La directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, aborda en esta entrevista la preocupante situación actual del modelo Muface y su impacto en la sanidad privada. Con datos impactantes, Villanueva expone cómo la infrafinanciación histórica y la sobrecarga del sistema sanitario público están poniendo en jaque la viabilidad de este modelo y comprometiendo la calidad asistencial. Además, defiende la importancia de la colaboración público-privada para garantizar la sostenibilidad del sistema y mantener la equidad y accesibilidad en la atención sanitaria. En un momento en el que la sanidad enfrenta desafíos sin precedentes, la voz de la Fundación IDIS es clara: preservar el equilibrio entre ambos sectores es crucial para el bienestar de los ciudadanos.
Pregunta. Desde la Fundación IDIS, ¿cuál es la visión sobre la situación de Muface y sus implicaciones en la sanidad privada?
Respuesta. Nuestro posicionamiento se ha reforzado tras conocer el informe del Ministerio de Sanidad publicado el lunes, que sugiere la incorporación de los usuarios de Muface a la asistencia sanitaria pública. Un informe que conceptúa la transición como posible, viable y razonable, pero ante esta situación, la Fundación IDIS debe posicionarse. Las listas de espera en el sistema público han alcanzado cifras sin precedentes en los últimos años: el número de pacientes en lista de espera quirúrgica se ha duplicado y el de consultas se ha triplicado en comparación con hace ocho años. La situación actual ya es algo inadmisible. Actualmente, la espera media para una intervención quirúrgica se sitúa en 121 días y para una primera consulta con especialista en 94 días. El sistema está al borde del colapso absoluto y no es capaz de dar respuesta y, por tanto, no puede asumir una carga asistencial adicional sin comprometer su sostenibilidad, equidad y, sobre todo, la calidad de la atención. Incorporar a un millón de funcionarios y sus beneficiarios agravaría un sistema ya frágil y sobrecargado, lo que conllevaría un impacto negativo en todos los indicadores asistenciales. No solo es una cuestión de recursos adicionales, hay una serie de cuestiones estructurales que impiden la correcta capacidad del SNS.
P. Ante la ausencia de licitaciones en Muface, ¿cuál es la propuesta de la Fundación IDIS para solucionar esta situación?
R. El modelo de mutualismo administrativo ha funcionado durante décadas, pero históricamente ha estado infrafinanciado. Actualmente, la inversión pública per cápita se sitúa en 1.736 euros, mientras que la destinada a las mutualidades apenas alcanza los 1.000 euros, incluso con los incrementos recientes. Esta diferencia sustancial en la financiación es una de las razones por las que las compañías aseguradoras no pueden presentarse a las licitaciones, ya que no es posible mantener la calidad asistencial sin una financiación adecuada. El modelo Muface funciona, lo que no funciona es su financiación. Desde la Fundación IDIS, lo que pedimos es una reflexión profunda y una revisión del modelo que permita dotar al mutualismo administrativo de los recursos necesarios para garantizar su viabilidad. Cabe recordar que el 70% de los funcionarios eligen de manera libre la atención privada, un hecho que refleja la confianza y la percepción de mayor seguridad que sienten con este tipo de cobertura. Preservar este modelo es esencial no solo por la elección de los usuarios, sino por su contribución al equilibrio del sistema sanitario en su conjunto.
______
“En la última década, la inversión pública por persona ha crecido un 53%, mientras que el presupuesto destinado a las mutualidades solo ha aumentado un 32%”
______
P. ¿Es, entonces, un problema meramente económico o hay otros factores en juego?
R. Detrás de las decisiones de no presentarse a la licitación está que es un modelo infrafinanciado, lo que hace insostenible e inviable el sistema.
P. Pero esta decisión llega justo cuando el Gobierno ha realizado un esfuerzo importante, incrementando de manera sustancial las cuantías…
R. Hay un cúmulo de circunstancias. La infrafinanciación es un problema que se ha arrastrado durante años y no puede resolverse con incrementos puntuales. En la última década, la inversión pública por persona ha crecido un 53%, mientras que el presupuesto destinado a las mutualidades solo ha aumentado un 32%. Este desfase financiero está provocando pérdidas estimadas en 200 millones de euros anuales, lo que, a largo plazo, pone en riesgo la continuidad de un modelo con calidad asistencial que ha demostrado ser eficaz y demandado.
______
“La acusación de una selección de riesgos es radicalmente falsa y resulta dolorosa y ofensiva para las entidades aseguradoras”
______
P. ¿Y saben cual es el origen de esa infrafinanciación? ¿Económica, de gestión o política e ideológica?
R. Los motivos los desconozco. Supongo que la entidad financiadora tendrá sus razones, pero lo cierto es que no se financia adecuadamente ni como debiera.
P. El informe del Ministerio señala que las aseguradoras practican una selección de riesgos, evitando a pacientes con patologías más complejas. ¿Cuál es la valoración de IDIS sobre esta afirmación?
R. Esta acusación es radicalmente falsa y resulta dolorosa y ofensiva para las entidades aseguradoras. Las aseguradoras trabajan para atender a todos los funcionarios que eligen la sanidad privada de manera libre y consciente, sin discriminar por edad o enfermedad. De hecho, los datos muestran que el 31% de los usuarios de Muface que optan por la sanidad privada tienen más de 65 años, mientras que solo el 20% de los mayores de esa edad eligen el sistema público. Este hecho refleja claramente la libertad de elección y demuestra que no existe una selección de riesgos como sugiere el informe. No hay ningún dato objetivo que nos lleven a pensar en que pueda existir una selección de riesgos. Las aseguradoras están comprometidas a proporcionar atención de calidad a todos los pacientes, sin excepciones, y esa es una de las razones por las que los funcionarios siguen confiando en este modelo.
______
“Los datos muestran que el 31% de los usuarios de Muface que optan por la sanidad privada tienen más de 65 años, mientras que solo el 20% de los mayores de esa edad eligen el sistema público”
______
P. Adicionalmente al asunto de Muface, desde el Ministerio de Sanidad también se quiere limitar la gestión indirecta y la colaboración con la sanidad privada a través de conciertos. ¿Cómo impactaría todo este sobre su sector?
R. En España, el sistema sanitario se sustenta en la coexistencia de un sector público y un sector privado que colaboran estrechamente. Esta colaboración es imprescindible para garantizar la cobertura y la accesibilidad a los servicios de salud, complementando los recursos que el sistema público no puede ofrecer, por lo que defendemos una imprescindible colaboración público-privada para dar cumplimiento al mejor sistema sanitario. Durante la pandemia, quedó patente que la sanidad privada es un pilar esencial del sistema, ayudando a absorber la presión asistencial. En la Fundación IDIS defendemos la necesidad de normalizar esta colaboración público-privada para fortalecer el sistema y garantizar la equidad en el acceso a la sanidad donde el sistema público no llega.
P. ¿Podría la sanidad privada sobrevivir sin Muface y sin los conciertos públicos?
R. El sector privado ha demostrado ser resiliente y capaz de adaptarse para mantener la calidad asistencial, incluso en escenarios adversos, como se refleja en nuestro informe de Resultados Sanitarios. Sin embargo, el objetivo de la Fundación IDIS no es que la sanidad privada actúe de manera independiente, sino fomentar un sistema que combine y aproveche lo mejor de ambos sectores.
______
“El sistema está al borde del colapso absoluto y no es capaz de asumir una carga asistencial adicional sin comprometer su sostenibilidad, equidad y, sobre todo, la calidad”
______
P. Pero, ¿no cree que hay que habría impactos en cuanto a reducción de puestos de trabajo o posible desaparición de la asistencia privada en algunas zonas…?
R. Efectivamente, habría un impacto para la accesibilidad y el funcionamiento del sistema sanitario global. El impacto también se sentiría en la economía nacional, con posibles reducciones en los puestos de trabajo y un deterioro general de la respuesta sanitaria. Si se interrumpiera la colaboración público-privada, las dificultades de acceso y la carga asistencial en el sector público se incrementarían aún más, poniendo en riesgo el bienestar de los ciudadanos.
P. ¿Quiénes serían los más perjudicados en caso de un colapso del sistema de colaboración entre lo público y lo privado?
R. Los principales perjudicados serían, sin lugar a dudas, los ciudadanos.