El Gobierno, en este caso a través del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha dado este miércoles el último paso en pro de la consecución de un pacto de Estado por la Salud Mental. Se trata de una nueva iniciativa, que ha corrido paralela a la presentación del PSOE de una iniciativa en el Congreso, en favor de un Plan de Salud Mental y que supone el último escalón, hasta ahora, de un rosario de iniciativas que han propuesto Gobiernos y partidos de uno y otro signo, pero que hasta el momento no se han traducido en nada concreto.
Durante su presencia en Estrasburgo, Padilla ha aprovechado la presentación del informe ‘Hacia un sistema sanitario equitativo y centrado en las personas para España’, elaborado por la consultora beBartlet y publicado en The Lancet, para insistir “en la necesidad de llegar a acuerdos en un ámbito tan importante como es el de la salud; un ámbito que, además, puede concitar intereses diversos, tanto ideológicamente como entre los distintos actores de la sociedad”, ha dicho.
Si hay un tema que puede servir como punta de lanza en este sentido “es el pacto de estado por la salud mental”. “Es uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar y una de las políticas que vamos a llevar a cabo porque, sin lugar a dudas, es un asunto en el que todos debemos estar de acuerdo, que deben ser duraderos”, ha subrayado Padilla.
Las palabras del secretario de Estado, integante de Sumar, tienen un cierto eco en la PNL que ha presentado esta semana el PSOE en el Congreso de los Diputados para abordar la creación un Pacto de Estado por la Salud Mental. “Hay que entender que la salud mental es un aspecto más del bienestar de las personas. Las desigualdades de género, sociales y económicas, las emergencias de salud pública, las guerras y las crisis climáticas, se encuentran entre los principales riesgos para la salud mental. Esas amenazas pueden manifestarse a lo largo de todo el ciclo vital, pero en la infancia, en la adolescencia y en la juventud, son altamente perjudiciales”, señalan en el documento.
Por ello, recalcan, la promoción de la salud mental se ha constituido en "uno de los principales retos de las sociedades actuales, no solo desde el punto de vista del desarrollo y bienestar personal, sino como condición necesaria también para el desarrollo socioeconómico y de la comunidad".
Estas palabras encuentran acomodo nada menos que en el programa electoral del Partido Popular quien en las pasadas elecciones nacionales y en la totalidad de programas que presentó en las elecciones autonómicas, proponía la creación de “un plan de choque” para hacer frente a la situación de la salud mental en España, con medidas que nacían de argumentos muy similares a los esgrimidos por la iniciativa parlamentaria presentada por el PSOE.
PSOE y Sumar, que también incluyen estos planteamientos en sus programas electorales, han escenificado sus puntos de divergencia en esa cuestión, en los debates que han tenido a la salud mental como protagonista en el Congreso de los Diputados. Un ejemplo se pudo ver el pasado mes de febrero, que tuvo como protagonista una iniciativa abanderada por Más País.
La iniciativa logró un apoyo prácticamente de récord para los parámetros de la pasada legislatura: 340 apoyos. El problema, como suele ocurrir en estas iniciativas, es que se insta al Gobierno a actuar; es decir que el Parlamento no se compromete a ninguna legislación y deja todo en manos del Gobierno.
En aquella sesión se pudo observar que, sobre el papel, todas las fuerzas quieren avanzar: del PP a UP, pasando por Vox, EH Bildu o el PdeCAT, incluso algunos mostraron desde la bancada parlamentaria su intención de ir más lejos.
Las diferencias comienzan, o comenzaban entre PSOE y Podemos. Los segundos presentaron una proposición de ley sobre salud mental, que duerme en el cajón del Congreso desde 2021, sumida en una ampliación de prórrogas para la presentación de enmiendas. De hecho, es una de las normas sanitarias que quedó en el aire con el adelanto electoral. Ahí empiezan las discusiones. Unos defienden la elevación de ratios de profesionales (Podemos, Vox, PP), otros la cuestión competencial de las autonomías y finalmente otros, fundamentalmente el PSOE, se queda en la defensa de que el Gobierno ya está dando pasos (actualización de la Estrategia en Salud Mental, plan de atención, teléfono 024 de atención a las conductas suicidas, etc…).
En suma, la propuesta de Padilla, aún sin perfilar, sí aporta el compromiso materializado por el nº2 del Ministerio por abordar este tema, en esta ocasión liderado desde el Gobierno. A la espera de conocer la propuesta, la valoración autonómica de la misma, puesto que viene del Gobierno e incide en la prestación, el parecer de las Cortes y de los agentes que en esta cuestión quieran implicar el Ejecutivo, por el momento lo único que queda claro es que el Ministerio de Sanidad asume este Pacto de Estado como uno de sus deberes pendientes.
Nicolas Gonzalez Casares: