A dos días de la finalización de la campaña electoral catalana, los partidos políticos apuran sus esfuerzos para arañar los últimos votos de cara a la cita clave del próximo domingo. En medio de una situación caracterizada por la dificultad de alcanzar un Gobierno en una política de pactos confusa, los problemas de la sanidad catalana no han sido precisamente las cuestiones más referentes en el discurso político general, más empeñado en discutir el modelo del territorio, que en avanzar en políticas prácticas para los ciudadanos.
La situación catalana contrata con la vivida hace menos de un mes en las elecciones del País Vasco, donde la sanidad y las propuestas para mejorar la atención sanitaria de los vascos fueron el eje central de la campaña. Sin embargo, a pesar de ello, los partidos sí han confeccionado sus programas y dedican en ellos importantes espacios para matizar sus compromisos dentro del ámbito de la salud.
Desde el PSC del exministro de Sanidad, Salvador Illa, partido mejor posicionado, según las encuestas, para ser el más votado en los próximos comicios, se hace una amplia defensa de la necesidad de ampliar el acceso a las prestaciones sanitarias, el desarrollo profesional y el acceso a la innovación.
Illa se ha comprometido a llevar la inversión sanitaria al 7% del PIB, en la línea de las principales economías europeas (no así la española que sigue anclada en torno al 6,2%) y al refuerzo de la sanidad pública.
Los socialistas también abogan por la creación de la Agencia de Salud Pública catalana, cuyos primeros pasos para su conformación los ha dado en esta legislatura bajo el gobierno de ERC y asumiendo la coordinación de este organismo con otras agencias de otros países.
Igualmente abogan por destinar el 25% del gasto en salud a Atención Primaria, un nivel asistencial donde aspiran a establecer una lucha contra la desigualdad. Además se compromete a que la atención presencial se pueda realizar en un máximo de 48 horas.
La lista de espera en atención especializada, también se comprometen a aportar una reducción de tiempos en forma de decreto. El PSC planteará la reclamación para todos aquellos pacientes que no reciban la atención en el tiempo previsto. También abogan por la creación de un plan de salud mental infantojuvenil y la creación de una estrategia para la preveción de los trastornos de la conducta alimentaria.
Los independentistas de derecha de Junts, que para este 12-M han rebautizado el partido como Junts+Puigdemont, reforzando así el papel de su líder, serán también según los datos previos la segunda fuerza política y se plantean como una de las alternativas junto al PSC para conformar el próximo Gobierno catalán.
En esta formación todo gira en torno a la culminación con éxito de todo el proceso independentista, que recibirá un apoyo incuestionable con la aprobación de la Ley de Amnistía y que entre otras cosa permitirá al propio Puigdemont entrar en España.
Para esta formación su apuesta sanitaria se centra en los siguientes principios, que califican de “irrenunciables”: Financiación suficiente, salud pública, modernización, modelo asistencial integrado, participación ciudadana y transformación digital.
El primero de los principios es el de la financiación y “el déficit crónico”. Pese a ello no dudan en llevar al 8% del PIB el gasto sanitario. Igualmente apuestan por destinar el 25% del presupuesto a AP.
No obstante entre las propuestas de Junts destaca la cuestión lingüística, en la que plantean “garantizar la plena atención en catalán” para lo cual no dudan en aplicar “las disposiciones normativas necesarias” para que en el plazo de un años todos los profesionales sanitarios acrediten el nivel B2 de catalán y en dos, el nivel C1. Mientras tanto, aspiran a captar mayores recursos humanos para rebajar la lista de espera, donde además prometen “una nueva regulación” de la demora-¡,
También desde el independentismo, pero en este caso de izquierdas, ERC que actualmente está al frente de Ejecutivo catalán, asegura en su programa que el objetivo es seguir avanzando en la transformación del sistema iniciada la pasa legislatura.
Su objetivo, “poner a las personas en el centro”, impulsar la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña, como elemento controlador de las políticas en salud y la actualización del mapa sanitario para “hacer más cercanos y accesibles los servicios”.
ERC también apuesta por la cuestión lingüística para aseguraron que para que los ciudadanos reciban una atención de calidad, “hace falta que esta sea en catalán”, si bien no se ha planteado un escenario cronológico para incorporar esta lengua al currículum de los profesionales sanitarios.
En cuanto a la financiación, ERC se compromete a aumentar el presupuesto sanitario en un 22% en tres años para equipararla a la del conjunto de Europa.
Por su parte el Partido Popular, una formación que prácticamente no aparece en los posibles pactos de Gobierno pero que probablemente será una de las que más crezcan, tras la desaparición de Ciudadanos (las encuestas le dan una media de 12 escaños frente a los tres que tiene actualmente), aspira a enderezar el rumbo de un “gobierno fallido”, que es como califican al actual Ejecutivo encabezado por Pere Aragonès.
Los populares han centrado su acción sanitaria en la mejora de la inversión sanitaria y educativa contraponiéndola a las inversiones del fomento del nacionalismo que realiza el actual Gobierno. El PP se compromete a mejorar la lista de espera sanitaria, el desarrollo de un plan de salud mental y acabar con las listas de espera en atención primaria.
Por su parte Vox centra su acción sanitaria en frenar los “caros delirios separatistas que han degradado la sanidad”, según ha afirmado su líder, Ignacio Garriga. Contrario al ‘apartheid lingüístico’ Vox aspira a combatir el déficit estructural de la sanidad catalana apostando por medidas que atraigan y retengan a los profesionales sanitarios.
Comuns Sumar hace una apuesta por refirmar los servicios de salud mental, llegando a un ratio de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes y trabajar para "que dentro de diez años se acaben los conciertos sanitarios y ningún euro público vaya a la sanidad privada" y "la reducción de las listas de espera".
Finalmente la formación anticapitalista CUP centra su acción en el incremento presupuestario en un 25%, la creación de la Ley de Salud Pública de Cataluña, así como subrogar todo el personal de servicios auxiliares y construir un sistema sanitario 100% público.
Nicolas Gonzalez Casares: