El NCAPR elabora un argumentario de respuesta a la política farmacéutica de Trump

Las autoridades nacionales de precios y financiación farmacéutica (NCAPR) de los 27 estados miembros de la Unión Europea, junto con Islandia y Noruega, han aprobado un documento de posición en el que cuestionan la narrativa que subyace a la política de Nación Más Favorecida (MFN) impulsada por la administración estadounidense y rechazan que Europa deba asumir una subida de precios para compensar las pérdidas que esa política podría generar a la industria farmacéutica.

El texto, elaborado por el subgrupo de Desarrollos Geopolíticos en Precios y Financiación del NCAPR, no prejudica posiciones nacionales pero representa la primera toma de postura colectiva del bloque europeo ante una presión

 que ha ganado intensidad en los últimos meses.

El documento del NCAPR aborda directamente los argumentos que la Administración Trump ha expuesto y los desmonta con datos. El primer punto de debate que identifica es la supuesta brecha entre lo que la industria gana en EE.UU. y lo que ingresa en Europa. Frente a la lectura de que esa diferencia demuestra que las compañías están mal pagadas fuera de Norteamérica, el texto recuerda que Europa representa en torno al 25% de los ingresos farmacéuticos globales, con un clima de inversión y de I+D que las propias empresas consideran atractivo. Además, se indica que, aunque los precios de lista son más bajos, el retorno total sobre la inversión sigue siendo elevado, entre otras razones porque la cobertura universal, que alcanza al 98-100% de una población de aproximadamente 455 millones de personas, genera una demanda estable, predecible y de alto volumen que ningún mercado fragmentado puede igualar en esas condiciones.

El PIB no mide precios

El segundo argumento que el NCAPR desmonta es la comparación del gasto farmacéutico como porcentaje del PIB. El documento señala que esa métrica mezcla variables tan distintas como la estructura demográfica, las tasas de prevalencia de enfermedades crónicas, el diseño del sistema sanitario o las opciones de política pública, y que usarla para comparar el nivel de precios entre países produce conclusiones distorsionadas. Un mayor gasto en medicamentos no equivale a mejores precios para la industria, y un gasto más bajo no significa necesariamente que los sistemas europeos sean más baratos en términos reales. Según el NCAPR, en muchos casos refleja que los pacientes reciben atención de alta calidad a través de intervenciones no farmacológicas o de una gestión más eficiente de las vías clínicas.

Los datos de resultados sanitarios refuerzan ese argumento. Estudios de la OCDE, la OMS y el Commonwealth Fund, citados en el documento, concluyen que los sistemas europeos ofrecen una atención consistente a toda la población con mejores resultados medios que EE.UU., pese a gastar bastante menos per cápita. La mortalidad evitable, uno de los indicadores más utilizados para medir el rendimiento de un sistema sanitario, lleva años descendiendo de forma sostenida en los países de la UE mientras aumenta en muchos estados norteamericanos.

Un dato especialmente relevante para entender la lógica europea de financiación es el que aportan estudios recientes sobre los 50 medicamentos más caros cubiertos por Medicare y Medicaid. De ellos,más de la mitad no recibieron una calificación de beneficio terapéutico añadido moderado o elevado por parte de los organismos de evaluación de tecnologías sanitarias de varios países europeos. En Europa, esa valoración condiciona directamente el nivel de financiación. La consecuencia práctica es que los sistemas europeos pagan mucho por los medicamentos que demuestran valor clínico real y negocian con más firmeza cuando ese valor no está acreditado, lo que no es irracionalidad regulatoria sino coherencia con el principio de que el gasto público debe traducirse en ganancias netas de salud.

Sin pruebas del efecto del MNF

El texto también cuestiona un supuesto de fondo que atraviesa todo el debate de la MFN en el sentido de que el nuevo mecanismo de negociación de precios en EE.UU. reducirá necesariamente los ingresos de la industria. El NCAPR argumenta que esa conclusión ignora la relación dinámica entre precio, volumen y acceso. Un sistema con precios más ajustados pero con mayor cobertura efectiva podría compensar, o incluso superar, cualquier caída de ingresos unitarios. En EE.UU., donde en 2024 alrededor de 27 millones de personas seguían sin seguro médico y otros 85 millones dependían de programas públicos con coberturas limitadas, el potencial de expansión del acceso es considerable.

Frente a ese escenario, el documento reivindica el modelo europeo no como un obstáculo para la industria sino como un entorno de negocio estable y predecible. La diversidad de sistemas nacionales, lejos de ser una debilidad, ha generado aprendizaje cruzado y soluciones colaborativas que la regulación comunitaria está consolidando, como la evaluación clínica conjunta derivada del Reglamento de ETS, el Espacio Europeo de Datos de Salud, el Paquete Farmacéutico o la futura Ley de Biotecnología apuntan todos en la misma dirección, la de construir un marco más coherente, transparente y atractivo para el desarrollo, la producción y la comercialización de medicamentos innovadores.

Un mensaje claro a la industria

La conclusión que el NCAPR traslada a la industria farmacéutica es que el coste de cualquier presión al alza sobre los precios europeos, sea cual sea su origen, siempre acabará siendo evaluado con los mismos parámetros de beneficio clínico demostrado y coste-efectividad. Añadir tensión financiera a los sistemas sanitarios o aceptar una mayor incertidumbre sobre el valor de los nuevos productos con argumentos exclusivamente económicos va, en palabras del propio documento, “contra el interés a corto y largo plazo de todos los actores: pacientes, sociedad e industria por igual.”

Las autoridades europeas no cierran la puerta al diálogo. Al contrario, el texto subraya expresamente la disposición del bloque a trabajar con la industria en la identificación de necesidades médicas no cubiertas, en la definición de incentivos que orienten la innovación hacia donde su valor es mayor y en el establecimiento de un retorno justo para las compañías. Pero ese diálogo, advierten, debe partir de una comprensión real de cómo funcionan los mercados europeos, no de comparaciones simplificadas entre precios de catálogo o porcentajes de PIB que no reflejan la complejidad de lo que Europa ofrece.