El sector privado, CC.AA. y sindicatos critican el plan de Sanidad para asumir Muface

Aunque el Ministerio de Sanidad considera que la incorporación de los beneficiarios de Muface al conjunto del Sistema Nacional de Salud es "razonable" y "viable", gran parte de los sectores afectados no lo ven así y este lunes han respondido con serias críticas al informe 'Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud' en el que a lo largo de 19 páginas, el Ministerio de Sanidad esboza su plan para asumir a 1,5 millones de funcionarios mutualistas y sus familiares dentro del conjunto del SNS.

Con la presentación de este informe, el Ministerio de Sanidad se adelanta a los pasos que, en principio, se comprometió a realizar el Ministerio de Función Pública de volver a sacar una licitación y que a ser posible, en esta ocasión no quedara desierto. El pasado día 5, el concurso se quedó sin licitadores, tras la renuncia de las aseguradoras que consideraron que el aumento de primas que propone el Gobierno (17%) hacía inviable el contrato.

Desde el Ministerio de Función Pública se asegura que se sigue trabajando en sacar adelante la licitación. En ese sentido el informe de Sanidad podría entenderse como una forma de adelantar acontecimientos en caso de un nuevo fracaso en el concurso de Muface y en una manera de ganar tiempo antes de que expiren los nueve meses, que como máximo podrían estar obligadas las aseguradoras a seguir prestando, en función de la ley de contratos.

Desde el Ministerio de Sanidad, el secretario de Estado, Javier Padilla defiende la actitud de sanidad como "una obligación, el analizar el posible impacto y asegurar la suficiencia". El informe reconoce que la incorporación de todos los funcionarios que optan por el modelo de Muface “requerirá de estudios posteriores de mayor profundidad”, y asegura que el actual modelo “no es sostenible ni siquiera con un aumento importante de la cápita”. Igualmente responsabiliza, en parte, a las aseguradoras “que no aceptaron las condiciones del Gobierno”, y al envejecimiento de la población, que eleva los costes. Finalmente destaca que la mejor salud es “aprovechar las fortalezas del Sistema Nacional de Salud”.

El paso de uno a otro sistema se elaboraría a través de un “plan de transición”, que evite duplicidades y Sanidad se compromete a seguir manteniendo durante los 4 primeros meses el compromiso de lista quirúrgica cero. El plan priorizará a los pacientes en procesos que precisen continuidad y que serán los últimos en ser traspasados al sistema sanitario público. Igualmente, en casos de muy alta complejidad o en procesos de finalización de vida se podrá valorar una vía excepcional de renegociación temporal con un aseguramiento extraordinario; como mucho un año más allá de la extinción de la prórroga.

Sobre otra de las cuestiones clave en este traspaso, desde el Ministerio se asegura que la financiación para atender a estos pacientes se extraerá de los fondos destinados a cubrir los costes de las aseguradoras. Estos fondos se transferirán a las comunidades autónomas, con un carácter finalista. Eso si, por el momento durante los tres primeros años.

Criticas

Aunque la mayoría de CC.AA. mantienen la tónica expectante, algunas de las más afectadas, como es el caso de Madrid ya han dado su valoración y esta es profundamente negativa. En palabras de su consejera Fátima Matute, los planteamientos del Gobierno adolecen de "descoordinación y falta de miras" y ha llamado a que Sanidad y Función Pública "se pongan de acuerdo", a ser posible, "sin perjudicar a los usuarios de Muface".

Matute ha recordado que para el SNS "ya bastante tensionado" supondrá un importante aumento de la presión asistencial, al tiempo que recordaba que "no es lo mismo asimilar usuarios de forma progresiva a hacerlo de repente". Para la consejera toda esta situación lleva el camino de "reventar un sistema (en referencia a Muface) que funciona bien". En el caso Madrid el final de Muface supondría la llegada de 240.000 usuarios más y un gasto de 400 millones de euros.

Murcia también ha señalado sus quejas ante el "malestar que está generando entre los funcionarios", la falta de acuerdo entre dos ministerios y ha dejado claro que la comunidad no podrá asumir el gasto si antes el Gobierno no se compromete "por escrito" a aportar el coste del traspaso, que en el caso de la comunidad supondría dar cabida a 34.000 funcionarios. En el fondo aseguraban que, con esta actitud, el Gobierno, lo que hace es "crear un problema enorme a todas las comunidades".

En el plano asistencial, desde la Fundación IDIS, que agrupa a gran parte de las empresas dedicadas a la sanidad privada se ha calificado el informe como un intento de "ideologización" y ha advertido de los riesgos que supone para los pacientes "una transición masiva".

Fundación IDIS llama a abordar el problema de "una manera integral" y sobre todo "con visión de futuro, evitando decisiones que puedan comprometer aún más la sostenibilidad del sistema".

Finalmente, ante el mutismo de los dos principales sindicatos de clase, solamente CSIF, sindicato profesional y mayoritario de la Administración, denunciaba su "oposición frontal" a este plan y ha exigido a Función Pública que "rectifique" al ministerio que dirige Mónica García, algo que hasta el momento no ha ocurrido.

El sindicato plantea que Función Pública debe presentar una nueva licitación, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface. CSIF "no aceptará bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno en esta cuestión", aseguran en una nota.

Igualmente la central sindical no descarta incluso llegar una huelga en la función pública si la actual situación no se endereza.