Del mismo modo que les presentamos nuestro resumen con las principales noticias sobre política farmacéutica nacional, correspondientes al pasado año 2019, le ofrecemos, a lo largo de las siguientes líneas, lo más destacado de cuanto ha acontecido a nivel autonómico. Se han impulsado algunas medidas relevantes para ordenar el modelo de prestación farmacéutica en un año que ha estado marcado por la sucesión de procesos electorales.
Andalucía
El año político en Andalucía ha estado marcado por el cambio de Gobierno, tras cerrarse, a comienzos de 2019, el acuerdo entre PP, Ciudadanos y VOX para investir a Juan Manuel Moreno como presidente de esta comunidad autónoma. El acuerdo incluía, entre sus 37 medidas, la abolición de las subastas de medicamentos, con el compromiso de sustituirlas por una participación más activa en la compra centralizada de fármacos a nivel estatal. El fin de las subastas, de hecho, formó parte del debate político en esta primera fase del año, aunque se confirmó que los contratos derivados de los concursos ya celebrados se respetarían.
Así lo indicó el que fue nombrado como nuevo consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ex portavoz de Sanidad del PP en el Senado, entre otros cargos, quien no tardó mucho en diseñar la estructura del nuevo Departamento. Catalina García, fue nombrada como nueva viceconsejera de Sanidad de Andalucía, la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), recaía sobre Miguel Moreno, mientras que Diego Vargas y José María de Torres iban a ejercer como directores generales de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, respectivamente. Moreno sería cesado solo nueve meses después, siendo sustituido en el cargo por Miguel Ángel Guzmán.
Poco después de acceder al cargo, Aguirre ofrecía una entrevista en profundidad a Diariofarma en la que desgranaba las principales líneas de acción que iba a desarrollar la Consejería, así como su posición política con respecto a la relación entre el Estado central y las autonomías, como es, por ejemplo, el funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
En otro orden de cosas, cabe recordar la admisión, por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía, de la formación de lotes con biosimilares y originales, quitando la razón a Pfizer, que había denunciado, por este motivo, dos concursos puestos en marcha por las plataformas logísticas de Jaén y Almería para la compra de etanercept.
A lo largo de estos últimos doce meses también destaca la relajación que el SAS ha permitido en materia de prescripción por principio activo (PPA), que permitirá bajar el mínimo hasta el 85% y no se ha procedido a la convocatoria de las subastas que han caducado, cumpliendo de este modo, de momento, esta promesa electoral.
Del resto de informaciones relevantes sobre esta comunidad autónoma, cabe destacar la presentación de un nuevo presupuesto, que, en materia sanitaria, habría crecido un 7,73%, hasta los 10.603 millones, de los que 9.739 irían a parar al SAS. De hecho, el consejero destacaba en su intervención ante los parlamentarios andaluces que servirían para reforzar el sistema público andaluz.
Antes de finalizar el año, también se anunció el acuerdo de las condiciones de la prestación ortoprótesica con los encargados de su dispensación y se confirmaron cambios en el calendario vacunal para incorporar la vacuna frente a meningitis ACWY a los 12 meses o la propuesta última de vacunar frente a VPH en varones.
Aragón
El pasado mes de abril, Diariofarma entrevistaba a Pilar Ventura, la que solo unos meses después, concretamente en agosto, sería ratificada como consejera de Sanidad tras una nueva victoria del PSOE en las elecciones a las Cortes de Aragón. En aquella entrevista, Ventura, además de opinar sobre el carácter vinculante que deberían adquirir determinados acuerdos en el CISNS, defendía la utilización de genéricos y biosimilares como medida de ahorro, se mostraba satisfecha en materia de calendario vacunal y abogaba por el impulso de los servicios desde la farmacia comunitaria, sin que eso supusiera elevar el gasto.
Tras su designación para seguir desempeñando el cargo de consejera de Sanidad, compareció en Las Cortes para desgranar ante los diputados regionales su agenda de prioridades, para las que buscaría el consenso. Entre ellas, situó el fortalecimiento del sistema sanitario para mejorar el nivel de salud impulsando la innovación organizativa y tecnológica; la consolidación y profundización en los derechos de los ciudadanos en materia de salud; la reducción de las desigualdades y el fomento de la salud en todas las políticas. En cuanto a los valores que guiarían su gestión, puso el énfasis en la "universalidad, equidad, eficiencia y calidad".
Ya en el mes de octubre, el Boletín Oficial de las Cortes recogía el Informe de la ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, en el que se advertían irregularidades en los procedimientos de contratación. En él se recomendaba la aplicación de una serie de medidas para evitar que dichas irregularidades se sigan produciendo. La consejera aseguraba que se estaban tomando cartas en el asunto.
Asturias
Como en Andalucía y en Aragón, en el caso de Asturias nos preocupamos por conocer, de la mano de sus protagonistas, algunas de las medidas que se pusieron en marcha en el área farmacéutica. En esta ocasión, entrevistamos a Concepción Saavedra, directora de Planificación Sanitaria, quien trasladó algunas ideas sobre la nueva Comisión de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que acababa prácticamente de ponerse en marcha (la cual se aprobó en 2018) para servir de apoyo a la toma de decisiones sobre la incorporación, o no, de nuevos productos.
Asturias también aprobó, en el mes de marzo, su Plan Sociosanitario, que incluía un modelo de atención farmacéutica a residencias públicas desde los hospitales. El Plan iba acompañado de un presupuesto de 1,2 millones para, entre otras cosas, contratar a seis farmacéuticos especialistas que contribuyeran a un mejor abordaje de las complejidades derivadas de la pluripatología y la polimedicación.
En 2019 también se celebraron elecciones en Asturias, de las que salió un Gobierno socialista en minoría. El designado para la cartera de Salud iba a ser Pablo Fernández, que venía de ser gerente del Hospital Universitario Central de Asturias, el cual pronto daría a conocer el equipo que le acompañaría.
En el apartado de las medidas, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) respondió al informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado, que había denunciado irregularidades en materia de contratación, asegurando que se habían aplicado "medidas correctoras, que consisten en incrementar las compras centralizadas". El Sespa aseguraba que los contratos menores habían descendido desde el 91,1% en 2017 hasta el 74,02% en 2018, una tendencia que, decían, "continuará en los contratos que se ejecuten durante el segundo semestre de este año".
Canarias
La actualidad farmacéutica canaria en 2019 arrancaba con el anuncio de la inclusión de Bexsero, la vacuna para prevenir la enfermedad meningocócica de tipo B, en el calendario regional, junto a la conjugada tetravalente frente al meningococo ACWY y la preventiva frente al VPH. Concretamente, la decisión de incorporar Bexsero la justificaban con la gravedad asociada a la enfermedad, unida al deseo de garantizar un acceso equitativo, ya que, aunque la vacuna no estaba incluida en la cartera de servicios, estaba disponible en farmacias. Esta decisión fue afeada por la propia ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que defendió el arduo trabajo que habían realizado Ministerio y CCAA en el seno de la Comisión de Salud Pública para disponer de un calendario vacunal único, con el propósito, precisamente, de igualar el acceso en todo el Estado.
La comunidad insular aprobaba también, a comienzos de 2019, un decreto con el que se suprimía el copago a pensionistas con rentas inferiores a los 18.000 euros, en línea, esta vez sí, con las intenciones mostradas por el Ministerio de Sanidad de revertir progresivamente lo establecido en el famoso RDL 16/2012, y presentaba el nuevo sistema informático por el que el personal de Enfermería de Canarias podría comenzar a acreditarse para prescribir medicamentos y productos sanitarios.
Tras las elecciones autonómicas, el PSOE logró un acuerdo con Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG) para gobernar. Fruto del mismo fue el nombramiento de Teresa Cruz, que había sido presidenta de la Comisión de Sanidad en la anterior legislatura, como nueva consejera del ramo. Entre sus prioridades situó agilizar la gestión, planificar necesidades, mejorar la financiación y reforzar la calidad del sistema sanitario. Yendo a las medidas más concretas, avanzó su intención de adoptar un nuevo plan de uso racional de medicamentos.
Cantabria
En las elecciones cántabras, el Partido Regionalista que lidera Miguel Ángel Revilla necesitó en esta ocasión el apoyo del PSOE para gobernar. Miguel Rodríguez, hasta entonces gerente del Hospital de Cabueñes, en Asturias, fue el elegido para ocupar el cargo de consejero de Sanidad. Asimismo, se decidió que la política farmacéutica recaería sobre Jorge de la Puente.
Poco después del nombramiento de los nuevos responsables, el Gobierno cántabro anunciaba en su web la intención de implementar medidas para optimizar la adquisición de medicamentos y productos sanitarios, así como la introducción de un módulo económico-financiero, con una plataforma logística y un catálogo de productos únicos. El fin último era el de generar nuevas eficiencias.
En esta misma línea, se producía el anuncio, por parte de Rodríguez, de la creación de un comité asesor autonómico para realizar seguimiento de la prestación farmacéutica. Según dijo, incluiría a miembros de Atención Primaria y hospitalaria y trabajaría para "alcanzar acuerdos de financiación de la innovación" y pagar por resultados y calidad de vida de los pacientes. También realizaría estudios farmacológicos, sobre todo de nuevas terapias de elevado coste. Su actividad, no obstante, debería ser compatible, según el consejero, con el acceso a los mejores tratamientos. En este sentido, aseguró que "ningún paciente dejará de recibir un tratamiento que necesite por simples criterios económicos".
Castilla-La Mancha
En el caso de Castilla-La Mancha, el año se abría, en materia farmacéutica, con la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno de la región, de un nuevo Decreto de Planificación Farmacéutica y requisitos, personal y autorizaciones de las oficinas de Farmacia y Botiquines. Entre sus novedades, destacó la autorización para la apertura de 50 nuevos establecimientos. A finales de 2019, se sometían a audiencia pública dos proyectos de órdenes, elaborados por la Consejería de Sanidad, para establecer, por un lado, el mapa farmacéutico de la región y, por otro, la comisión de valoración y el baremo de méritos y criterios de valoración aplicables al procedimiento de apertura de nuevas farmacias.
En esta comunidad autónoma se celebraron también elecciones, y el PSOE consiguió la mayoría para, en esta ocasión, gobernar en solitario. Para la cartera de Sanidad fue reelegido Jesús Fernández, que meses antes concedía una entrevista a Diariofarma en la que hacía un balance positivo de la gestión de su Departamento y avanzaba sus intenciones de cara a un posible segundo mandato. Reconocía, en este sentido, haber valorado la posibilidad de la subasta y, aunque parecía convencido de su inconveniencia, vistas las dificultades en Andalucía, no terminaba de cerrarles la puerta.
Confirmada la victoria socialista, realizamos un resumen con lo que se podía esperar en materia farmacéutica, a tenor de lo prometido en campaña y de los planes que ya habían sido avanzados en la anterior legislatura. En este sentido, cabe destacar la apuesta declarada por la promoción del uso racional de los medicamentos, incluida la mención expresa a "un sistema de selección de medicamentos", a la vez que abogaban por impulsar genéricos y biosimilares.
En el apartado de medidas para el uso racional, cabe destacar la edición, por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), de la guía titulada 'Adecuación Farmacoterapéutica, recomendaciones', con 113 consejos para profesionales de Atención Primaria.
Castilla y León
Una de las primeras noticias del año relacionadas con Castilla y León tuvo que ver con su decisión de incluir la vacuna tetravalente antimeningocócica en su calendario. Lo noticiable no era en sí la inclusión, aunque ésta se produjera de espaldas a la Comisión de Salud Pública, que seguía evaluando la decisión. Lo que llamó la atención fueron las declaraciones de Sonia Tamames, jefa de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, que, en un acto organizado por Pfizer y ANIS, reconoció que la medida tenía que ver con la cercanía de las elecciones, aunque igualmente aseguraba que la justificación, desde un punto de vista técnico, era "abrumadora".
