“No vamos a entrar en debates con los proveedores, la evidencia nos guiará”

Concepción Saavedra, directora general de Planificación Sanitaria de Asturias, ejerce también como presidenta de la Comisión de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, un organismo de apoyo a la toma de decisiones sobre la incorporación o no de estas a la cartera regional, y ha concedido una entrevista a Diariofarma para dar detalles de su funcionamiento. Entre otras cuestiones, destaca que la intención es darle la máxima transparencia al proceso y que será la evidencia científica, y no las opiniones de unos actores u otros, la que determine si un producto o proceso se incorpora, se modifican las condiciones en las que se había incluido o si se excluye de la prestación.

Pregunta. ¿Con qué fin se ha creado esta Comisión de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Asturias? En la información que dieron desde la Consejería se hablaba de acelerar el acceso a las tecnologías. ¿Es solo eso, o se trata también de ordenar su incorporación?

Respuesta. No creo que podamos hablar de retrasos en el acceso… En tal caso hablaría de prudencia para valorar esa incorporación. Ya trabajábamos desde hace tiempo en estos temas a través de la Oficina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Principado de Asturias, (OETSPA), pero es cierto que el proceso es complejo, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. La rapidez con la que aparecen las nuevas tecnologías, las expectativas que se crean en los ciudadanos, el interés de los profesionales sanitarios para mejorar sus resultados. Y es que hoy la información fluye rápido. Para nosotros es importante contar con la máxima información para saber qué tecnologías incorporamos. Por eso se creó esta Comisión en el Consejo de Gobierno de abril de 2018, como organismo de apoyo y asesoramiento en la toma de decisiones sobre introducción, modificación y exclusión de tecnologías, productos sanitarios y prácticas asistenciales en la cartera del Servicio de Salud.

P. ¿Quiénes componen la Comisión? ¿Tienen todos voz y voto?

R. Todos tienen voz y voto. Entendimos que tenía que haber profesionales del ámbito asistencial, otros del ámbito de la bioética, y también de la parte económica. La Presidencia recae en la Dirección General que tiene relación con estas competencias, que en este es la Dirección General de Planificación Sanitaria, cargo que ocupo actualmente. El secretario es la persona responsable de la Oficina de Evaluación, y luego están los vocales. Entre ellos hay una profesional de la Dirección con competencias en gestión económica del Servicio de Salud, otra persona del Servicio de Evaluación de Tecnologías, el responsable de la Comisión de Uso Racional de los Medicamentos, dos técnicos nombrados por la Dirección General que vienen de la parte asistencial, y un experto en Bioética, nombrado por la Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias. Unidas a estas, otras ocho personas, cada una de un área sanitaria, con competencia para decidir sobre tecnologías. Actualmente solo un área cuenta con Comisión de Evaluación de Tecnologías como tal, el área 3. El resto de componentes, por tanto, pertenecen a la Comisión de Farmacia o de Calidad Asistencial.

P. ¿Con base en qué criterios actúa la Comisión?

R. Tenemos una herramienta desde hace tiempo, G-itesa, con un formulario que tiene que cumplimentar el profesional o servicio que solicitan la incorporación de una nueva tecnología. En él se tienen que reflejar las necesidades de la misma, las indicaciones, la población a la que va dirigida y la literatura científica que avala su incorporación. También se recoge el estudio de impacto económico y se valora la seguridad. Ese formulario llega a la Gerencia y en algunos supuestos, recogidos en el Decreto que precede a la creación de la Comisión, se traslada a la Comisión la valoración del caso. Esos supuestos son: que implique una modificación de la cartera de servicios de la comunidad, que pueda afectar a servicios de diferentes áreas y requiera una decisión consensuada, que afecte a un número alto de pacientes o que tenga un impacto presupuestario alto, que genere cambios organizativos, así como todas las incorporaciones que puedan generar incertidumbre sobre cuestiones como la seguridad, los efectos adversos o complicaciones para los pacientes.

P. Hablaba de posibles modificaciones de una decisión previa e incluso de la exclusión de tecnologías de la cartera. ¿Qué tiene que ocurrir para que actúen de ese modo?

R. La Oficina de Evaluación de Tecnologías está trabajando también con las recomendaciones de no hacer con las sociedades científicas, y nos puede remitir un informe en esa línea y nosotros, con ese informe sobre la mesa, emitir nuestra recomendación. Lo que hacemos es valorar la evidencia disponible sobre la tecnología, hacer una valoración de su impacto y sacar conclusiones. En ocasiones, son las propias sociedades científicas las que arrojan argumentos para determinar esas modificaciones o exclusiones, cuando consideran que una tecnología o procedimiento se ha quedado obsoleto o no aporta suficiente beneficio en términos de eficacia y seguridad.

P. ¿Quién tiene acceso a la información que se deriva de todo este proceso?

R. El formulario está abierto a todos. Los profesionales y gestores pueden descargarlo a través de Astursalud. De cara a su difusión, estamos trabajando en una web propia, vinculada a Astursalud, donde se colgará el formulario, así como los informes que realizamos sobre esas tecnologías, incluidas las recomendaciones finales. Toda esa información será pública.

P. ¿Y cabrá la posibilidad de que los actores implicados, incluidos los proveedores, opinen o hagan alegaciones?

R. Lo primero que tengo que decir a este respecto es que todos los miembros firmamos una declaración de conflicto de intereses, ya que la toma de decisiones debe ser independiente de la influencia de los proveedores. Nosotros tenemos que basarnos en la evidencia. Pero, al ser transparentes, si alguien considera que lo que decimos no es correcto y quiere presentar sus argumentos, se valorará.  Igual que para los proveedores, la información estará accesible para los profesionales y las áreas, que también podrán presentar sus alegaciones si lo consideran oportuno. Esto no quiere decir que vayamos a entrar en debates con las empresas y los proveedores. Será la evidencia la que nos guíe en el proceso para la toma de decisiones.

P. ¿Qué decisiones han tomado hasta ahora?

R. Como sabe, somos una Comisión bastante nueva que, hasta la fecha, solo ha celebrado dos reuniones. La primera fue más de constitución. Hablamos del reglamento de régimen interno, de nuestro funcionamiento, cómo vamos a hacer la difusión a la Gerencia, pero también al resto de profesionales y ciudadanía. Tratamos, además, la cuestión de la declaración de conflictos de intereses.

P. ¿Y en la segunda?

R. Hemos tratado los casos de tres tecnologías: una en la que hemos recomendado la realización de un estudio, con un protocolo de actuación, registrando datos en la historia clínica electrónica, para ver en qué casos se está utilizando (se está usando en unas áreas y otras no) y con qué resultados, para, sobre eso, después decidir sobre su extensión y posible incorporación. Se trata de un producto con evidencia de buenos resultados, que ha demostrado su seguridad. En los otros dos, la decisión ha sido la de no incluirlos. Uno de ellos, a la espera de más datos. En el otro caso, la decisión es prácticamente definitiva, porque no hemos visto que aporte más eficacia.

P. Pareciera que la incorporación de tecnología suscita dudas...

R. Yo hablaría de prudencia. Para darle el uso más adecuado a los recursos públicos y por la propia seguridad de los pacientes. Las tecnologías sanitarias son importantes, porque nos ayudan a mejorar la calidad y la seguridad asistencial, nos permiten un diagnóstico precoz, contribuyen a reducir tiempos… Aunque supongan un impacto inicial, a largo plazo pueden ayudar a mejora la calidad de vida, pero es muy importante disponer de mecanismos para poder evaluarlas.

P. ¿Cómo valora los precios en este segmento?

R. Es importante poner en marcha mecanismos de compra centralizada, de economías de escala, para conseguir unos precios más adecuados. De hecho, es un aspecto a tener en cuenta en la evaluación. Miramos que la tecnología sea coste-efectiva, que sea el mejor precio posible dentro del mismo resultado, así como su impacto en la salud, en términos de calidad, seguridad y eficacia. Lo más importante es que lo que incorporemos realmente aporte valor.

P. Sigamos con el procedimiento. A partir de la recomendación de la Comisión…

R. Comunicaremos nuestra posición al Servicio de Salud y a las áreas sanitarias, y se colgará en la web. Será público. Se podrá acceder a la recomendación y los informes en los que nos basamos.

P. Ha detallado antes la composición de la Comisión, de la que no forma parte ningún paciente. Ahora que se pide tanto la participación de éstos en la toma de decisiones, ¿cómo lo explica?

R. Entendemos que esto es algo muy técnico, y hay que tener en cuenta que se trata de un proceso que suele ser previo al uso de estas tecnologías y productos en el sistema sanitario. Pensamos que al publicarlo ya estamos teniendo en cuenta los intereses de los pacientes. Además, es posible que surjan recomendaciones para ellos. Un caso que podría servir como ejemplo sería la explicación de que, más que una tecnología, lo que necesita un determinado paciente es la adopción de hábitos saludables. Tenemos que ser activos en esa labor de educación para la salud. No obstante, estamos empezando, éste es el planteamiento inicial. Quizás en un futuro se puedan incluir las asociaciones de pacientes como agentes solicitantes de la incorporación de una nueva tecnología, un producto sanitario o un proceso asistencial.

P. Por último, me queda preguntarle por la relación que van a tener con organismos de evaluación de tecnologías de otras CCAA.

R. La Oficina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Asturias forma parte del Grupo Permanente que trabaja con la Red de Agencias, y que despliegan su labor junto a la Comisión de Prestaciones del Ministerio, con el objetivo de detectar, evaluar y priorizar las posibles incorporaciones. Es importante estar en contacto con la Red, porque ahí se comparten metodologías, y también conocimientos. De hecho, tenemos en cuenta esos informes para la toma de decisiones.

P. ¿Y cómo ve la convergencia a nivel europeo?

R. Nosotros estamos trabajando con otras CCAA, y en línea con el Ministerio, para conseguir unas aportaciones única de España al proyecto de normativa europea sobre evaluación tecnológica.