La financiación de vacunas como baza electoral

Artículo de opinión de Fran Rosa, periodista especializado en el sector farmacéutico.

Tengo que reconocer que, independientemente del contenido, esté de acuerdo o no con lo que se está diciendo, siento siempre cierto placer cuando un gestor le es infiel a lo políticamente correcto y sufre un ataque de sinceridad. Más que nada, porque en ese momento sé que lo que voy a contar se ajusta bastante a lo que ocurre realmente y eso, como periodista, siempre resulta bastante satisfactorio.

Dicho esto, aún tengo dudas sobre si fue eso, un ataque de sinceridad, lo que le dio a Sonia Tamames, jefa del Área de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León, durante el seminario sobre meningitis que organizaron esta semana Pfizer y Anis, cuando argumentaba la decisión de incluir la vacuna tetravalente antimeningocócica para los serogrupos A, C, W e Y en el calendario regional. Las dudas vienen porque me cuesta pensar que, sabiendo que el tema está en boga, el discurso no viniera preparado de casa.

El caso es que Tamames se refería en esos momentos a las acusaciones que les estaban llegando, tanto al Gobierno de Castilla y León como al de Canarias, por decidir unilateralmente la inclusión de nuevas vacunas en sus calendarios. Cabe rescatar, a este respecto, las declaraciones de la propia ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, recordando que hacía apenas unos meses que se había aprobado un calendario vacunal único para todas las edades, con lo que justificaba su rechazo a la decisión de Canarias de incluir en su calendario a Bexsero, la vacuna que protege frente al meningoco, pero éste del tipo B.

Tras asegurar que Castilla y León había expuesto sus intenciones en el marco de las reuniones con el Ministerio, la jefa de Epidemiología vino a decir que se habían cansado de esperar y que, mientras Sanidad y el resto de CCAA siguen estudiando la medida, habían decidido ir adelante con ella. Y ahí vino su aseveración: "Dicen que la medida es electoralista... ¡Pues claro que sí!", exclamó, con el asentimiento cómplice del director general de Salud Pública, Agustín Álvarez, que participó en el acto como oyente.

La jefa de Epidemiología de Castilla y León vino a mostrar su deseo de que estas cosas, las decisiones vinculadas a periodo electoral, no pasaran, dando a entender su predilección por las intervenciones exclusivamente basadas en la evidencia. Pero, de alguna manera, pareció rendirse a la realidad: "¿Que la vacuna entra porque vienen las elecciones? Sí, es cierto. ¿Que deberían haber entrado en otro momento? Igual de cierto es", afirmó.

Justificación técnica de la medida

Con estas declaraciones, lo que estaba haciendo Tamames era admitir que a su Gobierno le había entrado la prisa porque hay votos en juego, pero igualmente se encargó de poner de manifiesto que "éste no era el único criterio", y fue rotunda al afirmar que "la justificación de la inclusión, desde un punto de vista técnico, es abrumadora". Si la inclusión de la vacuna no ha tenido lugar hasta ahora, en Castilla y León y en otras CCAA, es, por un lado, por una cuestión presupuestaria (a ellos les va costar unos 600.000 euros adicionales a los que pagaban por la vacuna contra el seogrupo C), y por dudas sobre la mejor estrategia, ya que hay dos experiencias cercanas, la de Holanda, con una pauta doble, a los 12 meses y a los 12 años, y Reino Unido, solo a los 12 años, de las que todavía no se han sacado resultados concluyentes.

Sobre la dimensión clínica opinaron el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Federico Martinón, y la pediatra del Centro de Salud Nazaret, en Valencia, María Garcés, que avalaron la decisión de Castilla y León, argumentando, entre otras cosas, que con la vacuna tetravalente, en sustitución de la dirigida solo al serogrupo C, se amplía la cobertura frente a la infección. Defendieron también la estrategia adoptada por Castilla y León, que ha seguido la vía holandesa, por entender que con ella se protege a los más pequeños, un aspecto importante dados los efectos letales que puede tener la enfermedad, a la vez que se actúa contra la bacteria circulante en las gargantas de los niños más mayores.

Vista la secuencia de declaraciones y hechos, parece lógico pensar que la decisión de Castilla y León, desde un punto de vista científico-médico, puede ser más o menos acertada. Eso no quita para que las declaraciones de Tamames den para debatir sobre ella. ¿Debería haber esperado Castilla y León a consensuar la medida con el resto de comunidades autónomas para disponer de una estrategia de vacunación uniforme frente a la enfermedad meningocócica en todo el Estado? ¿Es adecuado que una decisión relacionada con la salud de los pacientes, aunque sea solo en su plano temporal, esté condicionada por un proceso electoral? Las respuestas se las dejo a ustedes.

Francisco Rosa es periodista en Diariofarma