Y es que, efectivamente, se celebraban meses después unos comicios de los que salió un Gobierno en coalición de PP y Ciudadanos, que llevó a la prestigiosa médica de Familia, Verónica Casado, hasta el Departamento de Sanidad de esta comunidad autónoma. Francisco Igea, candidato de la formación naranja y ex portavoz de Sanidad de la misma en el Congreso de los Diputados, se iba a convertir en su sombra, acompañando a Casado, como portavoz y vicepresidente del Gobierno castellanoleonés, en sus intervenciones públicas.
Además de dar a conocer a su equipo, la nueva consejera ha trazado las líneas maestras de su mandato. La equidad y la eficiencia son los valores que orientarán la acción de Gobierno en Sanidad, según ha confirmado. Además, participó en el XI Congreso Farmacéutico de Castilla y León, organizado por el Concyl, y anunció su intención de contar con la farmacia de cara a la reestructuración de la Atención Primaria.
Meses antes de las elecciones, el anterior Gobierno regional, liderado también por el Partido Popular, había decidido incorporar los servicios asistenciales en su decreto de atención farmacéutica a residencias. Además, se establecía que los centros de más de 100 camas estarían atendidos por hospitales, y los de menos por depósitos vinculados a boticas, y se manifestaba el compromiso de reducir las VEC, un problema acuciante en una región con una gran dispersión poblacional.
Cataluña
Aunque el año político en Cataluña ha estado muy marcado por el conflicto territorial, también ha habido espacio para la actualidad sanitaria y farmacéutica. A comienzos del año, Ciudadanos confirmaba la aprobación en el Parlament de una propuesta de resolución en la que instaban al Gobierno de la Generalitat a "mejorar la funcionalidad de la receta electrónica, resaltando visualmente cuando se introduce un nuevo medicamento en el Plan Terapéutico del paciente", y permitir, de este modo, la intervención del farmacéutico para aliviar así las consultas en Primaria. Unos meses después, el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Cataluña y el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) presentaban un nuevo proyecto centrado en la atención farmacéutica ante primeras dispensaciones, con el objetivo es promover el uso seguro y efectivo de los medicamentos en estas situaciones. El programa, anunciaban, se iba a desplegar a través del sistema de receta electrónica, de modo que estas intervenciones quedaran registradas.
Durante este año, se han producido novedades, también, a nivel organizacional. Este medio se hacía eco, por un lado, de la reestructuración que estaba impulsando el director del CatSalut, Adriá Comella, que se iba a saldar con la integración del Área del Medicamento, que perdía su entidad propia, en la de Servicios Asistencial, con el consiguiente cese de su responsable, Josep Torrent. También se confirmó, días después, la recuperación de la Agencia de Salud Pública de Cataluña como organismo autónomo, después de que fuera suprimida como ente en 2014 y se integrara a la estructura del Departamento de Salud.
Por el mes de julio, también, entraba en vigor una nueva instrucción cuyo objetivo era recoger los instrumentos y las actuaciones que se deben seguir desde el sistema sanitario público de Cataluña (Siscat) en relación con la seguridad en el uso de los medicamentos. Además de ordenar y evaluar todos los instrumentos para garantizar un uso seguro de las intervenciones farmacoterapéuticas, se establecían algunas responsabilidades para los proveedores, como cómplices necesarios para un uso seguro.
Finalmente, cabe destacar la negativa mostrada por la consellera, Alba Vergés, a aplicar los recortes en Sanidad que presuntamente le estaba pidiendo el Gobierno central. Vergés se quejaba, como muchos otros consejeros, de una financiación escasa para dar un servicio público de calidad ante el aumento de la demanda.
Comunidad Valenciana
La Consellería de Sanidad valenciana comenzó el año con una modificación de la normativa que regulaba la atención farmacéutica a residencias, aprobada por el equipo anterior, permitiendo así la dispensación desde las farmacias cuando éstas tuvieran menos de 100 camas. De este modo, se satisfacía una reivindicación de los colegios profesionales, que se habían quejado de la exclusión de las boticas que suponía Resi-EQIFar. Además, la consellera, Ana Barceló, valoraba positivamente la puesta en marcha del primer programa piloto de atención domiciliaria Domi-EQIFar, en el que sí se contó desde el inicio con las oficinas de farmacia.
En el primer mes del año, este Departamento anunció también sus planes regulatorios, integrados por un total de 21 proyectos de decreto, entre los que se encontraban, además de la actualización de la regulación de la prestación farmacéutica en centros sociosanitarios, otros para establecer las condiciones de los servicios de urgencia de las farmacias y definir la historia farmacoterapéutica unificada de la Comunidad Valenciana. También se avanzaba la intención de crear y regular la central de compras y la publicidad sanitaria.
Tras la celebración de elecciones, el PSPV ganó las elecciones y formó Gobierno en la Comunidad Valenciana junto a Compromís y Podemos, Gobierno en el que Barceló siguió ostentando el cargo de consellera de Sanidad. Entre sus prioridades, iba a destacar su compromiso con el acceso equitativo a los tratamientos y la lucha contra las desigualdades en este ámbito. Incidió en el mismo mensaje en un desayuno organizado por Europa Press, en el que hizo alusión a los riesgos para esa equidad que se derivan de la llegada de innovaciones de alto coste.
Una vez que el nuevo Gobierno se puso en marcha, lo primero que se hizo, en materia farmacéutica, fue regular, mediante una Resolución, el proceso de acreditación para hacer efectiva la prescripción enfermera en la Comunidad Valenciana. También se ha hecho pública una instrucción, la 9/2019, para la implantación de la Compra Pública Innovadora (CPI), un mecanismo que, decía el preámbulo, pretende servir a "la mejora de los servicios sanitarios en los ámbitos tecnológico y de gestión, al tiempo que ofrece ayuda al sector innovador".
Se conocería también, en el mes de julio, la suspensión cautelar de un concurso puesto en marcha por la Comunidad Valenciana para la compra y posterior dispensación en centros de salud de presentaciones de metotrexato, instada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en respuesta a un recurso de Farmaindustria. Como beneficiadas indirectas de la decisión cautelar aparecían las farmacias, que, de llevarse adelante el concurso, se hubieran visto obligadas a dejar de dispensar el fármaco.
Extremadura
En la región extremeña comenzaban el año con buenas noticias para la farmacia. Se hacía pública la Estrategia de Enfermedades Crónicas, en la que se hacía una mención explícita a la atención farmacéutica interniveles, incluyendo el comunitario.
La autoridad sanitaria de esta comunidad autónoma aludía también a los avances con Medea, el proyecto de medicina de precisión. Se anunciaba, concretamente, la puesta en marcha del proceso de licitación de un sistema de prescripción personalizada con datos sobre farmacogenética y un software que integrara esta información con la historia clínica electrónica en el módulo de prescripción de JARA. Como ya habían avanzado sus promotores a este periódico, el objetivo del proyecto es el de optimizar la prescripción, adaptándola a las características de los pacientes. En el apartado de los proyectos propios, cabe destacar también la creación y puesta en marcha del Centro de Farmacovigilancia, que actuaría en coordinación con el Sistema Español y la Aemps.
En los comicios de esta comunidad autónoma, el PSOE logró mayoría absoluta, por lo que, como ocurre en Castilla-La Mancha, gobierna en solitario. José María Vergeles, que venía ejerciendo como consejero de Sanidad, sumó a esta responsabilidad la vicepresidencia segunda. En su comparecencia para compartir con el resto de diputados los ejes de su mandato, Vergeles abogó por una mejora de la planificación, que debería partir, en todo caso, de la obtención de una financiación adecuada. En materia farmacéutica, expresó como prioridad la salvaguarda de la seguridad "en todos los entornos, en hospitales, residencias y también a domicilio". Asimismo, hizo ver su intención de establecer un Plan de Vacunación para todas las etapas de la vida, en línea con el aprobado por el CISNS.
Galicia
La actualidad en 2019 comenzaba en Galicia con el anuncio, por parte del propio presidente del Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo, de una nueva Ley de Ordenación Farmacéutica, con la que se quería introducir, entre otras medidas, la posibilidad de realizar atención farmacéutica domiciliaria, por parte de farmacéuticos comunitarios, aunque en supuestos excepcionales.
La redacción final, sin embargo, fue suavizada, de modo que dicho servicio quedó reducido, como informaba este periódico, a una "entrega informada" de medicamentos en el hogar. Los farmacéuticos, muy satisfechos con la idea inicial, vieron cómo se esfumaban sus esperanzas, como había pasado también en Madrid con la Ley de Farmacia que fue tumbada por la presión de Enfermería y la connivencia del resto de grupos con las reivindicaciones de esta profesión.
Como suele ser habitual, el conselleiro gallego, Jesús Vázquez Almuiña, compareció en el marco del Consejo Interterritorial de octubre, preocupado por los incrementos en el gasto que se iban a derivar de la incorporación de las terapias avanzadas a la Cartera de Servicios del SNS, reclamando más fondos para que las CCAA puedan costearlas. No fue el único que lo hizo. En aquella ocasión, se anunciaba la aprobación de NC1, la terapia desarrollada por el Hospital Puerta de Hierro y avalada por la Aemps, pero además de ésta ya se habían autorizado previamente las terapias industriales Kymriah y Yescarta.
Islas Baleares
En el caso de Baleares, 2019 no ha sido un año especialmente prolijo en noticias farmacéuticas. Como en muchas otras autonomías, en las Islas se celebraron elecciones, que se saldaron con victoria socialista y con un nuevo Gobierno de coalición con otras formaciones de izquierda, entre ellas Unidas Podemos.
El nuevo equipo de Gobierno volvió a dejar las responsabilidades en materia sanitaria en manos de la diplomada en Enfermería Patricia Gómez. Poco después de confirmarse su nombramiento se anunciaron además algunos cambios en el equipo. Destaca la designación de Nacho García Pineda, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Islas Baleares en la anterior legislatura, como nuevo director general de Farmacia y Prestaciones, puesto en el que sustituyó a Benito Prósper, que pasaba a ejercer la Secretaría General de la Consejería de Administraciones Públicas y Modernización.
Una vez confirmada la continuidad de Gómez el frente de la Consejería, y una vez que ya se asentó en el cargo, concedió una entrevista en profundidad a Diariofarma en la que analizó detalladamente todos los temas de actualidad en materia sanitaria y farmacéutica. Como el precio de los medicamentos, ámbito donde reclamó cantidades justas, pero sin demonizar a la industria, una idea en la que incidió durante su intervención en un desayuno de Europa Press. En la citada entrevista se abordaron otros temas, como las propuestas de la Airef, o el Plan de Genéricos y Biosimilares que estaba poniendo en marcha el Gobierno central, así como el impacto de éstos en las farmacias.
La consellera también compareció en la Comisión de Sanidad del Parlamento balear para hacer balance de su anterior mandato y los planes para éste, y aprovechó para confirmar su intención de seguir impulsando la central de compras para generar eficiencias en la adquisición de medicamentos.
La Rioja
En las últimas elecciones en La Rioja el PSOE logró imponerse al PP, tras 24 años de éstos en el Gobierno, gracias a los apoyos de Podemos e IU. Concepción Andreu, nueva presidenta riojana, decidió confiar la Consejería de Sanidad a Sara Alba, con formación en el ámbito de lo social y ocho años de experiencia en gestión tras su paso, como concejala, por el Ayuntamiento de Logroño.
En sus intervenciones públicas, la nueva consejera ha mostrado su apuesta por la recuperación y promoción de la gestión pública. En lo que respecta al medicamento, dejó entrever en su día la disposición a trabajar en la racionalización del uso de los medicamentos.
En la presentación de su presupuesto para 2020, que crecerá, según dijo, en torno a un 7%, deslizó algunos planes para generar eficiencias en la prestación farmacéutica de receta, a través del uso racional, para compensar así el aumento de la demanda por el incremento de la cronicidad.
Madrid
Los primeros meses de 2019 en el ámbito de la política farmacéutica madrileña estuvieron marcados por el intento del Partido Popular de aprobar una nueva Ley de Farmacia, que generó inicialmente una fuerte reacción de la profesión de Enfermería, por incluir, entre otros aspectos, la atención farmacéutica domiciliaria o el seguimiento farmacoterapéutico. Pese a una moderación del texto acordada con las profesiones, fue tumbada finalmente por la oposición. Formó parte de los que se opusieron a la Ley el Grupo Ciudadanos, que se desmarcó del Proyecto dejándolo caer, pese a que los populares siguieron buscando su apoyo hasta el último momento, por considerar su portavoz de Sanidad, Francisco Igea, que era una cuestión que debía abordarse a nivel nacional.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, y el presidente del COF, Luis González, principales impulsores de la iniciativa, tuvieron que conformarse con la firma de una prórroga del convenio de colaboración y el concierto que vincula a ambas instituciones, para retomar el Proyecto en la siguiente legislatura. Tras las elecciones, el PP mantuvo el Gobierno, gracias a los apoyos de Ciudadanos, que pasó a formar parte del Ejecutivo, y VOX, que no entró finalmente. En el acuerdo programático aparece el compromiso de adoptar una nueva Ley de Farmacia, una posibilidad que ganó fuerza al anunciar la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la continuidad de Ruiz Escudero al frente de Sanidad.
La última vez que el consejero ha reiterado su compromiso con este proyecto fue en la celebración de los actos por el Día del Farmacéutico del COF Madrileño, cuya intervención aprovechó para anunciar, también, el plan de crear una Comisión de Farmacia autonómica, que vele por una introducción de la innovación basada en criterios de calidad y eficiencia.
En el ámbito del medicamento, Madrid también ha sido protagonista por ser un hospital de esta comunidad autónoma, el Puerta de Hierro, el encargado del desarrollo de la primera terapia celular 100% pública aprobada en Europa, NC1, que servirá para tratar a pacientes españoles con lesión medular a partir de este año.
Ruiz Escudero participó en un encuentro reciente organizado por Biosim, en el que aludió a las actuaciones de su Departamento en relación con los medicamentos biosimilares. A este respecto, reconoció que se está incidiendo en tareas formativas e informativas para conseguir "la unificación de criterios" y que se está haciendo un "seguimiento preciso" para la utilización más efectiva de estos productos. Explicó que se han desarrollado guías en el ámbito de los anticuerpos monoclonales, elaboradas por los grupos de trabajo de Hematología y Oncología, con la coordinación de la Subdirección General de Farmacia, "con base en la evidencia científica y bajo parámetros de seguridad, eficacia y calidad", y que contarían con el respaldo de las sociedades científicas y los profesionales de Farmacia Hospitalaria.
Murcia
Como lo ha sido en Madrid, en Murcia la farmacia también estuvo en el foco de las políticas en 2019. El año comenzó con el anuncio del inicio de los trámites para abrir 12 nuevas boticas. La cantidad final distaba bastante de las 28 que venía reclamando el PSOE desde hacía tiempo.
Asimismo, la Gerencia del Servicio Murciano de Salud publicaba una Instrucción para regular la prestación farmacéutica a pacientes externos, incluyendo la posibilidad de aplicar modelos de telefarmacia y home delivery, que posteriormente fue matizada, dado el desacuerdo mostrado por los representantes de la farmacia. Víctor Rausell, jefe de Servicio de Gestión Farmacéutica del Servicio Murciano de Salud (SMS), explicaba a Diariofarma la medida y los nuevos matices, y reconocía que estaban valorando la posibilidad de que la farmacia participe en dispensaciones sucesivas de DH.
El Servicio Murciano de Salud anunciaba también la puesta en marcha de un proyecto de medición de resultados para optimizar su gestión, para el que iba a contar con la colaboración de Astra Zeneca y la Deusto Business School Health. Esto fue antes de que el PP reeditara su victoria electoral, aunque, en esta ocasión, necesitó del apoyo de Ciudadanos y VOX para la investidura de Fernando López Miras como presidente. Manuel Villegas volvió a ser el elegido para llevar los mandos del Departamento de Salud.
Navarra
La Consejería de Salud de Navarra comenzó el año firmando el nuevo acuerdo de concertación con el Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de la Comunidad Foral. Su presidenta, Marta Galipienzo, explicaba que éste iba a servir para "acotar los motivos de sustitución y devolución que generaban confusión", y aludía a la inclusión en el acuerdo de la colaboración de las farmacias en los programas de salud, los convenios de colaboración existentes para deshabituación de opiáceos y tabáquica. También se abría la posibilidad de firmar nuevos convenios entre el COF y el SNS-O.
Desde el Departamento que dirigía Fernando Domínguez se dio difusión, además, al gasto farmacéutico hospitalario, que ascendió en 2018 a los 110 millones, y se anunció el compromiso de reducir la factura mediante la compra centralizada de biológicos, así como con la sustitución de éstos, cuando pierdan patente, por biosimilares. Con esta medida, calculaban un ahorro de 10 millones de euros anuales.
Domínguez sería sustituido, tras el proceso electoral celebrado en esta comunidad autónoma, por la médica de Familia Santos Induráin. El PSOE logró formar Gobierno con el apoyo de la izquierda y los partidos nacionalistas.
Volviendo a la farmacia, cabe rescatar la participación del subdirector general del ramo, Antonio López, en los actos por el Día del Colegiado organizados por el COF. Allí, defendió la necesidad de mantener una relación de colaboración con los farmacéuticos y puso en valor los convenios en vigor, incluido el que hace partícipes a las boticas de la gestión y entrega al paciente de medicamentos extranjeros en casos de desabastecimiento de productos nacionales. Galipienzo le animó a utilizar más el potencial sanitario que ofrecen las 600 farmacias de Navarra.
País Vasco
En cuanto a la política farmacéutica en el País Vasco, cabe destacar las declaraciones ofrecidas a este periódico por el director de Farmacia, Iñaki Betolaza, en relación a la implantación de un nuevo modelo de atención farmacéutica a residencias en el que se iba a dar participación también a las oficinas de farmacia.
El Decreto terminó por no contentar a nadie. Lo han recurrido tanto los representantes de las oficinas de farmacia, como la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). No obstante, Betolaza seguía adelante con su proyecto y confirmaba a finales de 2019 que, gracias a su implantación, se podrían ahorrar unos 2,5 millones de euros al año, gracias a la eficiencia que se esperaba generar con el nuevo modelo de adquisición por compra centralizada y de acuerdo a una Guía Farmacoterapéutica común.
En lo estrictamente político, es preciso recordar la dimisión del que fuera consejero, Jon Darpón, por unas presuntas irregularidades en una Oferta Pública de Empleo, que estaba siendo investigada. Le sustituyó en el cargo Nekane Murga, que venía ejerciendo hasta ese momento como directora de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria.
Durante su participación en un desayuno informativo reciente, la nueva consejera aseguró que su Departamento está centrado en promover una gestión eficiente de la prestación farmacéutica y abogó por "dimensionar los recursos que destinamos a intervenciones de alto coste en función de las necesidades y con realismo". Consideró, además, que la evaluación de resultados es crucial y reconoció una línea de colaboración con la industria basada en "la compra por resultados y otros modelos relacionados con la financiación de los nuevos medicamentos". Asimismo, se refirió al desarrollo de protocolos para fomentar una prescripción más homogénea en Oncología a partir de la base de datos Oncobide.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: