El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha analizado la situación del Sistema Nacional de Salud durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Fernández Sanz centró gran parte de su discurso en la necesidad perentoria de reformar el modelo de financiación autonómica en materia sanitaria, tras mostrar su disconformidad con la última propuesta abordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la cual recibió el rechazo de todas las autonomías excepto de Cataluña.
El máximo responsable de la sanidad castellanomanchega argumentó que el actual reparto económico basado en el criterio por habitante perjudica de forma directa a los territorios con gran dispersión geográfica y demográfica. A este respecto, el consejero afirmó que "nuestra financiación, que está por la cápita, está penalizándonos". Según detalló, las características estructurales de su comunidad autónoma obligan a mantener activos servicios fijos con costes muy elevados, con independencia del volumen de población atendida en cada localidad.
Fernández Sanz ilustró esta problemática con la gestión de la red hospitalaria y la asistencia continuada en las zonas rurales. La región cuenta con 14 centros hospitalarios con servicio de maternidad y en siete de ellos se registra un promedio de uno o menos partos al día. El coste de sostener estos dispositivos con equipos estables de ginecólogos, anestesistas, matronas y enfermeras es el mismo que en centros con mayor actividad, por lo que defendió que "en Castilla-La Mancha no puede costarte lo mismo la atención a un parto que puede costar en la Comunidad de Madrid".
El impacto de la dispersión
El consejero insistió en que el Gobierno central debe modificar los parámetros de distribución de los fondos públicos para asegurar la sostenibilidad de las prestaciones. Para Fernández Sanz, resulta obligatorio introducir criterios correctores que reflejen fielmente la realidad asistencial de cada autonomía. De este modo, manifestó que "el Gobierno de la nación tiene que pensar que la financiación no vale con la cápita; tiene que pensar que hay que meter el territorio, que hay que meter la demografía, que hay que meter la cronicidad, que hay que meter el envejecimiento".
La crítica del mandatario autonómico se dirigió también hacia las decisiones normativas adoptadas por el Ministerio de Sanidad que carecen de una memoria económica vinculante para las regiones. El consejero puso como ejemplo las negociaciones unilaterales del estatuto marco o la reforma de la categorización profesional, cuyos incrementos salariales terminan siendo sufragados en última instancia por las arcas autonómicas.
Fernández Sanz censuró esta falta de corresponsabilidad financiera por parte de la administración central. Al respecto, el consejero aseveró de forma explícita que "lo que no puede ser es que usted me invite y tenga que pagar yo; es que ni siquiera he podido elegir el restaurante". De acuerdo con su planteamiento, el Ejecutivo central establece el volumen de recursos personales o regula las jornadas laborales y traslada la obligación del gasto a las comunidades.
Inversión orientada al bienestar
La suficiencia financiera condiciona el cambio normativo hacia el nuevo Plan de Salud Horizonte 3.0 de la autonomía, orientado a la prevención y a la proactividad del sistema frente al modelo actual de carácter reactivo. Sin embargo, el consejero advirtió que una mayor inyección presupuestaria o la obtención del punto adicional del producto interior bruto solicitado por las comunidades autónomas no se traducirá en una mejora automática si se destina a las mismas fórmulas asistenciales.
Para el titular de Sanidad, los nuevos recursos económicos deben aplicarse de manera prioritaria a incidir sobre los hábitos de los ciudadanos y los condicionantes de salud, que representan el 90 % de la expectativa de vida frente al diez por ciento que aporta la actividad puramente asistencial. Fernández Sanz concluyó que "todo lo que tenga que venir, hay que dedicarlo a esa parte que no es enfermedad y que es persona", con el objetivo de reducir la morbilidad y optimizar la utilización de los recursos hospitalarios disponibles en los servicios públicos de salud.
Lilisbeth Perestelo: 
