La industria destinó 529 millones de euros a transferencias de valor con los profesionales y sociedades

Las compañías farmacéuticas adheridas al Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria destinaron el año pasado 288 millones a retribuir a organizaciones y profesionales sanitarios por su participación en actividades de investigación y desarrollo, así como 127 millones a apoyar las actividades de formación continuada. A ello se suma la prestación de servicios profesionales, (72 millones), y las donaciones (42 millones). En total, las transferencias de valor alcanzaron los 529 millones de euros.

Como cada año por estas fechas, las propias compañías están haciendo públicos estos días en aplicación de las medidas de transparencia recogidas en el citado Código. De estos 127 millones dedicados a formación, 90 fueron destinados a organizaciones sanitarias responsables de la organización de reuniones y congresos científico-profesionales y 37 correspondieron a ayudas a profesionales sanitarios para que pudieran participar en este tipo de encuentros.

Tal y como destaca Farmaindustria, la industria farmacéutica mantiene así, incluso en un año tan complicado a causa de la pandemia, su compromiso con el impulso a la investigación y desarrollo de medicamentos en España, en especial a los ensayos clínicos, área en la que nuestro país se ha convertido en una referencia internacional, y con el fomento de la formación continuada de los profesionales sanitarios. En el caso de la formación, el apoyo es tanto colectivo, en colaboración principalmente con las sociedades científicas, como individual, con ayudas para que los profesionales puedan acudir a congresos y otros foros científicos para mantenerse en vanguardia del conocimiento y contribuir a la mejora constante de la calidad de la prestación sanitaria.

A la investigación y la formación se suman otros dos conceptos en la colaboración entre compañías farmacéuticas y organizaciones y profesionales sanitarios: la prestación de servicios profesionales tanto individuales como a través de organizaciones, que el año pasado fueron remunerados con 72 millones de euros, y las donaciones a centros y organizaciones sanitarias, que ascendieron a 42 millones.

Así, en total, las transferencias de valor entre industria farmacéutica y agentes del sector alcanzaron el pasado año los 529 millones de euros, una cifra inferior a la de 2019 (601 millones de euros) a causa de la situación generada por la pandemia, pero que sigue demostrando la apuesta del sector por la investigación y la formación de los profesionales sanitarios y, por tanto, por la calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Impacto de la pandemia

La extraordinaria situación generada en 2020 por la pandemia afectó especialmente a la organización de reuniones y congresos científico-profesionales, lo que ha impactado en este capítulo de las colaboraciones por parte de las compañías farmacéuticas. La crisis sanitaria provocó una disminución en el número de reuniones y actividades formativas y, sobre todo, obligó a que la mayor parte de ellas tuviera que celebrarse de forma telemática, no presencial, por lo que se redujeron significativamente las colaboraciones con los profesionales sanitarios en partidas directamente ligadas a este concepto como son los gastos de alojamiento y desplazamiento. Esto explica la caída en esta partida de los 224 millones de 2019 a los 127 de 2020.

Sin embargo, y también por causa de la pandemia, otros capítulos se han visto incrementados. Es el caso de las donaciones y subvenciones -que sólo pueden destinarse a instituciones y organizaciones sanitarias-, que han pasado de los 34 millones de euros en 2019 a los 42 de 2020. El año pasado las compañías farmacéuticas movilizaron más recursos para ayudar al sistema sanitario a afrontar la emergencia sanitaria.

Asimismo, más de la mitad de estas transferencias económicas anuales (el 54%, 288 millones) corresponden a investigación y hacen referencia a colaboraciones para el diseño o ejecución de estudios preclínicos, ensayos clínicos y estudios observacionales de medicamentos. Esta es una cifra que no deja de crecer cada año y que es una parte de las inversiones que la industria farmacéutica hace en el ámbito de la investigación, como los contratos de investigación preclínica en los que no intervienen profesionales sanitarios o el suministro de medicación gratuita para los ensayos clínicos y su monitorización, así como otros gastos de ejecución de los ensayos clínicos. Dicho aumento va en consonancia con la importante apuesta inversora que viene realizando el sector en I+D y que ya supera los 1.200 millones de anuales. En 2020, España hizo un esfuerzo extraordinario en la puesta en marcha de ensayos clínicos de potenciales tratamientos contra la Covid-19, hasta el punto de que fue el primer país de Europa y el cuarto del mundo en número de estudios.

“La apuesta de la industria farmacéutica por la transparencia está más que consolidada en España después de seis años de publicación de estas colaboraciones -afirma José Zamarriego, director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria y responsable del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas-. Tanto los profesionales sanitarios como las compañías farmacéuticas estamos mostrando la legitimidad y necesidad de la colaboración y que ésta responde a claros principios de independencia, respeto e integridad”.

Zamarriego subraya el valor de que la transparencia responda a un modelo de autorregulación por parte de la industria farmacéutica y que éste sea vivo, en constante evolución. Así, destaca, “desde junio de 2018 (con respecto a la actividad de 2017), las colaboraciones se publican de forma individualizada. Hasta ese momento cabía publicar estos datos de forma individualizada o agregada. La decisión de las compañías en España de hacerlo sólo de forma individualizada, avalada por la Agencia Española de Protección de Datos, responde aún mejor al espíritu de la iniciativa de transparencia y convirtió a nuestro país en el primer país de Europa en dar este paso en el marco de un Sistema de Autorregulación”.

Una muestra más de la agilidad que permite la autorregulación es la revisión constante del propio Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, con el fin de adaptarlo a los nuevos desafíos y demandas sociales. La última actualización entró en vigor el pasado 1 de enero.