Programa electoral de Vox en Sanidad para las elecciones generales del 28 de abril

Programa electoral de Sanidad de Vox para las elecciones generales del 28 de abril. Extracto de Sanidad

2.3    Garantizar una sanidad eficiente y de calidad

La sanidad es otro de los grandes programas del Estado de bienestar cuya reforma resulta imprescindible y éste ha de contemplar un criterio básico: los consumidores-pacientes son a quienes debe servir el sistema sanitario español. Antes de apuntar las líneas maestras de su reforma es vital saber de qué se está hablando. La sanidad española tiene una razonable reputación por su calidad y por su accesibilidad. Si se analiza uno de los indicadores clásicos para evaluar la salud de una sociedad, la esperanza de vida, su aumento en España parecería avalar la efectividad de la expansión de los desembolsos del sector público en este campo.

España es el segundo país de la OCDE con mayor perspectiva de vida. Si se contempla la evolución temporal de esa variable, es mejor que la experimentada por el resto de los estados de la OCDE desde los años setenta de la pasada centuria. Ahora bien, ese hecho relativiza la incidencia del aumento del gasto público sobre la salud y el aumento de la expectativa de vida de los españoles por una razón elemental: En el período contemplado en el Gráfico posterior, casi todos los países industrializados gastaron más en sanidad que España5.

5  Factores como la dieta o el clima tienen un influjo claro sobre la superior esperanza de vida de los españoles.

A la vista de lo expuesto hasta el momento, el sistema sanitario español no funciona peor que el de otros estados europeos y su coste es inferior al de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. La excepción es el gasto farmacéutico que es el más alto en términos de porcentaje sobre el PIB.

Fuente: OCDE Health Statistics 2018.

Nota: Los datos per cápita son en dólares americanos homogeneizados en PPP.

Sin embargo, este escenario no es estático. Los medios económicos disponibles para financiar el sistema nacional de salud y otros capítulos del Estado del Bienestar tenderán a disminuir, mientras sus costes presentan y presentarán una trayectoria alcista. Los cambios demográficos, el incremento de la demanda de cuidados sanitarios más sofisticados por una sociedad desarrollada, las innovaciones de las tecnologías y tratamientos médicos, y los costes inherentes a un sector intensivo en capital humano cualificado crearán fuertes tensiones financieras en la sanidad pública española.

Una breve descripción del impacto de la demografía sobre el sector sanitario ilustra con bastante exactitud los desafíos a los que aquella se enfrentará en un breve espacio de tiempo. Desde los 65 años hasta su fallecimiento, una persona incurre en el 75 por 100 de los gastos en salud que hará a lo largo de toda su vida. Además, cuanto mayor es la edad alcanzada, mayor es esta proporción. Ahora, el 80 por 100 del gasto sanitario total es consumido por mayores de 65 años y la esperanza de vida está en 82,5 años; en 2051, la esperanza de vida será de unos 90,1 años6 y la proporción de individuos con edades superiores a los 64 años aumentará del 29,16 por 100 que representa en 2018 al 55 por 100 en 20517. Esto significa que el gasto sanitario se multiplicará por 2 o por 3 pero habrá un 11 por 100 menos de contribuyentes. Si a este dibujo se le suma el efecto del envejecimiento de la población sobre las pensiones, la combinación de las necesidades financieras de ambos programas del Estado del Bienestar hará recaer sobre la población activa una carga tributaria insoportable.

6 Fuente: elaboración propia a partir de las conclusiones del documento “Proyecciones a Largo plazo de la esperanza de vida en España” de Marta Guijarro y Oscar Peláez publicado en Estadística Española Vol 51, número 170, 2009 páj. 193 a 220.

7 Fuente: Proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística

La tesis de los que están a favor del mantener el estatus quo se centra en dos puntos básicos: primero, las deficiencias básicas del sistema pueden resolverse mediante una mejora de su gestión; segunda, su privatización supondría extender un certificado de defunción a la cobertura universal hoy garantizada por el Estado. Con independencia de sus repercusiones presupuestarias y financieras, esta sugerencia ignora el factor determinante del problema, esto es, la existencia de un marco institucional que genera incentivos conducentes a un aumento explosivo e ineficiente de la oferta y de la demanda de sanidad pública. El simple recurso a la teoría económica convencional permite entender con claridad la cuestión8.

Si el Estado ofrece bienes o servicios cuyo uso o consumo es individual a precio cero, por ejemplo sanidad, la cantidad demandada tenderá al infinito y, en cualquier caso, será muy superior a la que se produciría si los consumidores/usuarios tuviesen que pagar la totalidad o una parte de su coste. Por el lado de la oferta, la teoría y la evidencia empírica muestran que el intento del gobierno de satisfacer esas “necesidades” lleva a expandir la inversión más allá de sus límites óptimos, lo que implica una presión alcista sobre el gasto público sanitario. Como esta política no puede sostenerse por tiempo indefinido, debido a las restricciones presupuestarias, los gobiernos recurren al racionamiento burocrático, por ejemplo a las listas de espera, para moderar la demanda con un resultado: reducción de la productividad del sistema y deterioro de la calidad del servicio que sufren los españoles. Además las distintas CCAA con sus normativas propias han convertido a los españoles en ciudadanos de segunda fuera de su CCAA de residencia.

Ante este panorama, la reforma de la sanidad española es imprescindible. En este sentido, la opción tradicional es mejorar su eficiencia mediante la introducción de fórmulas como el copago, la reducción de las carteras de servicios y el impulso de medidas destinadas a recortar los costes administrativos y a aumentar la productividad. Esta estrategia es un paliativo, pero no una solución definitiva. Quizá sirva para contener de manera coyuntural la velocidad de crecimiento del gasto sanitario pero no solventa los problemas derivados del envejecimiento de la población y no da cabida a la competencia, esto es, al proceso por el cual las necesidades de los consumidores-pacientes pueden ser satisfechas con mayor eficiencia, mayor calidad de servicio y a un coste más bajo.

El pensamiento único socialdemocrata sostiene que la sanidad es diferente de otros productos y servicios y que no cabe confiar su control al mercado. Según su tesis este no es  capaz  de  suministrar  asistencia  sanitaria  eficientemente  y  de  calidad  debido  al fenómeno denominado selección adversa. El tomador de un seguro sanitario quizá sea más propenso a tener un siniestro que la población objetivo utilizada por el asegurador para establecer sus primas; es decir existe un asimetría de información; por ejemplo, la gente que compra un seguro sabe si fuma o no pero la compañía aseguradora lo ignora. Ante este panorama, los aseguradores no entran en el mercado o cobran mucho por hacerlo. Ese supuesto “fallo de mercado” es perfectamente corregible, como se ha demostrado en muchas partes del mundo, y por ende recurrir a la iniciativa privada es una alternativa razonable para cambiar el sistema sanitario español.

8 Buchanan J.M., The Inconsistencies of the National Health Service en The Road to Economic Freedom, Vol.II, Edward Elgar Publishing Limited, 206, pgs. 161-77.

En este contexto, la propuesta de Vox es caminar hacia un modelo sanitario que garantice una cobertura básica universal a todos los españoles que cubra la asistencia primaria, especializada y hospitalaria pero que excluya cuestiones como la estética u otro tipo de terapias que no se consideran servicios esenciales. En paralelo, Vox propone una posibilidad de descuelgue del sistema sanitario público para aquellos ciudadanos que opten por la sanidad privada. En este esquema, todas las prestaciones básicas cubiertas por el Estado serían satisfechas a través de la iniciativa privada y serían deducibles del IRPF sin perjuicio de que los ciudadanos pudiesen elevarlas por encima de ese umbral en cuyo caso no serían objeto de deducción fiscal. Un mecanismo de esta naturaleza garantizaría la universalidad, se traduciría en una mejor sanidad al restaurar la soberanía del consumidor, fomentando la innovación y la competencia.

Así mismo se implantará un sistema de copago para los inmigrantes cuya residencia sea inferior a los cinco años.

En Vox la recuperación de las competencias y gestión por parte de la Administración central del Estado de la Sanidad es un punto esencial de su programa político que conllevara la eliminación de duplicidades e ineficiencias administrativas, además de importantes ahorros, permitiendo mayor tiempo de atención del médico al paciente y sobre todo los españoles volverán a ser iguales en cualquier CCAA donde necesiten ser atendidos.