La ministra de Sanidad Mónica García ha defendido este martes la futura Ley de Gestión Pública como un medio para “blindar un modelo que es eminentemente público”. Para ello ha presentado en el Consejo de Ministros el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), realizado por el Ministerio de Sanidad, que analiza la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos durante las dos últimas décadas.
García ha aprovechado la publicación del informe para defender la futura Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que según ha explicado, aspira a derogar la ley 15/97; el Gobierno tiene previsto presentarla como proyecto de ley a inicio del próximo año.
El documento, dado a conocer en plena huelga de médicos en protesta por el proyecto de Estatuto Marco que ha diseñado el Ministerio de Sanidad, señala que, "si bien el sistema público mantiene su rol como principal garante del derecho a la salud, la tendencia actual de gestión mixta está debilitando los principios fundacionales del SNS”.
El informe señala, entre otras cuestiones, que el gasto total en hospitales privados pertenecientes al SNS se incrementó un 84,6 % entre 2011 y 2023, alcanzando los 4,8 mil millones de euros, “constituyendo la subida más importante de todo el sistema hospitalario en ese periodo” y concluye que “la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general”.
Este informe ha servido a la ministra de Sanidad para posicionar a la Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS, como una herramienta para limitar la colaboración público-privada en la sanidad, fulminando la normativa de 1997.
El proyecto de ley, que según el Gobierno se dará a conocer a inicios del próximo año, ha sido ya objeto de valoraciones políticas sobre su efectividad y sobre el coste que conlleva restringir la participación privada en un sistema que ya de por si se enfrenta a una situación muy complicada por la falta de recursos tanto técnicos como humanos.
Desde el plano político la oposición a un futuro proyecto de ley que deberá pasar necesariamente por el Congreso para su aprobación es evidente a izquierda y derecha. Si este mismo martes la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute calificaba el proyecto de “inconstitucional”, desde el lado contrario, Podemos, si bien ha dejado en el aire el apoyo a la nueva norma, lo que sí ha explicado su intención de presentar otra similar con ese mismo objetivo.
Igualmente, la Fundación Idis que engloba a las principales empresas del sector sanitario y sociosanitario se "considera imprescindible la colaboración entre los sectores público y privado, como un pilar esencial de la sostenibilidad del sistema sanitario, especialmente en un contexto de creciente demanda asistencial, avance tecnológico, cronicidad y necesidad de resolver inequidades en el acceso". La complementariedad que aporta el sistema sanitario privado al conjunto del sistema es necesaria e inevitable, además de proporcionar innovación y eficiencia. "El sistema público, como apunta el informe publicado por el Ministerio, por sí solo, no puede absorber toda la presión asistencial derivada del envejecimiento, la cronicidad y el incremento de la complejidad clínica", señalan.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: