El frenazo del Congreso a las 37,5 horas salva las dudas de las oficinas de farmacia

Finalmente no hubo sorpresas y el  proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales se ha convertido en la primera derrota de alcance para el Gobierno en el arranque del curso parlamentario. Tanto PP, como Vox como Junts habían presentado enmiendas a la totalidad a esta norma que el Ejecutivo aprobó el pasado mes de mayo y las tres formaciones ratificaron su postura en la sesión plenaria.

La mayoría de los tres de partidos de derechas rompió los planes del Gobierno, en una victoria que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha hecho de este asunto su principal referencia legislativa en lo que va de legislatura, calificó de “pírrica” y sobre la que aseguró que “seguiremos trabajando por sacarla adelante”.

El apoyo que desde el exterior del Parlamento realizaron los sindicatos de clase no fue suficiente para cambiar la voluntad de los diputados y con un resultado de 178 votos a favor y 170 en contra, el Parlamento ha decidido devolver el proyecto al Gobierno.

Yolanda Díaz, que asumió la derrota antes de empezar el debate, cambió el guión habitual del Gobierno de centrar sus críticas en PP y Vox, para incluir en esta ocasión a sus socios de Junts; “no es verdad que representen a las pequeñas empresas, no es verdad que representen al tejido catalán”, ha asegurado la vicepresidenta segunda que ha acusado a “las tres derechas” de “golpear a 12,5 millones de trabajadores”. Por ello auguró que esta “derrota parlamentaria está ganada en la calle, y ya anticipo, no tengo ninguna duda, que este debate se va a ganar, porque la fuerza de la historia se va a imponer".

Mientras se valora las consecuencias políticas que puede tener el nuevo tropezón del Gobierno en la Cámara Baja, el resultado de la votación ha venido a solventar las dudas que parte del sector sanitario había recibido la norma.

Aunque para el conjunto del SNS esta norma no afecta a sus trabajadores (son estatutarios), ya que tienen su propio pulso de negociación con el Ministerio de Sanidad dentro del Estatuto Marco, y además, para un buen número de empresas del sector, especialmente las más grandes, las 37,5 horas es una cuestión también superada en los respectivos convenios colectivos, la reducción laboral afectaba directamente a un sector esencial como es la farmacia comunitaria.

Ya desde su aprobación por parte del Gobierno, en el mes de febrero, desde la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) se habían mantenido dudas y reservas con respecto a los planes de Yolanda Díaz. El escenario para las farmacias, aderezado además con las dificultades para la contratación de técnicos de farmacia, se cuantificaba por la empresarial farmacéutica en un 6% de los costes laborales para las oficinas.

El presidente de FEFE, Luis de Palacio, apelaba, no obstante, a la negociación. “Lo lógico es que a cambio de la reducción de horas se adopten medidas para controlar el  absentismo laboral y mayor flexibilidad para el empresario titular de la farmacia”, al tiempo que recordaba que debía tenerse en cuenta el impacto que la medida podría tener en la negociación del próximo convenio colectivo.

“Aunque algunos economistas y sociólogos encuentran ventajas en la reducción de la jornada laboral en las grandes empresas, es indudable que, en las pequeñas, aumenta los costes laborales; lleva a una menor flexibilidad operativa como en la hostelería o el pequeño comercio; introduce desafíos en la organización del trabajo y reduce la competitividad, todas ellas aplicables a las oficinas de farmacia”, aseguraba la publicación del Observatorio del Medicamento, editado por FEFE.

“Esta nueva imposición en el horario laboral”, indicaba el editor de la publicación, Javier Granda, “representa un retroceso económico para nuestro sector, que sigue pagando deducciones y descuentos, sin que casi nadie se acuerde que el año que acabamos de terminar aportamos casi 600 millones de euros a la sanidad pública, además de todos”. Otro de los sectores pendiente de los resultados de las votaciones de este miércoles eran los profesionales sanitarios que realizan actividad privada.

El sector empresarial de la sanidad privada tampoco veía nada factible la reducción de jornada  y aseguraban que “modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución”. 

Tras el resultado de las votaciones, la cuestión ha decaído por el momento, Yolanda Díaz ha asegurado seguirá trabajando por la implantación de esta reducción laboral y también los sindicatos de clase han anunciado movilizaciones para trabajar por su entrada en vigor.