PACTO EN DEFENSA DE LA SANIDAD PRIVADA ESPAÑOLA
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Acceder al documento original en pdf
Madrid, Julio de 2017
En un momento de cambios sin precedentes de nuestra sociedad, acelerado por los importantes avances tecnológicos, farmacéuticos y médicos, el envejecimiento demográfico y el consiguiente incremento de la cronicidad, está en peligro la solvencia y sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Su supervivencia dependerá, sin duda, de la forma en la que seamos capaces de gestionar todos los recursos disponibles.
El sector sanitario privado contribuye de manera significativa al desarrollo de nuestro país por lo que¸ en las circunstancias descritas y ante el futuro previsible, debe ser un aliado estratégico incuestionable.
La reciente crisis económica y la actual crisis política han hecho que, en muchos casos, se estigmatice el papel de la sanidad privada, presentándola como enemiga de la sanidad pública y estableciendo barreras en cada vez más CCAA, tanto ideológicas como legales. De hecho, hay CCAA donde el éxito se mide por la desconcertación y discriminación al sector privado.
El artículo 43 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la protección de la salud y señala que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. En su artículo 41, de indudable conexión temática con el artículo comentado, la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.
A su vez, nuestra Carta Magna legitima la actividad empresarial privada, reconociendo en su artículo 38 la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y obliga a los poderes públicos a garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general, y, en su caso, de la planificación.
En al ámbito de la salud, la libertad de empresa en el sector sanitario ha sido reconocida de forma expresa por el artículo 89 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, la norma que da respuesta al requerimiento formulado por nuestra Constitución a los poderes públicos, al objeto de que adopten las medidas idóneas para hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud reconocido en su artículo 43. Por otra parte, la mencionada ley señala en su artículo 66 que las Administraciones Públicas crearán una red integrada por los hospitales del sector público y por aquellos hospitales generales del sector privado que soliciten la vinculación al Sistema Nacional de Salud, manteniendo estos últimos la titularidad de los centros y de los establecimientos dependientes del mismo, así como de las relaciones laborales del personal que en ellos preste sus servicios.
También en el ámbito de la Unión Europea se reconoce el derecho a la protección de la salud y la libertad de empresa. En este sentido el artículo 4.2. del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea define como competencia compartida entre la UE y los estados miembros la materia de salud pública, y, concretamente, en su artículo 6 señala, como competencia de la UE, la de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, en materia de protección y mejora de la salud humana. Y es precisamente en el derecho concerniente a la protección de la salud (Título XIV del TFUE, que lleva por rúbrica "Salud pública"), donde contempla dicho encargo a modo de competencia transversal, proclamándose el compromiso de que al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantice un alto nivel de protección de la salud humana y se promueva la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros en este ámbito.
En los mismos términos, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la acción de los Estados Miembros y de la Unión, incluirá la adopción de una política económica que se llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia.
En el ámbito nacional, la colaboración público-privada se encuentra recogida expresamente en la legislación sanitaria y de seguridad social, entre otras en la Ley
14/1986, General de Sanidad, en la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, así como en el más reciente Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que fue aprobado el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La colaboración público-privada constituye una herramienta útil para las administraciones públicas en la consecución de los objetivos amparados por la Constitución Española, quienes al hacer uso de ella deben respetar el derecho a la igualdad ante la ley, el de no discriminación y el de libertad de empresa proclamados en nuestra Constitución y recogidos como principios generales informadores y rectores del ordenamiento jurídico español, reconocidos tanto a las personas físicas como jurídicas por la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Principales datos de la sanidad privada
La sanidad privada representa una parte importante del total de los recursos sanitarios en nuestro país, tanto en lo referente a volumen de gasto como a instalaciones y dotaciones tecnológicas.
Generación de riqueza y empleo
ü La sanidad privada da empleo a más de 273.000 profesionales, casi la mitad de ellos con una alta cualificación y supone un 3,5 % de nuestro PIB (35.992 millones de euros).
ü La sanidad privada representa un 30% del gasto sanitario total. Instalaciones y dotación:
ü En España hay 452 hospitales privados, un 57% del total, que cuentan con 51.591 camas (33%) y realizan un porcentaje importante de la actividad sanitaria total: 29% de las cirugías, casi 1,5 millones; el 23% de las urgencias, más de 6 millones; el 24% de las altas, etc.
ü Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, como asociaciones privadas de empresarios que son, cuentan con 23 Hospitales 1.099 camas, 60 quirófanos y 981 centros ambulatorios, con los que se da cobertura a más de 14 millones de trabajadores en España, principalmente en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con los que realizan más de 20 millones de pruebas, intervenciones y sesiones de rehabilitación.
ü Además, existen miles de entidades sanitarias privadas sin hospitalización, entre las que podemos encontrar clínicas especializadas en oftalmología, medicina estética o de reproducción asistida, laboratorios clínicos, centros de rehabilitación, empresas de transporte sanitario, etc. que contribuyen a la generación de riqueza, en términos económicos y de generación de empleo directo e indirecto y garantizan a la población servicios asistenciales y quirúrgicos no cubiertos por el sistema público de salud.
La sanidad privada cuenta con equipamiento de alta tecnología, como los 11 robots DaVinci que se encuentran disponibles en centros privados. Además, es poseedora del 56% de los equipos de Resonancia magnética y del 46% de los PET, con los que realiza el 39% de las RM y el 27% de los PET, respectivamente.
Con independencia de su importancia como sector económico por sí mismo, no podemos olvidar el relevante papel del sector privado como colaborador imprescindible para el sostenimiento y viabilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de la Seguridad Social, a través de las diferentes fórmulas de colaboración público- privada, como es el caso de los conciertos, la atención a colectivos de funcionarios, la protección de los trabajadores en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, etc. Estas fórmulas de gestión más ágiles y flexibles, convierten al sector privado en un aliado esencial e imprescindible para gestionar los recursos existentes, agilizar las listas de espera, etc.
En España hay casi 10 millones de personas que cuentan con un seguro privado de salud, entre los que se encuentran más de 2 millones de funcionarios y existen más de 14 millones de trabajadores protegidos por las Mutuas, a las que están asociadas voluntariamente el 97% de las empresas, cuya atención en la sanidad pública sería inviable con las actuales infraestructuras del SNS que quedarían colapsadas de verse en tal tesitura. Además, respetando el derecho de elección del ciudadano a optar por la provisión sanitaria pública o privada, de forma continuada y sostenida a lo largo de los años, los funcionarios optan en un 85% por la provisión privada que valoran muy positivamente.
Por último, cabe señalar el gran compromiso de la sanidad privada con la calidad de los servicios, la seguridad del paciente y la búsqueda de la excelencia en la atención sanitaria. El sector privado realiza un constante esfuerzo en innovación tecnológica y en la mejora de los procesos de gestión, desempeñando un importante papel formativo e investigador, que redunda en beneficio de toda la sociedad. A modo de ejemplo, se puede señalar que la sanidad privada interviene en el 48,1% de los ensayos clínicos que se realizan en España y cuenta con 22 hospitales universitarios.
Por todo lo expuesto, consideramos necesarios establecer un marco de defensa y potenciación de la Sanidad Privada, basado en los siguientes grupos de medidas:
Recuperar la imagen y posicionamiento que corresponde a la Sanidad Privada
1. Reconocimiento de facto (no meramente formal) de la Sanidad Privada como parte del Sistema Nacional de Salud, en los términos recogidos en nuestra Constitución.
2. Reconocimiento del carácter complementario de la Sanidad Privada y de la flexibilidad, descompresión y alto ahorro que aporta al Sistema Nacional de Salud, como parte imprescindible e intrínseca del mismo.
3. Reconocer la importancia creciente del sector privado para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
4. Reconocer la eficiencia y calidad del sector sanitario español, tanto público como privad
5. Apoyo y defensa de la Sanidad privada española a nivel nacional e internacional, colaboración y participación conjunta en eventos internacionales y nacionale
6. Fomento y defensa de las distintas formas de colaboración público-privada, puesta en valor de los recursos existent
7. Toma de decisiones basada en criterios objetivos, medibles y trasparentes, alejándonos de formulaciones ideológic
8. Evitar la discriminación de las entidades sanitarias privadas con ánimo de lucro, sin devaluar el papel de aquellas que no lo tienen, conforme a la Ley General de Sanidad.
Medidas de mejora y funcionamiento
1. Posicionar al paciente como centro del modelo sanitario y ponerlo en el foco de la toma de decisiones, haciendo especial hincapié en la transparencia, formación y empoderamient
2. Estudiar una fiscalidad favorable para los gastos derivados de la asistencia sanitaria.
3. Potenciar la accesibilidad y transparencia de la información en resultados de salud de los centros públicos y privados, ofreciendo un benchmarking de las mejores prácticas clínicas y asistenciale
Colaboración e implicación en la asunción de unidades de media estancia, convalecencia o curas paliativas.
5. Establecer una categorización de centros acorde con los avances y nuevos modelos existent
6. Establecimiento y potenciación de un nomenclátor común basado en GRD
7. Incrementar el número de profesionales médicos, y flexibilizar la compatibilidad de estos profesionales, homogeneizando los criterios a nivel regional y facilitarla en zonas de difícil captación de especialistas.
Potenciar la interoperabilidad entre centros públicos y privados, buscando sistemas de ahorro de costes y simplificando procesos administrativos.
9. Defensa de la formación de los profesionales en el ámbito de la Sanidad privada y su valoración para las OP
La gestión de los recursos que pone el sistema a disposición de los gestores públicos tiene que ser respetuosa, con el objetivo de asegurar el interés general. La gestión ideológica de estos recursos es algo que no pueden responsablemente avalar estos gestores, porque su compromiso político atañe a los intereses de todos los ciudadanos, les voten o no.
A juicio de la CEOE, transmitiendo el sentir de las organizaciones empresariales del sector de la Sanidad Privada vinculadas a nuestra organización, nada justifica este conflicto respecto al cuestionamiento de la colaboración público-privada en el campo de la Sanidad, porque ya la propia sociedad española en sus decisiones día a día con más de un 30% de aseguramiento privado, nos está indicando cuál es su deseo.
Nicolas Gonzalez Casares: