La convocatoria de elecciones que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha realizado este lunes, justo después de conocer la debacle socialista en las elecciones autonómicas del pasado domingo, ha causado sorpresa en todo el panorama social español. El nuevo proceso de convocatoria electoral, prácticamente sin solución de continuidad con los comicios municipales y territoriales, deja en el limbo numerosos proyectos, dentro del plano sanitario, que previsiblemente se iban a acometer en el tramo final de legislatura.
La convocatoria de elecciones para el próximo 23 de julio, llegará con los parlamentos autonómicos prácticamente recién conformados, y es de prever que muchos de los Gobiernos consiguientes, que en muchos casos van a depender de coaliciones y pactos, estarán casi sin conformar.
“Creo que lo mejor es que los españoles tomen la palabra para decidir el rumbo político del país”, ha asegurado el presidente del Gobierno, en unas declaraciones en las que la prensa ha quedado excluida de ejercer su labor. El objetivo de Sánchez, según ha manifestado es que "los ciudadanos puedan decidir sobre las fuerzas políticas que deben liderar esta fase”.
Con un PSOE, sin peso territorial, (solo mantiene Gobiernos en cuatro comunidades, a la espera de acuerdos, se producen un cambio de poderes en el Consejo Interterritorial, donde 10, o hasta 11 CC.AA. podrían tener Gobiernos del PP, frente a 4 o 5 socialistas y dos nacionalistas.
Sánchez, tras una campaña autonómica en la que él como presidente del Gobierno ha tenido un papel muy destacado asume la debacle socialista, pero deja espacio a advertir sobre las nuevas mayorías que pueda conformar PP y Vox.
Que la sanidad es algo muy importante en la actual acción de Gobierno y en sus planes futuros da cuenta el hecho de que en la reducida intervención sin preguntas, Sánchez ha recordado como grandes hitos la pandemia de Covid y el afán de cohesión que ha buscado su Gobierno. Cuestiones que ahora quedan en el limbo de lo que depare la próxima cita con las urnas.
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Desde cuestiones como la creación y ubicación de la Agencia Española de Salud Pública, y su nueva ley, hasta la aprobación de la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, pasando por el desarrollo de los planes de Atención Primaria y Salud Mental, o las políticas de recursos humanos que esté Gobierno se había comprometido a desarrollar en colaboración con las CC.AA. pasan ahora a un nuevo limbo electoral y quedan a la espera de lo que pueda deparar el nuevo Ejecutivo nacional. A día de hoy, y con las urnas territoriales aún calientes en media docena de territorios, los analistas coinciden en señalar que ese Ejecutivo nacional será diferente al actual.
A todo ello, cabe añadir, por dar el toque internacional, que las elecciones nacionales se producirán el inicio del mandato europeo que le corresponde a España en el seno de la UE. Y es que en Europa, además de la agenda que corresponde al Consejo Europeo que presidirá nuestro país, en la Comisión Europea, también están en juego otras cuestiones, en este caso en la Comisión Europea, muy importantes y decisivas para la sanidad española. Entre ellas la reforma farmacéutica de la Unión.
La entrada de España en la presidencia del Consejo con un Gobierno de un color a nivel nacional y su mantenimiento, previsiblemente, a lo largo de los seis meses de mandato con otro no, es una cuestión secundaria, en una Unión Europea que cada día tiene mayores cotas de intervención, o al menos a eso aspira, en la política sanitaria particular de cada Estado miembro.
En el plano legislativo nacional es evidente que todo el bagaje legislativo sanitario queda aparcado y a expensas de la conformación que deparen las próximas elecciones. Algunas normas, como es el caso de la Ley de Salud Pública, o la Ley de Garantías, de carácter más técnico y centradas en cuestiones bastantes precisas, provocarán la paralización de importantes medidas que espera el sector, hasta que exista un Parlamento en condiciones de aprobarlas. Especialmente en el plano farmacéutico, la ley de garantías, que contiene importantes medidas que ya reclama el sector, probablemente no verá la luz hasta bien entrado 2024. A ello se suma la tramitación de otros importantes reales decreto, como el de Precio y financiación de medicamento o el de evaluación de tecnologías sanitarios, de los que se esperaba un primer texto en los próximos días. Por otro lado, otras leyes, más vinculadas a aspectos políticos e ideológicos, como puede ser el caso de la Ley de Equidad, seguramente sufran los mismos retrasos, o simplemente queden desaparecidas tras la construcción de nuevas mayorías.
Lo que sí se debe mantener son los planes aprobados por dentro del seno del Consejo Interterritorial en relación al reforzamiento de la Atención Primaria y Salud Mental. Al igual que también los planes de renovación tecnológica y otros a los que el Gobierno dio luz verde, previo paso por el pleno territorial sanitario. Si bien, su aplicación práctica quedará a expensas de lo que puedan determinar los diferentes Ejecutivos que entren en las comunidades autónomas. Lo mismo cabe decir de la aplicación de otras leyes, también de carácter más ideológico, como el aborto y la eutanasia. La posible conformación de Gobiernos autonómicos de PP con apoyo externo, o interno, de Vox, va a dar un importante cambio a la aplicación de las mismas, al menos durante el tiempo que puedan seguir en vigor.
El anuncio de Sánchez, que no ha contado con el conocimiento previo de los que han sido sus socios, internos y externos, y que diversos analistas consideran provocado por la "desesperación" ante los datos autonómicos, ha sorprendido a toda la sociedad española y abre la posibilidad de una nueva etapa en todos los campos de la vida social del país, incluida una parte fundamental de ella como es la sanidad española.