La situación generada en torno a Muface se ha convertido en otra piedra caliente para el Gobierno, que este mismo jueves a las 12:00 de la mañana va a intentar reconducir la situación generada tras la negativa de las principales aseguradoras (Asisa, DKV y Adeslas) a participar en la licitación de una oferta para hacerse cargo de los servicios muy por debajo, a su entender, de los costes reales que supone la atención. La reunión, organizada por el Ministerio de Función Pública, no será con el sector asegurador, sino con los sindicatos a los que explicará lo que va a hacer para paliar la actual situación. Desde los sindicatos se mantiene una espera tensa para conocer las intenciones del ministro Óscar López, si bien, desde alguno de los ya mayoritarios, es el caso de CSIF, se ha anunciado que el día 11 saldrá a la calle.
La reunión deberá plantear qué va a hacer el Estado, con la cobertura sanitaria y los pasos a seguir una vez que la propia Muface ya ha anunciado que se convocará una nueva licitación. Un nuevo concurso, aún no se sabe con qué condiciones y en el que cabe prever que se presenten otras aseguradoras.
Por el momento el escenario es de incertidumbre. Desde Muface se anunciaba el martes vía comunicado que los 1,5 millones de mutualistas recibirán las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad. Para ello el Ministerio echará mano de la ley de Contratos del Sector Público que contempla que, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo, se podrá prorrogar el contrato originario por un periodo máximo de nueve meses. Es decir, el Gobierno podría forzar a las tres aseguradoras que han participado en el convenio actual a seguir prestando los servicios sanitarios durante ese tiempo como máximo.
Desde los sindicatos la actitud hasta el momento es de espera. Por parte de UGT se asegura que se irá a la reunión con el ánimo de exigir que se mantenga la exigencia de la calidad en el servicio; CC.OO. ha mandado un mensaje de “tranquilidad” manifestando que Muface seguirá garantizando la atención. El único, entre los mayoritarios, que se sale de la norma es sindicado CSIF, mayoritario entre los funcionarios. Por el momento tiene ya planteada una manifestación para el día de 11 de este mes, en contra de la actual situación que se ha generado, según el propio sindicando, entre otras razones porque “la oferta del Gobierno era cicatera”
Mientras tanto Muface debe iniciar una nueva licitación (cabe prever que en plazos más cortos y marcados por ese periodo máximo que las aseguradoras deberán prestar servicios), en la que puedan concurrir las aseguradoras, y con una base económica más elevada. La segunda opción pasa porque el millón y medio de funcionarios que ahora atiende el sistema de mutuas deberían ser absorbidos por la sanidad pública. El Ministerio de Sanidad está preparando ya un estudio de impacto, ya que como asegura el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla en redes sociales “no parece ninguna marcianada pensar en que los empleados públicos de un país sean atendidos por la sanidad pública de este país”. Sin embargo, la llegada de 1,5 millones de personas, además de familiares a cargo a un SNS que no atraviesa en su mejor momento, en un plazo inferior a nueve meses, puede ser al menos un poco complejo.
Y si el Ministerio de Sanidad prepara un estudio de impacto, las CC.AA. deben abordar también con preocupación la actual situación. Por el momento, desde el ámbito sanitario autonómico la situación es de cautela y todas las voces se centran en confiar en que Muface pueda resetear la oferta y alcanzar una licitación viable, haciendo hincapié en el ‘plazo’ que la ley de Contratos obliga a mantener el servicio a las aseguradoras como base para ganar tiempo de cara a una nueva oferta basada en la negociación con las aseguradoras. Sobre la carga sanitaria que deberían asumir los servicios autonómicos, prefieren no pronunciarse: “la ministra ya nos aseguró en el CISNS que no había plan B”, aseguran.
