Tal y como estaba previsto el Gobierno ha reiniciado este martes la tramitación del proyecto para la creación de la Agencia Española de Salud Pública. La norma que fue tumbada el pasado día 20 por el rechazo de última hora de Junts y Partido Popular, además del de Vox, que ya lo había manifestado con anterioridad, llegará al Congreso por la vía de urgencia para que pueda estar lista lo antes posible.
“Esperemos que en esta ocasión los que votaron en contra tengan sentido común y pongan la salud de los ciudadanos por delante de sus intereses” ha indicado la ministra de Sanidad, Mónica García.
Sobre la tramitación en el Congreso, la ministra considera que salvo con Vox su visión es “positiva” con el resto de formaciones políticas. La norma llegará, como en la ocasión anterior, a través de un proyecto de ley y por tanto deberá estudiarse en ponencia y en comisión, lo que implica que las enmiendas (96 se registraron en el anterior debate) se deberán volver a presentar y debatir, eso si, cabe pensar que su contenido ya está pactado. En ese sentido, todo el contenido relativo al reconocimiento de la innovación incremental de los medicamentos que se introdujo a través de una enmienda de ERC, vuelva a formar parte del contenido de la norma.
La Agencia es “una deuda que tenemos pendiente desde 2011”, ha señalado la ministra.
Fue precisamente en ese año cuando, a través de la Ley General de Salud Pública, España se planteó la necesidad de contar con un organismo de vigilancia de la salud pública. Esta ley, en su artículo 47, preveía la creación de un centro estatal que llevara a cabo las labores de asesoramiento técnico y científico y evaluara las intervenciones en la materia.
Tras la pandemia, en septiembre de 2021, la entonces ministra Carolina Darias anunció la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que ya en 2023 fue aprobada por el Consejo de Ministros, pero su tramitación se paralizó con el adelanto electoral. Fue entonces cuando Mónica García retomó el proyecto, en 2024 llevó de nuevo la norma al Congreso, donde finalmente fue rechazada el pasado día 20.
Con la tramitación de la ley aún quedará recorrido hasta que la Aesap pueda funcionar plenamente. Algunos de los aspectos más importantes que se deberán definir pasan por poner a una persona al frente de la dirección de la agencia o establecer la ciudad española en la que se instalará su sede para las que existen ya un puñado de candidatas como Zaragoza o Granada entre otras. Recientemente, la consejera de Salud de Cataluña, Olga Pané, también planteó el interés de Barcelona por acoger esta sede. La decisión final estará en manos del Ministerio de Política Territorial.