Sanidad lanza su proyecto ‘antiprivatizador’ que encara un futuro parlamentario incierto

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una iniciativa promovida por el Ministerio de Sanidad que pretende reforzar el control público sobre la prestación sanitaria y establecer límites a la privatización de hospitales y servicios de salud.

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la norma en un discurso de marcado tono político, en el que no faltó el recuerdo a los “infatigables luchadores contra la privatización”, y en el que subrayó la necesidad de sacar la sanidad pública “de las garras especuladoras y privatizadoras”, con alusiones especialmente dirigidas a la Comunidad de Madrid. No obstante, el anteproyecto deberá superar además del correspondiente periodo de alegaciones, un desarrollo parlamentario que se anticipa complejo, ya que tendrá que sortear resistencias no solo en la oposición, sino también entre algunos socios del propio Gobierno.

“Si los parlamentarios del Congreso de los Diputados consideran que estas frases obscenas, que llevamos tiempo intuyendo, son las que deben marcar nuestro sistema sanitario, entonces entiendo que votarán en contra. Pero si consideran que el Sistema Nacional de Salud es algo sagrado que protege nuestra salud, entiendo que esta ley saldrá adelante”, afirmó la ministra, sin aclarar si cuenta con los apoyos suficientes en la Cámara.

En términos generales, el anteproyecto aprobado este martes , que aún debe pasar por la fase de alegaciones, establece por primera vez que la gestión pública directa será la modalidad preferente en el SNS y contempla la derogación de la Ley 15/1997, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar.

La norma limita la gestión indirecta a situaciones excepcionales, permitiéndola únicamente cuando no sea posible la prestación directa y siempre que se garantice la sostenibilidad financiera, la eficiencia y la calidad del servicio. Para ello, se prevé un procedimiento obligatorio de evaluación previa, que incluirá una memoria justificativa de la administración competente y el análisis de un comité técnico integrado por expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil.

En el caso de concesiones de servicios, será además preceptivo un informe de la Oficina Nacional de Evaluación para analizar la viabilidad económica. Todos los informes y resoluciones deberán publicarse en los boletines oficiales y en las sedes electrónicas correspondientes.

El anteproyecto también prohíbe las fórmulas contractuales mixtas en las que una misma empresa privada se encarga tanto de la construcción de hospitales como de su posterior gestión, un modelo que el Ministerio considera contrario al interés público.

Asimismo, la norma prevé la elaboración, en el plazo de un año, de un informe estatal que evalúe las experiencias de gestión privada en el SNS desde 1997. La Alta Inspección del Ministerio de Sanidad prestará además asesoramiento técnico a las administraciones que decidan revertir servicios previamente externalizados.

Reacciones políticas y conflicto territorial

Desde mucho antes de que este anteproyecto viera la luz, ya durante la etapa de la ministra Carolina Darias, la elaboración de una norma de estas características ha generado recelos en distintos sectores políticos y por diferentes motivos, lo que anticipa un recorrido parlamentario complicado. El Gobierno no cuenta con mayoría suficiente y depende, entre otros, del apoyo de formaciones como Junts per Catalunya, que ha expresado su preocupación por una posible invasión competencial y exige que se respete el modelo sanitario catalán, basado en consorcios y entidades sin ánimo de lucro.

El Ejecutivo necesita a Junts, pero Junts no necesita esta ley. Esta asimetría convierte la negociación en especialmente delicada y obliga al Gobierno a introducir salvaguardas explícitas para Cataluña si quiere sacar adelante la norma. Sin ellas, el anteproyecto corre el riesgo de convertirse en una iniciativa simbólica que naufrague en el Congreso.

También queda por ver la posición de otras formaciones, como Podemos, que se ha mostrado crítica con una norma que no elimina por completo cualquier forma de externalización de servicios.

En el extremo opuesto, desde la Comunidad de Madrid se interpreta el anteproyecto como una “ley anti-Madrid”, en palabras de la consejera Fátima Matute, especialmente tras las declaraciones de la ministra, que durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros centró buena parte de su argumentario en el sistema sanitario madrileño.

Desde el punto de vista político, el mayor riesgo es que la ley termine teniendo un carácter más declarativo que transformador. Al no tener efectos retroactivos sobre las concesiones ya existentes, su impacto real podría quedar limitado al futuro.

Sector privado

La nueva norma tampoco ha sentado bien en el sector sanitario privado. Desde la Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) se asegura que "la limitación a la gestión de los servicios sanitarios públicos por entes privados y la facilitación de la reversión de fenómenos de gestión privada de servicios públicos pueden suponer un obstáculo importante para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria"

Desde esta entidad se recuerda que "la colaboración público-privada en España permite, entre otras cosas, aliviar las listas de espera y mejorar la eficiencia en la atención a los pacientes". Por ello, aseguran, seguirán "trabajando activamente para asegurar todas las herramientas que son clave para la sostenibilidad y la mejora del sistema sanitario, entre las que se encuentra la colaboración público-privada".

Además, IDIS quiere reiterar la aportación del sector a la propia sostenibilidad del sistema de salud, así como su firme compromiso con una colaboración público-privada transparente y eficiente, con el objetivo de garantizar la accesibilidad, la calidad y la mejor atención sanitaria posible en beneficio del paciente.

Igualmente, desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe), su presidenta Herminia Rodríguez ha señalado que “la sanidad no puede abordarse desde dogmas, debe gestionarse con pragmatismo, responsabilidad y foco en los pacientes”. Para esta entidad, el Gobierno "trata de prohibir la colaboración de los Gobiernos autonómicos" con el sector sanitario en modelos que han mostrado su eficacia durante tres décadas en términos de calidad y accesibilidad.