Farmaindustria ha trasladado a las formaciones políticas tres propuestas para que el Gobierno sitúe la sanidad entre sus prioridades durante la próxima legislatura. La iniciativa busca responder a desafíos como el envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad, aprovechando al mismo tiempo el potencial de la innovación biomédica, los datos de salud y las nuevas tecnologías. La entidad estimó que, bajo un marco regulatorio predecible y competitivo que estimule la inversión, España podría atraer 21.500 millones de euros entre 2027 y 2030, alcanzar 30.000 millones en exportaciones y sumar 81.000 empleos directos en el sector en 2030, con un ritmo de 4.600 contrataciones anuales.
La primera propuesta plantea aumentar progresivamente un punto del Producto Interior Bruto (PIB) la inversión pública en Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas. La patronal señaló que este incremento permitirá modernizar el sistema y elevar su capacidad asistencial con vistas a la adopción de innovaciones. Con esta dotación adicional se persigue reforzar la prevención mediante cribados, diagnóstico temprano e inmunización, junto con la medición de resultados en salud, la consolidación de modelos de financiación basada en valor y la adecuación de infraestructuras.
El segundo compromiso formulado a las fuerzas políticas persigue un acceso más rápido y equitativo a los medicamentos innovadores. En este ámbito, la organización reclamó cumplir con la directiva europea que establece la resolución sobre financiación pública en un plazo máximo de 180 días, habilitando una vía rápida de 90 días para innovaciones prioritarias. Asimismo, la medida pretende suprimir las diferencias territoriales y elevar el acceso efectivo a las terapias autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
El documento destacó que España ocupa una posición de referencia en el desarrollo de ensayos clínicos, pero precisó que todavía debe progresar en la disponibilidad efectiva de los tratamientos. Esta agilización resulta necesaria para que los fármacos contribuyan a mejorar la salud y la productividad de los ciudadanos. Por ello, la entidad instó a sincronizar el potencial investigador con los procedimientos administrativos de incorporación terapéutica.
La tercera línea de actuación demanda que la investigación biomédica y la autonomía estratégica adquieran rango de políticas de Estado. Entre las propuestas concretas figura el refuerzo de los ensayos clínicos mediante un mayor uso de la tecnología y una participación más amplia de la atención primaria, además de la creación de reservas estratégicas para medicamentos críticos. Igualmente, la industria demandó que se compute la huella industrial e investigadora en las políticas públicas y que España se consolide como referente en el uso secundario de datos de salud para la investigación.
Retorno económico y estabilidad presupuestaria
Con la aplicación de estas medidas, la organización aseguró que el país afianzará su excelencia científica, logrará mayor seguridad en el suministro, impulsará empleo cualificado y ganará capacidad de respuesta ante futuras crisis sanitarias. La patronal defendió que estas medidas representan una oportunidad relevante frente al actual contexto de incertidumbre geopolítica y transformaciones regulatorias en el terreno sanitario y farmacéutico.
El planteamiento de la patronal se apoya en los resultados del informe ‘Cómo los medicamentos innovadores contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario’, que atribuye al sector una aportación económica superior a los 27.400 millones de euros anuales al Estado a través de ingresos fiscales y ahorros en otras partidas públicas. El texto reflejó que el peso de los medicamentos en el gasto público cayó del cuatro por ciento registrado en 2003 al 3,4% en 2024, en tanto que su peso relativo sobre el PIB permaneció estable en el 1,6% a lo largo de las últimas dos décadas.
A la vista de estos datos, Farmaindustria sostuvo que resulta viable incrementar la inversión farmacéutica e intervenir ante la cronicidad y el envejecimiento sin comprometer la sostenibilidad presupuestaria. El informe estimó que una subida sostenida de la inversión sanitaria de un punto del PIB, orientada a situar el gasto en el 7,5% en 2035, incrementaría el PIB español en más de 200.000 millones de euros durante dicho periodo. Las propuestas fueron remitidas a los partidos con el propósito de incorporarlas a las agendas de la próxima legislatura.



César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.:
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia:
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.:
Lilisbeth Perestelo: