La Estrategia de la Industria Farmacéutica (EIF) ha logrado varios ‘imposibles’ muy positivos para el futuro de la prestación farmacéutica, pero también existe alguna cuestión negativa que puede condicionar de forma relevante esta prestación e incluso afectar a las funciones y actividad del Ministerio de Sanidad o el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Empecemos por los puntos positivos. En primer lugar, creo que sentar en la mesa a cuatro ministerios y a las principales patronales del ámbito industrial para analizar los problemas que achacan al sector y proponer soluciones, y darle seguimiento a través de una Comisión Interministerial que gobierne la EIF es algo inédito y permitirá que la visión de Sanidad pueda permear de mejor manera en otros departamentos menos sensibles. También creo que es muy relevante la creación de la Comisión Mixta Administración-Industria, que facilitará un entorno de diálogo permanente e intercambio de visiones e información que estoy convencido de que será muy fructífero. Y, en tercer lugar, creo que es un hito relevante el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo, que haya concretado y publicado un extenso documento con diagnóstico y propuestas de cambio consensuadas.
Valorar positivamente lo conseguido es algo obvio al ver la unanimidad en esta valoración con la que la industria en toda su extensión ha calificado el resultado. Igualmente, debe ser visto positivo por los cuatro ministerios implicados ya que, de otro modo, se hubiera retrasado o nunca hubiera visto la luz.
Entrando a valorar las medidas concretas recogidas en el documento, cabe señalar que la amplitud de aspectos abordados en la EIF impide en la mayoría de los casos concretar y detallar todo lo deseable. Por tanto, habrá que esperar a que se formulen las correspondientes modificaciones legislativas para analizar en profundidad la viabilidad de algunas de las cuestiones planteadas, así como su idoneidad. La primera de ellas, el futuro real decreto de financiación y precio de medicamentos, ha empezado a andar este mismo jueves y próximamente se conocerá la Ley del Medicamento. En cualquier caso, es de esperar que, a la vista de los detalles, la unanimidad alcanzada entre la industria y el entusiasmo mostrado empiece a resquebrajarse especialmente en los asuntos donde son sectores en competencia, con visiones, necesidades y propuestas muy diferentes. No será signo de fracaso de la estrategia ni de las propuestas, será algo lógico.
Papel de la CDGAE
Pero como decía al principio, hay otras cuestiones que creo que deben llamar a la reflexión y ser repensadas. Se trata de cambios respecto de la situación legal actual que, desde mi punto de vista son negativas. La principal que yo veo es la excesiva participación que se da a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) en asuntos que tienen una clara y nítida implicación sanitaria. Diría que casi en exclusiva.
El texto de la Estrategia de la Industria Farmacéutica plantea lo que podría ser entendido como una delegación de parte de la prestación farmacéutica, competencia del Ministerio de Sanidad, hacia la CDGAE. Será este organismo económico el que, según lo establecido en la EIF, debería aprobar diversas guías, procedimientos e incluso el desarrollo de los criterios de financiación. Creo que es algo que no tiene sentido y que sería necesario reconducir.
No puede ser que en aspectos tan importantes como el desarrollo de los criterios de financiación o los procedimientos para la evaluación, financiación y precio de los medicamentos, la última palabra, la aprobación, quede en manos de un órgano puramente económico. De este modo, Sanidad queda como el Ministerio que propone para que la CDGAE disponga. Y no estoy de acuerdo. Sanidad debe tener competencias decisorias en materia de medicamentos y no se las puede ni debe quitar ningún otro organismo.
Es cierto que muchas cuestiones que aprueba el Gobierno pasan ya por la CGGAE, y que en la práctica deben contar con su visto bueno para su tramitación, pero eso es una cosa y otra es que la competencia sobre la aprobación de los criterios de financiación, procedimientos y guías se traslade al ámbito económico del Gobierno de manera que sea solo la visión economicista la que se tenga en cuenta. Todos estos criterios, guías y procedimientos deben quedar siempre bajo el paraguas de Sanidad, aunque haya que pedir permiso a Hacienda y la CDGAE, como lamentablemente viene sucediendo durante lustros.
Esta situación se agrava aún más al revisar la composición de la CDGAE. En ella participan 15 ministerios y entre ellos no está Sanidad. Por ese motivo, y partiendo de la premisa que creo que no se debe quitar la competencia a Sanidad, ¿por qué no se ha dado peso en esta cuestión a la Comisión Interministerial creada en la propia estrategia? El resultado hubiera sido mucho menos desalentador.
Con todo esto, la CDGAE pasaría de ser un ‘Gran Hermano’ que todo lo ve, a quien hay que informar y que siempre opina, como ha ocurrido con cada texto legislativo con implicaciones farmacéuticas y económicas en los últimos años, a convertirse en el órgano decisor, ya que siempre tendría la última palabra, en aspectos clave de la política farmacéutica..
José María López Alemany es director de Diariofarma.