Una de las grandes batallas de Farmaindustria es la aceleración de los tiempos de acceso de los pacientes a los medicamentos, especialmente en lo que se refiere a los procesos de precio y financiación. Pero ahora la patronal ha puesto el foco en otro proceso que contribuye de forma relevante a retrasar la disponibilidad de medicamentos para los pacientes. Se trata de los procedimientos de contratación pública que suponen un nuevo “cuello de botella” que aporta de media otros cuatro meses de retraso, tal y como ha explicado la directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria, Ana Bosch, durante su ponencia en el XVIII Seminario Industria Farmacéutica & Medios de Comunicación organizado por la patronal.
Por ese motivo, Farmaindustria ha elaborado una propuesta de modificación de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), consistente en incorporar un nuevo apartado al artículo 11. La redacción propuesta sería: “Quedan excluidos de la presente ley los contratos de suministro de medicamentos exclusivos que pueden ser adquiridos directamente por los diferentes servicios de salud de las administraciones públicas, tomando como referencia el precio determinado por el Ministerio de Sanidad”. La propuesta está en línea con una enmienda que Ciudadanos presentó a la ley de presupuestos de 2022 hace ahora un año.
La nueva redacción permitiría atribuir naturaleza privada a los contratos, lo que tendría efecto sobre la transparencia de precios; facilitaría la negociación directa con los laboratorios, no sería necesaria una nueva licitación y permitiría una regulación flexible y eficiente, con menores cargas burocráticas.
Además, Farmaindustria considera que con este cambio se mejoraría la atención al paciente, se reducirían los plazos de adjudicación, se atendería a la sostenibilidad financiera al tiempo que se aceleraría la incorporación de las innovaciones. Esta propuesta será planteada próximamente a las comunidades autónomas en el foro que reúne a estas con Farmaindustria de forma ordinaria desde hace varios años con el objetivo de recabar su parecer para impulsar la modificación de la ley nacional.
Bosch planteó que lo que se propone estaría avalado tanto a nivel europeo como nacional y recordó que hay experiencias en marcha en España en esa misma línea, como en Navarra con su ley de contratos. Además, la responsable del departamento Jurídico de Farmaindustria, puso encima de la mesa el hallazgo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estimó que hasta el 70% de las compras de medicamentos se realiza mediante contratos menores, sin utilizar los procedimientos de la LCSP.
En relación con el ámbito europeo, Bosch recordó una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo avalando el sistema open house de compra utilizado en Alemania, estimando que estaría justificada la no aplicación de la normativa de contratación pública.
Además, a nivel nacional, la responsable de Farmaindustria explicó que la propia LCSP ya establece excepciones a la norma para determinados sectores. Además, recientemente se ha establecido un régimen transitorio, hasta el próximo 31 de diciembre, que excluye a los medicamentos de covid-19 de la aplicación de la LCSP, así como de lo recogido en la Ley General Presupuestaria en cuanto al régimen de pagos anticipados. “Cuando se quiere, se puede”, ha señalado Bosch.
A nivel autonómico, Bosch ha expuesto la ley navarra, que fue posible por contar con el traspaso de las competencias al respecto, que ha considerado “un éxito” y que las compañías farmacéuticas “están contentas”.
Por último, la representante de Farmaindustria ha señalado que los cambios propuestos benefician a los pacientes y a las compañías, pero también y de forma muy relevante, a los gestores ya que el retraso para comprar medicamentos los pone “en una situación complicada por responsabilidad”. Por todo ello, Bosch ha considerado que estamos “ante una oportunidad”
Nicolas Gonzalez Casares: