BMJ: el divorcio entre ciencia y políticas públicas cuesta vidas

Un duro editorial de la revista British Medical Journal (BMJ) acusa a políticos y gobiernos de anular la ciencia a costa de la salud pública. En el mismo, Kamran Abbasi, director ejecutivo de BMJ, acusa a gobernantes y políticos de escudarse en el interés público para acelerar la disponibilidad de herramientas de diagnóstico y tratamientos para Covid-19 mientras que adoptan de soslayo un comportamiento “perturbador”.

Según Abbasi, la pandemia ha desencadenado la corrupción a gran escala, con graves consecuencias en la salud pública. “La pandemia ha expuesto cómo el complejo médico-político puede ser manipulado durante una emergencia, precisamente cuando más importante es poner a salvo la ciencia”, escribe.

Reino Unido y España, hermanados en el secretismo

El primer ejemplo de ese divorcio o manipulación lo protagoniza Reino Unido, donde el comité científico asesor del gobierno fue secreto hasta que la prensa consiguió filtrarlo. Hasta ese momento, no se conocieron sus integrantes, reuniones ni el contenido de sus deliberaciones. 

Tal y como explica el editorial, lo mismo ha sucedido en España, aunque aquí no ha habido filtración y sigue sin saberse nada del presunto comité asesor del gobierno. Cuando se les ha solicitado información al respecto, las autoridades se han negado a responder o han ofrecido excusas como que los medios de comunicación ejercerían presión sobre ellos (dicho por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que después diría que prefería no nombrarlos porque “la lista es larga”). 

El pasado 15 de octubre, el editor de otra publicación científica, The Lancet, se quejaba de que el autor de una investigación publicada por ellos, había recibido instrucciones del gobierno para guardar silencio ante la prensa “debido al difícil ambiente político”.

Las notas de prensa

Tanto los gobiernos como la industria deben dejar de anunciar políticas a golpe de nota de prensa “que dejan a la ciencia, los medios y los mercados financieros expuestos a la manipulación”, advierte. 

La publicación abierta y clara, anticipada, de los fundamentos científicos de las políticas que se adopten, las compras que se hagan y los “fármacos maravilla” es un requisito fundamental. 

Las exigencias son altas para políticos, asesores científicos y responsables designados por los gobiernos. “Sus carreras y cuentas bancarias pueden depender de las decisiones que adopten, pero tienen una responsabilidad por encima de todas, con la población”, escribe. 

Seleccionar solo la evidencia que conviene, suprimir la ciencia, ya sea retrasando publicaciones, haciendo callar o ignorando a los científicos se traduce en más muertes, ya que se expone a la población a medidas ineficaces y les impide acceder a las que de verdad lo son. 

“Lo que diga la ciencia”

“Los políticos suelen decir que siguen las indicaciones de la ciencia, pero es una simplificación que deforma la realidad. La ciencia rara vez es absoluta, rara vez aplicable a todas las poblaciones. No tiene sentido seguir la ciencia o la evidencia de forma literal”, denuncia Abbasi.

Una manera más adecuada de enfocar la acción en este marco sería estar informados y “orientados” por la ciencia en las decisiones que atañen a la salud pública. No obstante, solo se mantiene la confianza del público y de los profesionales si la ciencia está disponible para su escrutinio público libre de influencias políticas, si el sistema es transparente y si no existen conflictos de interés. 

La FDA

Lamentablemente -prosigue el editorial- la supresión de la ciencia no es ni mucho menos un fenómeno exclusivamente británico. 

“El gobierno del presidente Trump manipuló a la FDA -la agencia estadounidense del medicamento- para que aprobara de forma precipitada fármacos cuya eficacia no estaba probada: hidroxicloroquina y remdesivir”. 

“En todo el mundo, personas, políticas y adquisiciones se ven corrompidas por intereses comerciales y políticos”, añade. En el caso de Reino Unido, apunta la existencia de conflictos de interés de ciertos asesores del gobierno que participan en compañías productoras de pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas”, denuncia el editorial. 

El gobierno sigue pudiendo elegir la evidencia más conveniente para favorecer a sus amigos y socios, añade.

¿Hay remedio?

El primer paso para proteger la ciencia en estos tiempos convulsos es, según el autor, transparencia total en cuanto a conflictos de interés en los gobiernos, en los representantes políticos, los consejeros científicos y responsables de actividades como rastreo, adquisición de pruebas de diagnóstico y vacunas. 

El siguiente paso sería la transparencia “absoluta” en cuanto a los sistemas y procesos para la adopción de decisiones, y que se sepa en todo momento qué personas son responsables de cada acción. 

En una de las poca afirmaciones positivas del texto, el autor indica que “es posible que exista experiencia sin conflictos de interés”.

Para terminar, Abbasi recuerda que “algunos de los peores autócratas y dictadores de la historia han desplegado una entusiasta politización de la ciencia”.

“Cuando se suprime la buena ciencia, la gente muere”, concluye.