Con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra hoy 10 de diciembre, Salud Mental España ha querido reclamar, bajo el hashtag #DerechoaNuestrosDerechos, la necesidad de que los derechos humanos en salud mental entren en la agenda política. La Confederación denuncia además que todos los días se producen vulneraciones de derechos en este ámbito y que es necesario atajarlas de forma urgente.
En este sentido, el próximo miércoles 15 de diciembre, esta entidad organiza junto con CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) una jornada virtual titulada `Derechos humanos y salud mental: Agenda política pendiente´. En ella participarán, entre otras personas, Nel González Zapico, presidente de Salud Mental España, Luis Alonso, Gerente de CERMI Estatal y Jesús Martín Blanco, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante el encuentro, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Irene Muñoz Escandell, Asesora Jurídica de la Confederación, impartirá la ponencia `El estado de los derechos humanos en el ámbito de la salud mental en España´. Por su parte, Patricia Cuenca, Doctora en Derecho y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, hablará sobre `La salud mental desde un enfoque de derechos humanos: déficits en la promoción y la protección´.
A continuación, diversas personas pertenecientes a este movimiento asociativo participarán en una mesa redonda en la que compartirán su visión respecto a cómo han evolucionado estos derechos en España. Habrá otras dos mesas redondas en las que se tratará el punto de vista de las fuerzas políticas parlamentarias y también las alternativas comunitarias que existen para conseguir una mejor salud mental. La inscripción a la jornada puede realizarse a través de este enlace.
En el Día de los Derechos Humanos, la Confederación advierte también del riesgo que supone la aprobación del Protocolo Adicional de Oviedo, ya que atenta directamente contra los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, y pide al Gobierno que vote en contra de su aprobación.
Se trata de un texto que comenzó a redactarse en 2013, cuando el Comité de Bioética del Consejo de Europa decidió incluir y protocolarizar las medidas de ingreso y tratamientos involuntarios, lo cual supone una vulneración de derechos para las personas con trastorno mental. El documento entra, además, en contradicción con varios artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que los países firmantes, entre ellos España, están obligados a cumplir.
El pasado mes de noviembre, la mayoría de los miembros de este Comité acordó enviar el proyecto de Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo al Comité de Ministros del Consejo de Europa para su decisión. Ante este avance, Salud Mental España denuncia que “el texto responde a un modelo biologicista que permite y avala prácticas coercitivas que pueden llegar a constituir tortura”. “Las medidas de control y coerción no son, ni serán nunca, medidas terapéuticas, ni se pueden confundir con tratamiento”, explica Nel González Zapico. “Lo que necesitamos es desarrollar medidas alternativas desde un enfoque de derechos humanos, para poner fin a la coerción en el ámbito de la salud mental”, añade González.