El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha rechazado de forma expresa en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud las liquidaciones de los años 2023 y 2024 propuestas por el Ministerio de Sanidad. Esta decisión del Ejecutivo autonómico implica la negativa a abonar una factura adicional de 51 millones de euros vinculada al Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y al Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), dos herramientas de compensación económica interestatal que el País Vasco considera insuficientemente reguladas.
La postura vasca se fundamentó en un informe jurídico detallado que concluye que los actuales mecanismos de liquidación presentan deficiencias sustanciales en materia de seguridad jurídica, transparencia y estabilidad. Martínez afirmó que no resulta posible respaldar un modelo de compensación de esta magnitud sobre una base legal tan frágil y poco clara, calificando de irresponsable proceder al pago sin las garantías normativas adecuadas para el propio sistema público de salud.
La delegación vasca insistió en que esta oposición no supone una discrepancia coyuntural, sino una demanda estructural de reglas claras y criterios homogéneos que la comunidad lidera desde hace meses. El departamento autonómico recordó que el propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, admitió en la Comisión de Sanidad en octubre de 2025 la importancia vital de acometer este desarrollo legal ante los desequilibrios existentes, aunque el Ministerio de Sanidad no registró avances desde entonces.
La desproporción económica constituye otro de los ejes centrales de la argumentación del Ejecutivo de Vitoria. Según los datos oficiales de la administración autonómica, el País Vasco abonó 169 millones de euros al Sistema de Información de Cohesión entre 2012 y 2022. Esta cifra implica que, a pesar de que la comunidad autónoma representa únicamente en torno al cinco por ciento de la población del Estado, llegó a asumir cerca del 60 por ciento del total de las aportaciones del sistema, superando la suma conjunta de 13 comunidades autónomas.
Cinco argumentos jurídicos contra el modelo
El rechazo definitivo en el seno del Consejo Interterritorial se articuló formalmente en cinco motivos técnico-legales. En primer lugar, la consejería denunció la ausencia de debate previo en la reunión preparatoria del tres de julio, así como la parálisis en la constitución del grupo de trabajo técnico que se acordó crear en 2025 para abordar la reforma de los fondos.
A nivel estrictamente normativo, el informe jurídico alertó sobre la inseguridad legal que arrastra el sistema, ya que las sucesivas modificaciones introducidas mediante las Leyes de Presupuestos Generales del Estado alteraron la naturaleza original del fondo de cohesión. Esta inercia desplazó aspectos esenciales de su regulación a simples disposiciones presupuestarias de carácter coyuntural, acumulando saldos inciertos. Además, el FOGA carece de desarrollo reglamentario específico desde la entrada en vigor del Real Decreto ley 16/2012, de modo que los órganos de coordinación fijan los importes sin cobertura legal suficiente.
Por último, la administración autonómica advirtió del riesgo de extralimitación competencial de ciertos órganos administrativos que dictaron actos con efectos jurídicos sin rango normativo, al tiempo que censuró la perpetuación de un régimen transitorio que se consolidó de facto por la prórroga de las cuentas estatales.
A la posición defendida por Euskadi en el Consejo Interterritorial se sumó también la Comunidad de Madrid, que expresó coincidencia respecto a las carencias del marco jurídico. Para el consejero Martínez, la incorporación de nuevos territorios a esta reclamación demuestra que la preocupación por la equidad y la transparencia no responde a un interés particular, por lo que reiteró su disposición a participar en la modernización del sistema siempre que se aborde la reforma legal con plenas garantías.
Lilisbeth Perestelo: 
