Csif augura que más de 50.000 sanitarios perderán su ‘contrato Covid’

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) asegura “se van pueden producir en toda España” unos 50.000 despidos de sanitarios tras la finalización de los denominados ‘contratos Covid’. Ello se suma, según datos del sindicado, a lo más de 13.000 que e efectuaron el pasado 13 de septiembre.

Así lo ha asegurado este lune, el presidente del sector de Sanidad de la central sindical, Fernando Hontangas, quien, ha asegurado que “no estamos de acuerdo con que estos profesionales sean despedidos, porque las listas de espera que se han generado a partir de la pandemia ha aumentado muchísimo”.

Según Hontangas, en el pico de la pandemia se realizaron 94.000 contratos, el mes pasado se despidió a 13.311 sanitarios, por lo que nuestra estimación es que más de 50.000 contratos no están asegurados”. En su estimación asegura que “las Comunidades van a mantener lo contrato en función de la pandemia, con lo cual si la pandemia, baja estas personas serán despedidas”.

Aunque el responsable del sector sanitario indica que “ojalá la pandemia baje”, considera que las plantillas van a quedar desmanteladas.

Por ello, Csif, se ha dirigido al Ministerio de Sanidad para abordar “de manera urgente la situación de deterioro de los centros de salud en toda España como consecuencia del déficit de personal, falta de inversiones y la situación de colapso generada durante la pandemia y que ahora lastra su funcionamiento”.

El Covid, indica Hontangas demostró que· no estábamos preparados para afrontar una crisis de esa magnitud, en gran parte por los recortes aplicados en la sanidad durante los últimos años. Y ahora que la pandemia está evolucionando de manera positiva, vemos que los centros de salud se han quedado ‘tocados’ y no se encuentran a punto para recuperar la normalidad”

Ante esta situación y las quejas de CSIF, el ministerio se reunirá con los sindicatos de las tres mesas específicas sobre Atención Primaria, temporalidad y condiciones laborales, para los próximos días 4, 11 y 18 de noviembre. Además, CSIF se dirigirá al Defensor del Pueblo para que también evalúe la situación.

Por otra parte, Hontagas afirma que “vemos con preocupación la insuficiente oferta de formación sanitaria especializada: 10.634 plazas, un 3,8 por ciento más que el año anterior y muy lejos del 20 por ciento que reclamamos desde CSIF”.

Igualmente, “hay un déficit de tutores de formación especializada, tanto por la carencia estructural en las plantillas de profesionales, como por el escaso reconocimiento. A esta circunstancia se suma la elevada media de edad de este colectivo, con una previsión de jubilaciones elevada en los próximos 5 a 10 años”.

En cuanto al gasto sanitario en Atención Primaria, éste se redujo en un 13 por ciento entre 2009 y 2018 (Informe Amnistía Internacional: “La otra Pandemia. Entre el abandono y desmantelamiento: El derecho a la Salud y la Atención Primaria en España”. Febrero 2021) desatendiéndose las recomendaciones de organismos internacionales que recomiendan alcanzar el 25 por ciento del gasto sanitario total. El gasto sanitario público por habitante en España se encontraba en 2018 más del 15 por ciento por debajo de la media de la Unión Europea.

En la misma línea, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 carecen de la inversión necesaria para el Marco Estratégico de Atención Primaria (AP) ya que sería necesario invertir más de 1.600 millones de euros (10 veces más de lo previsto) el próximo añosegún un análisis realizado por CSIF sobre el marco presupuestario de la Sanidad.

Así, “denunciamos que para 2022, el presupuesto que se destinará a AP es un 2,6% de todo el presupuesto destinado a política sanitaria, teniendo en cuenta además que según datos de la estadística de gasto sanitario 2019, publicado en marzo de 2021 por el Ministerio de Sanidad, el gasto sanitario medio destinado a Atención Primaria por las CCAA es 14%, muy lejos del 25% demandado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los organismos internacionales”, asegura el sindicado.

Los PGE “tampoco recogen el déficit actual de profesionales ni la necesidad de dimensionar las plantillas para equipararnos al resto de países europeos. Sin una financiación adecuada no se van a cubrir los recursos necesarios para garantizar el acceso al derecho a la salud de la ciudadanía”.