El Ministerio de Sanidad ha ampliado, a través de una orden publicada este lunes en el BOE, los servicios del sistema público de salud. La norma refuerza los programas de cribado prenatal y neonatal del Sistema Nacional de Salud, incorporando nueve enfermedades adicionales a la denominada prueba del talón. Con esta actualización, el programa alcanza un total de 21 patologías detectables, incluyendo la inmunodeficiencia combinada grave y la adrenoleucodistrofia.
La orden ministerial lleva hasta los 74 años la población diana del cribado de cáncer colorrectal e incorporó la detección precoz de la preeclampsia durante el embarazo. Esta última se realizará mediante un test combinado en el primer trimestre que integra bioquímica, ecografía de arterias uterinas y tensión arterial. En el ámbito prenatal, Sanidad estandarizó también el uso del test de ADN fetal libre en sangre materna como prueba de segunda línea para detectar trisomías ante riesgos incrementados.
En materia de reproducción humana asistida, la normativa suprime el límite de 36 años en pacientes con fallo ovárico prematuro. Esta medida equiparó su acceso a la fecundación in vitro con ovocitos donados al del resto de supuestos, situando el límite en los 40 años. Asimismo, la norma garantiza la oferta universal a todas las embarazadas de pruebas de sífilis, VIH, hepatitis B y estreptococo del grupo B, mientras que las de hepatitis C, Chagas o Zika se ofrecerán según los grupos de riesgo.
Participación de los pacientes en genética
En otro ámbito, para reforzar la participación ciudadana, la norma modificó la composición del Comité Asesor en el Área de Genética. Los pacientes dispondrán por primera vez de dos vocalías representadas por federaciones de afectados, asegurando su intervención directa en el proceso de actualización de las prestaciones de la cartera común. Esta medida busca que los colectivos formen parte del modelo social de la salud que reconoce el impacto de los factores económicos y de salud mental en el bienestar.
La normativa modernizó la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública para dotarla de una capacidad de respuesta ininterrumpida ante posibles brotes o emergencias. Se articuló un sistema coordinado entre el Estado y las comunidades autónomas con cobertura las 24 horas del día durante los 365 días del año. Esta estructura priorizará la transparencia y la lucha contra la desinformación durante crisis sanitarias mediante canales de comunicación directos con la ciudadanía.
Monitorización de determinantes sociales
Bajo el nuevo enfoque de vigilancia, el Ministerio de Sanidad y las autonomías asumieron la responsabilidad de monitorizar la salud mental, el impacto ambiental y las adicciones. El sistema identificará señales de riesgo de forma precoz para actuar sobre las causas que generan desigualdades e inequidades en salud. Además, se armonizó la definición de rehabilitación funcional en línea con la Ley ELA para facilitar la autonomía en procesos de alta complejidad y curso irreversible.
Lilisbeth Perestelo: 
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE):