Brustenga reivindica la Ley de Industria para institucionalizar la política industrial

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, defendió en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso la aprobación de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que consideró “la última gran pieza necesaria” para institucionalizar y estructurar la política industrial en España. Según expuso, esta norma debe consolidar el trabajo realizado en los últimos años, dar estabilidad a los instrumentos aplicados y permitir que el país afronte con solidez los retos de competitividad, digitalización, transición ecológica y autonomía estratégica.

La defensa de la norma llega en un momento de bloqueo parlamentario: la Ley encadena once meses de parálisis, con continuas ampliaciones del plazo de enmiendas, la última de ellas hasta el 2 de diciembre, sin garantías de que no vuelva a prolongarse. Esta situación, que Diariofarma avanzó el pasado 2 de noviembre, mantiene congelado el inicio de la negociación política pese a que el Ministerio considera la norma prioritaria para el país.

Tras su apelación inicial a la necesidad de un marco estable, Brustenga situó desde el primer momento dos elementos centrales asociados a la Ley: la autonomía estratégica y la Reserva de Capacidades Industriales (RECAPI). Recordó que la Secretaría de Estado participa en un “proyecto piloto con la Comisión Europea, Rumanía, Finlandia y Portugal” para crear un consorcio de reserva de capacidades orientado a garantizar cadenas de suministro de productos críticos en caso de crisis, como ocurrió durante la covid-19 .

Asimismo, enfatizó la importancia de combinar “soberanía tecnológica, seguridad económica y autonomía estratégica”, que definió como “tres caras de la misma moneda” . A su juicio, la Ley permitirá ordenar instrumentos, asegurar equilibrios entre política industrial y comercial, y fortalecer la capacidad de respuesta ante interrupciones globales.

Industria farmacéutica y Profarma

Brustenga situó también en este bloque inicial las actuaciones vinculadas a la industria farmacéutica, que forman parte de la Estrategia Nacional de Industria prevista en la Ley. Señaló que el Gobierno trabaja ya en la regulación de la autonomía estratégica de medicamentos críticos y de diversos productos sanitarios, e hizo referencia al Plan Profarma, que calificó como uno de los pilares para reforzar la capacidad productiva y atraer inversión en el sector. Destacó además el “marco de relación” existente con el conjunto de agentes sanitarios, a través de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, que definió como un ejemplo de coordinación público-privada.

El secretario de Estado explicó que la futura Ley de Industria incorpora por primera vez instrumentos de planificación: una Estrategia Nacional de Industria con vigencia de seis años y planes trienales para orientar las prioridades sectoriales y tecnológicas del país . Esta planificación, afirmó, permitirá marcar dirección, reforzar la capacidad de anticipación y situar a España en un nivel comparable a países que operan con modelos de planificación sólida, como los planes quinquenales de China.

Destacó además la creación del Consejo Estatal de la Política Industrial, que actuaría como órgano de coordinación para garantizar que cualquier medida de otros ministerios con impacto en la industria se discuta previamente en este espacio común. Según dijo, se trata de evitar que “una ley o una medida de otro ministerio que afecte a la industria” se apruebe sin análisis conjunto.

Brustenga subrayó también la sensibilidad de la norma hacia las competencias autonómicas, incluyendo mecanismos de consulta y participación, y puso como ejemplo que los proyectos estratégicos que afecten a varias comunidades o a la seguridad nacional requerirán confirmación expresa de las autonomías implicadas .

Reindustrialización y mecanismos estructurales

El secretario de Estado defendió que la ley permitirá convertir en estructurales los instrumentos desarrollados en los últimos años, en particular los PERTE industriales, que describió como un mecanismo “nuevo” que debe integrarse de manera estable en la política industrial española. Reivindicó además el papel de la política industrial en la creación de empleo, el arraigo territorial y la autonomía estratégica del país.

En relación con los procesos de reindustrialización, mencionó casos recientes y aseguró que la Ley introduce reglas para anticipar y gestionar de forma ordenada tanto entradas como salidas de actividad industrial.

Un llamamiento al consenso

Brustenga pidió culminar el proceso legislativo “no para el Gobierno, sino para el país”, y recordó que la Ley de Industria de 1992 tiene más de treinta años y ya no responde al contexto internacional actual. Subrayó que España necesita “una ley moderna, actualizada”, capaz de situar a la industria en un lugar central de la política pública, y reclamó un “mensaje hacia adentro y hacia afuera” que muestre que el país es capaz de acordar un marco estable y de largo plazo.

Con la reforma bloqueada durante once meses, el secretario de Estado insistió en buscar un consenso amplio para dotar de previsibilidad y coherencia a la política industrial. “Cada mes que pasa es más oportuno lanzar esta ley”, afirmó, apelando a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para desbloquear una norma que considera esencial para el futuro industrial del país .

Visión de los grupos parlamentarios

Tras la intervención del secretario de Estado, los grupos parlamentarios ofrecieron visiones divergentes sobre la futura Ley de Industria. Desde ERC, Inés Cunillera, que también es presidentea de la Comisión, pidió iniciar cuanto antes su tramitación y reclamó que la norma respete las competencias autonómicas, evite duplicidades y garantice una simplificación administrativa efectiva.

Desde el PP, Francisco Conde reprochó al secretario de Estado que su intervención fuese, a su juicio, “un ejercicio teórico” sin medidas concretas para afrontar los retos reales de la industria. Cuestionó la capacidad del Gobierno para ofrecer certidumbre a las empresas, criticó la gestión del plan de recuperación y el incremento presupuestario del Ministerio, que consideró insuficiente en términos de resultados, y advirtió de que la política industrial del Ejecutivo no está proporcionando respuestas claras a la pérdida de competitividad de diversos sectores. Reclamó, en este sentido, una dirección industrial más definida y actuaciones inmediatas que permitan orientar la transformación productiva del país.

Por parte de Vox, su portavoz criticó que el Gobierno pretenda “consolidar” políticas que, a su juicio, han contribuido al declive industrial, y denunció que España esté “financiando” la expansión de competidores extranjeros mientras sectores tradicionales pierden empleo y actividad.

En nombre del PSOE, Adriana Maldonado defendió la hoja de ruta del Ministerio, reivindicó la ejecución del plan de recuperación y subrayó la necesidad de aprobar una ley actualizada para reforzar la autonomía estratégica y consolidar el liderazgo de España en la política industrial europea.

Finalmente, el portavoz de Sumar, Manuel Lago, advirtió de que España afronta una “ventana de oportunidad” limitada y pidió un pacto por la industria, con la nueva Ley como primer paso, para evitar que el país pierda capacidad productiva en un contexto global cada vez más competitivo.