Enfermería vigilará a las farmacias que hagan test en Madrid y pide a los médicos que no les deriven pacientes

La persecución de los enfermeros a la farmacia continúa. El Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería (Satse) critican que el Gobierno de Madrid “haya primado y favorecido los intereses de la empresa privada en lugar de preservar el bien general de proteger la salud y seguridad de las personas”.

La Mesa de la Profesión Enfermera “pide a los profesionales de Atención Primaria que no deriven pacientes a las farmacias para hacerse el test al tratarse de una práctica lucrativa de los empresarios farmacéuticos que conlleva una clara privatización y descapitalización de la sanidad pública”. Esta asombrosa petición se realiza pese a que es conocido por todos que la realización de estos test por las farmacias no será retribuido y, por tanto, no se trata de ninguna práctica lucrativa, sino todo lo contrario ya que la farmacia tiene que asumir todos los costes, a excepción del propio test.

Igualmente ambas entidades “realizarán un seguimiento pormenorizado y riguroso de las oficinas privadas de farmacia que han empezado a realizar test para la detección del covid-19 en la Comunidad de Madrid, para comprobar que se cumplen todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad”. Advierten que “en caso de constatar algún incumplimiento, emprenderá las acciones legales pertinentes para acabar con una actividad que pone en riesgo la seguridad y salud de las personas que acuden a estos establecimientos comerciales”.

En las condiciones trasladadas por el Ministerio de Sanidad a la consejería madrileña se apunta, además, que se debe seleccionar exclusivamente a la población en función de los criterios establecidos por la Consejería de Sanidad y que debe entenderse con una medida extraordinaria y siempre en el contexto de un programa de salud pública de la comunidad autónoma, rechazándose, por tanto, la posibilidad de que se puedan realizar los test a demanda de cualquier ciudadano interesado al representar un uso distinto a la finalidad prevista por el fabricante.

Desde la Mesa de la Profesión Enfermera se reitera que las oficinas privadas de farmacia “no reúnen en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a los que se pudiera realizar este tipo de pruebas, así como la del resto de clientes que acuden para adquirir un fármaco o cualquier otro producto de los que se encuentran a la venta (geles, cremas, champús, dentífricos…) e, incluso, la de los propios trabajadores”.

“Está ya más que demostrado que el virus permanece en el aire y hay que considerar el alto riesgo que supone el momento de la realización de la prueba, ya que el usuario estará sin mascarilla y con el riesgo de que si está infectado pueda contaminar el aire y ser fuente del contagio para el resto de personas que visiten la farmacia”, añade.

En este sentido, lamenta la “voracidad lucrativa sin límites” del los responsables del Colegio de Farmacéuticos de Madrid que ya han propuesto también poder vender de manera indiscriminada los test al conjunto de la ciudadanía, además de poder realizar otras actuaciones asistenciales  destinadas a los enfermos crónicos o pluripatológicos, por ejemplo, que deben realizar en todo caso  profesionales sanitarios de Atención Primaria que tienen la cualificación  y competencias para hacerlo con todas las garantías.

Por último, la Mesa incide en que, en lugar de favorecer “una práctica empresarial oportunista e insegura que conlleva claramente la posibilidad de un aumento del número de contagios y, por tanto, de la transmisión de la enfermedad, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso debería gastar el dinero público en mejorar y fortalecer la Atención  Primaria para que  los profesionales de la sanidad pública competentes y cualificados para ello, como son las enfermeras, enfermeros y médicos, puedan realizar estas actuaciones asistenciales en las mejores condiciones y con todas las garantías”.