La primera propuesta del Ministerio de Hacienda para debatir con las Comunidades Autónomas el nuevo modelo de financiación autonómica prevé que el peso del gasto sanitario se incremente entre 2 y 7 puntos y de esta manera su incidencia en el reparto pase del 38% actual, al 40 o incluso al 45%.
La propuesta presentada por la ministra María Jesús Montero es un primer documento dirigido a las Comunidades Autónomas de régimen común (todas, salvo Navarra y País Vasco) y se realiza en base al criterio de población ajustada. En él, además del sanitario, ganan peso el gasto educativo y la despoblación.
Hacienda propone el cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, que ha sido demandado por Comunidades que ‘tradicionalmente’ se han considerado infrafinanciadas, como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, entre otras.
En el caso del gasto sanitario, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en 7 tramos de edad y donde se aplican unos coeficientes que reflejan los costes que la sanidad tiene en función de los años de sus beneficiarios.
En la propuesta planteada a las Comunidades Autónomas, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, lo que supone pasar de 7 a 20 grupos. De esta forma se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias. En definitiva, la población protegida equivalente tiene en cuenta que, en términos de gasto sanitario, la edad de los ciudadanos es relevante, según asegura el ministerio.
Asimismo, la propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. De esta manera, por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud; farmacia; y consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.
Con todos estos elementos, el peso del gasto sanitario en la población ajustada aumentaría respecto al sistema actual y pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40% y el 45%.
Tras la presentación de la propuesta el Gobierno reclama a los territorios y los partidos “un diálogo leal y constructivo” y “abandonar la confrontación y los intereses partidistas”. Hacienda considera que los cambios garantizan que la distribución de recursos “se adecúa mejor a la realidad demográfica, social y territorial de cada zona” y recuerda que “se ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades”.
Por el momento, algunas Comunidades Autónomas ya han expresado su primera valoración de la propuesta, como el caso de Cataluña, que si bien mantiene el documento en fase de estudio, asegura que “la infrafinanciación y el déficit fiscal difícilmente se podrán corregir con un nuevo modelo de financiación”. En su valoración, los criterios de población ajustada "no se ajustan a la realidad de Catalunya", ya que es preciso "tener en cuenta el porcentaje real de población de Catalunya sobre el conjunto del Estado, así como la paridad del poder adquisitivo y el coste de la vida y los servicios públicos, entre otras cuestiones".
Por otro lado, un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), indica que Aragón y Extremadura serían las dos Comunidades más beneficiadas en el nuevo sistema. Igualmente este informe sitúa a La Rioja y Cantabria como también otros territorios beneficiados, mientras que por el contrario, salen perjudicadas otras Comunidades como Canarias, Galicia, Valencia, Cataluña y Madrid
Fedea ha valorado positivamente el documento de Hacienda, que “contiene varias de las medidas que defendió la comisión de expertos en 2017”, pero critica la utilización de la fórmula de población ajustada para buscar un objetivo. En ese sentido, esta entidad recuerda que la variable de población ajustada es un indicador de necesidades de cada territorio, de acuerdo a la estimación de costes relativos por habitante de producir en cada territorio la ‘cesta’ estándar de servicios. Si la fórmula es correcta, las Comunidades podrían ofrecer servicios similares a sus ciudadanos, aunque estas tengan mayores costes en unos territorios que en otros.
