David Beas, director de acceso al mercado de Johnson & Johnson, ha ofrecido su visión sobre ‘Innovación biosanitaria: valor, precio, proceso y acceso’ en el marco del 18º Encuentro Interautonómico sobre Protección Jurídica del Paciente Ecosistemas de innovación en salud: Gobernanza, métrica y acceso al mercado tecnológico, que se celebra estos días en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Beas apuesta por una colaboración estrecha entre todos los involucrados para agilizar el acceso a la innovación, y propone cuidar la calidad de las conversaciones entre las partes.
Según él, la presentación del dossier de valor por parte de los comercializadores, en el marco de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), y sin un límite de tiempo como el vigente en la actualidad, sería una forma de acercarse a ese objetivo.
Asimismo, Beas ha valorado las disparidades sobre el retraso en el acceso a la innovación en España entre el informe WAIT y los datos del Ministerio de Sanidad recordando que el primero es un documento con una larga trayectoria y cuya metodología está ampliamente avalada (así lo han valorado también representantes del propio Ministerio) y haciendo hincapié en la necesidad de mejorar el acceso como consigna, al margen de esas diferencias numéricas. Con todo, ha cuestionado que se considere conceptualmente “acceso a la innovación” la administración de nuevas terapias en fases de ensayos clínicos o de forma puntual para un paciente.
De todas formas, recuerda que las cifras son sobre todo promedios, y que en su experiencia un nuevo tratamiento puede tardar solamente seis meses en ser aprobado o sufrir retrasos de hasta tres años.
Esta circunstancia, que la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y otras sociedades científicas han calificado de particularmente preocupantes cuando se trata de terapias contra el cáncer, es la situación en la que se encuentra actualmente el anticuerpo biespecífico amivantamab, según ha comprobado Diariofarma.
En aras de la agilización, Beas espera que tras la aprobación de los reales decretos pendientes en materia de evaluación y precios “dentro de cinco años estemos hablando de retos muy diferentes a los actuales”.
Además, este experto considera que el volumen de trabajo y la creciente complejidad de la innovación que ya está aquí, y la venidera, requiere, más allá de cambiar los procesos con nuevas regulaciones, de una dotación de recursos humanos y materiales suficientes en el Ministerio de Sanidad y en las oficinas de evaluación que se creen con el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Mirada en el largo plazo, no en una instantánea
Aunque el camino para desarrollar nuevas terapias sea largo y costoso (2.500 millones de dólares) y muchas moléculas se queden en el camino, Beas percibe los ‘fracasos’ como oportunidades de aprendizaje que con frecuencia se plasman en avances posteriores (como sucedió con las vacunas frente a covid).
En su experiencia, en la evaluación de las innovaciones farmacológicas hay un peso excesivo del elemento presupuestario a corto plazo.
Al dar luz verde a una terapia que ofrece 50 meses libres de enfermedad, debería tenerse en cuenta no solo al paciente (siempre), sino hasta qué punto se está contribuyendo a aliviar la presión asistencial y los costes asociados al sistema.