestro país por un número nada desdeñable de personas. En muchos lugares la existencia de clínicas o centros ambulatorios privados es posible por la existencia del modelo Muface, que asegura un mínimo de ingresos a través de la asistencia sanitaria a dichos beneficiarios. Si se elimina, como parece que se quiere el Ejecutivo, este modelo, muchos centros y clínicas privadas verán peligrar su viabilidad y, o desaparecerán o tendrán que subir sus honorarios limitando la posibilidad de acceso a más personas, con lo que se darían de baja de la sanidad privada y se colapsaría aún más la pública. ¿Es que no es suficiente razón como para mirar con cuidado cada paso que se da en este sentido?

En esta misma línea está la búsqueda de impedir la doble actividad de los médicos, fomentando “la plena dedicación y la no concurrencia con otros intereses”, según el Plan, para evitar “la competencia desleal y algunos conflictos de interés que surgen de la práctica dual”.

A este respecto, llama la atención que a lo largo de 33 páginas de Plan solo se menciona el ámbito privado en dos ocasiones. Una de ellas, para ‘alertar’ de un “riesgo importante de privatización de la información y las bases de datos generadas desde el sistema público de salud con la externalización de la codificación de procesos o de la gestión de bases de datos entre otros”. La otra ocasión en que se habla del ámbito privado es para la colaboración con la industria, pero solo en el ámbito de la investigación.

Más allá, el documento también lanza un aviso a la industria acerca de la fijación de precios. A este respecto, el Ministerio de Sanidad parece ‘haber comprado’ la filosofía de los ‘precios justos’ de los medicamentos. Se trata de algo que, desde mi punto de vista, reducirá los precios, por supuesto, pero también reducirá la llegada de innovación a nuestro país con lo que se verá afectada la salud de los ciudadanos a medio y largo plazo. Si el modelo se multiplicara por otros países, directamente se acabaría con la innovación farmacéutica a lo largo de todo el mundo.

El plan de ‘No es sano’ no es sano

Además, parece que Sanidad esté preparando la ‘factura’ para la industria farmacéutica y ha cifrado en 8.000 millones, nada menos que un 42,8% de los 18.685 que se invirtieron en medicamentos en 2019, el ‘sobreprecio’ que el SNS estaría pagando por encima de ese ‘precio justo’.

Quiero que en estas líneas quede claro que, en caso de existir ese sobreprecio con respecto del denominado ‘precio justo’, es el que ha permitido el desarrollo en los últimos años de medicamentos que han cronificado el VIH/Sida, que han acabado con la sentencia de muerte que suponían numerosos tipos de cáncer, que han dado calidad de vida a muchos pacientes con enfermedades autoinmunes, que están a punto de erradicar la hepatitis o que, como con los CAR-T dan una gran oportunidad a los que no tenían nada. Por todo ello, considero más que justo, considero necesario, pagar un supuesto sobreprecio que permite la existencia de una industria farmacéutica que da como resultados una innovación que cura. Y si alguien cree que tiene la varita mágica para desarrollar más medicamentos y más baratos y, además, hacerse rico (o no), que nos deleite con su buen hacer. Todos saldremos ganando.

Todo lo anterior no quiere decir que no esté de acuerdo con que el SNS deba ser lo más eficiente posible. Pero la mejor manera de hacerlo es fomentando la competencia, no hiriendo de muerte a la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos eficaces por la vía de los precios.

José María López Alemany es director de Diariofarma.