Este miércoles a mediodía, la ministra de Sanidad Mónica García comparecerá ante los medios de comunicación para anunciar las medidas relacionadas con la epidemia de virus respiratorios y oficializará el retorno del uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios. La decisión del Ministerio de Sanidad se defiende como una medida “fácil, sencilla y barata” y que “quiere la ciudadanía”, según la ministra Mónica García, aunque la mayoría de las comunidades autónomas la han calificado de “improvisada”, y realizada “sin respaldo científico”. En declaraciones a Antena 3, García ha defendido que esta medida está avalada “por el sentido común” y asegura que trabajará con las CCAA para aliviar la presión en los centros sanitarios.
A favor de la ministra juegan las propias sociedades científicas y profesionales, que han respaldado la decisión sobre la obligatoriedad, tomada el lunes de forma unilateral por el Ministerio tras no alcanzar un acuerdo con las CCAA Aunque inicialmente se aseguró que se escucharían los planteamientos de los territorios en un plazo de 48 horas, finalmente esto no ha ocurrido. A la contra juegan las propias palabras de la ministra, que desde el 5 de enero han ido variando progresivamente en tono.
El viernes 5 de enero, Mónica García indicaba que cada CCAA tiene competencia para implementar las medidas adecuadas a su situación particular. El pasado lunes, en rueda de prensa, aseguró haber recogido algunas iniciativas de las CCAA, como ampliar las recomendaciones a las farmacias, y dar un plazo de 48 horas para recibir aportaciones, pero finalmente, el mismo día 8, anunció la declaración de actuaciones coordinadas, medida similar a la tomada en la pandemia, aunque en aquella ocasión se presentó el plan antes a los territorios, que lo ratificaron. Aseguró que no jugaría con la salud de la gente.
Desde el Gobierno, la portavoz Pilar Alegría ha defendido en Consejo de Ministros la obligatoriedad “transitoria” de la mascarilla, vinculada a la actual situación epidemiológica, cuyo pico se espera para mediados o finales de este mes. Ha respaldado la decisión de su compañera del ámbito sanitario asegurando que este es “un Gobierno responsable que toma decisiones”.
En el lado contrario, la práctica totalidad de las CCAA han mostrado su postura de acatamiento aunque no por ello han dejado de mostrar sus quejas. Una de las críticas más incisivas ha venido desde el Gobierno Vasco, cuyos servicios jurídicos “analizarán los resultados que puedan resultar de esta imposición”. El Ejecutivo del PNV ve con recelo algo que considera que va en contra de la relación competencial y del acuerdo de Gobierno que firmaron nacionalistas vascos y PSOE. En el texto del acuerdo de apoyo del PNV a la investidura de Sánchez se reconoce el “pleno respeto a las competencias de las instituciones vascas” y en especial a las “competencias ejecutivas vascas, en supuestos de materias compartidas”. La decisión de Mónica García, procedente de las filas de Sumar, se ha realizado de acuerdo a la denominada declaración de actuaciones coordinadas en base al artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, que faculta al Ministerio para utilizar esta declaración de actuaciones, en caso de necesidad, pero no consta que la cuestión se haya hecho siguiendo los principios del acuerdo.
En el resto de las CCAA, el mensaje transmitido es de acatamiento, aunque se rechaza la forma de “imposición”, “improvisación” y el escaso diálogo. Además, la valoración incluso trasciende los colores políticos. Además del País Vasco, el Gobierno de Navarra, encabezado por la socialista Chivite, ha asegurado que acatará”, aunque “rechaza” la medida impuesta desde el Ministerio, según el consejero Fernando Domínguez. Cabe aclarar que Domínguez proviene de la facción de Geroa Bai, marca del PNV en la Comunidad Foral.
No obstante, como cabe suponer, las críticas más evidentes han llegado de las comunidades gobernadas por el PP. Prácticamente todos los presidentes han criticado ““las vacaciones” de la ministra de Sanidad y su respuesta “cuando la emergencia ya es una realidad”. Todos los territorios han demandado que se escuche su voz antes de tomar una decisión.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asegura que “la imposición no funciona” y ha demandado a la ministra “el máximo rigor” y evitar estas “improvisaciones”. Desde Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que con este tipo de medidas la ministra está “más preocupada por lanzar cortinas de humo que en afrontar decisiones”, en referencia a que el problema radica en la falta de profesionales. Similar postura mantiene el aragonés Azcón, que ve en la obligatoriedad de las mascarillas “un parche”, al tiempo que ha reclamado una mayor coordinación basada en criterios técnicos. Por su parte, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado a la actual ministra de “gestora débil” por usar el recurso de la obligación.
Con todo, en el sentir general de las comunidades autónomas, incluidas aquellas que ya han declarado obligatorio su uso, está el de acatar la medida que este miércoles oficializará el Ministerio de Sanidad.
Desde las sociedades científicas, colegios y entidades de profesionales y pacientes, se considera la medida como positiva ante la “extrema situación”, si bien las valoraciones oscilan entre la obligatoriedad o la recomendación. No obstante, en lo que sí hay un consenso total es en la necesidad de dar más vigor a las campañas de vacunación. Desde prácticamente todos los sectores se ha denunciado que, en esta temporada, la vacunación ha quedado en un segundo plano, resultando en coberturas vacunales de apenas un 50%.
Nicolas Gonzalez Casares: