La reforma farmacéutica, atrapada por el calendario electoral y la política

El adelanto electoral ha supuesto un final precipitado a una de las legislaturas más intensas en producción normativa sobre la prestación farmacéutica. La aprobación del Real Decreto 415/2026, sobre evaluación de tecnologías sanitarias, y del Real Decreto 90/2026, sobre financiación y precios de los productos sanitarios, constituyen dos hitos relevantes. A ellos se suman las reformas de los precios de referencia introducidas por la Ley 7/2025, de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública; los cambios en el copago farmacéutico del Real Decreto-ley 11/2026 y las modificaciones sobre información económica y confidencialidad de precios y conficiones de financiación de los medicamentos incluidos en la Ley 3/2026 de Cribados.

En el ámbito reglamentario, la legislatura también ha dejado avances relevantes, aunque de distinto alcance. Se ha creado el Comité Interministerial de seguimiento de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, con el objetivo de coordinar las actuaciones de los diferentes departamentos implicados; se ha aprobado un nuevo real decreto de financiación y precios de los productos sanitarios, que actualiza un marco regulatorio vigente desde 1996; y se ha regulado el Nodo SNSFarma, que debe facilitar la utilización del identificador único de los medicamentos y avanzar hacia la sustitución del cupón precinto en la facturación al Sistema Nacional de Salud. Son desarrollos que abordan cuestiones pendientes desde hace años, pero cuya verdadera trascendencia dependerá de su aplicación efectiva y de los resultados que produzcan.

Sería injusto ignorar estos avances. Pero también sería un error confundir las normas aprobadas con la transformación que se había planteado. Y esa transformación ha quedado a medio camino cuando parecía que iba a sedr una realidad.

La disolución de las Cortes ha hecho decaer el proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, pieza central del nuevo marco farmacéutico, al igual que la Ley de Organizaciones de Pacientes. La Ley de Industria y Autonomía Estratégica corre la misma suerte, aunque en este caso la parálisis venía de lejos.

Para las leyes ya no hay opción, pero hay desarrollos legislativos que podrían ver culminada su tramitación y llegar finalmente al Boletín Oficial del Estado (BOE) Queda una última oportunidad para que el Ministerio de Sanidad salve parte de su agenda regulatoria. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla y el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, han expresado a lo largo de esta semana su intención de aprobar el Real Decreto de Financiación y Precio de los Medicamentos antes de las elecciones del 29 de noviembre. No es jurídicamente imposible. Aunque las Cortes estén disueltas, el Gobierno no entra en funciones hasta después de la votación. Sin embargo, disponer de esa capacidad no equivale a tener despejado el camino.

El primer escollo está en el contenido, ya que el proyecto se diseñó pensando en una nueva Ley de Medicamentos que ya no llegará en esta legislatura. Ahora debe encajar plenamente en la Ley de Garantías de 2015. Eso obliga a revisar la regulación propuesta y prescindir de mecanismos que necesitan una nueva habilitación legal, como el sistema de precios dinámicos. Y, una vez ajustado el articulado, aún quedan trámites de peso, entre ellos el dictamen del Consejo de Estado, el paso por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), Consejo Interterritorial del SNS y, finalmente, la aprobación por el Consejo de Ministros.

Pero el verdadero interrogante quizá no sea administrativo. Es político. Los desacuerdos entre PSOE y Sumar durante la negociación de los decretos-ley de vivienda demostraron que compartir Consejo de Ministros no significa compartir prioridades. Con unas elecciones a la vuelta de la esquina, tampoco cabe dar por hecho que ambos socios tengan idéntico interés en acelerar una norma cuya aprobación pueda exhibirse como un logro del área de Sanidad. Eso no significa que exista un veto, pero sí introduce un riesgo que no se resuelve con más horas de trabajo técnico.

La legislatura deja avances regulatorios importantes. Muchos más que en unas cuantas legislaturas previas, pero también deja reformas esenciales pendientes. Y en las próximas semanas veremos si la voluntad de culminarlas alcanza más allá del propio Ministerio de Sanidad. Porque el futuro inmediato del real decreto de financiación y precio ya no se decide únicamente en los despachos de Sanidad. Ahora más que nunca, su viabilidad se decide en Hacienda, Economía y, por supuesto, en Presidencia del Gobierno..

José María López Alemany es director de Diariofarma.