Tras dejar pasar dos trenes, el de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, donde incorporar las modificaciones de la Ley de Garantías que el Ministerio de Sanidad había acordado con la industria a cambio de la firma de sendos protocolos con Farmaindustria y Aeseg, el ministro de Sanidad ha asegurado que está buscando una ley en la que incorporar esos cambios.
Alonso ha explicado que es difícil ya que hay que encontrar una norma en la que pueda encajar la modificación legal que se propone. Y eso que ya ha conseguido todas las bendiciones necesarias tanto en el ámbito del Ministerio de Hacienda como en la Oficina Económica del Presidente.
Uno de los pocos trenes que podría cogerse, la Ley de Presupuestos, está descartada porque según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no se puede utilizar esta ley de forma indiscriminada para modificar otras ni crear tributos. El asunto es que, una de las cuestiones pendientes que quiere dejar resueltas Alonso es la eliminación de la Ley de Garantías del copago farmacéutico hospitalario, que fue incorporado por el Real Decreto-ley 16/2012. Los otros asuntos son los ya conocidos por el sector: la eliminación de la prioridad de dispensación del genérico a igualdad de precio, la eliminación del límite de descuentos que se puede realizar a las farmacias y la prohibición de que las marcas puedan utilizar, sin estudios de bioequivalencia, las siglas EFG. Además, se autorizaría a la Comisión de Precios para la evaluación, y subida, de precios de determinados medicamentos que son deficitarios para la industria y se venden claramente por debajo de coste.
En cualquier caso, por las palabras de Alonso, parece que el Ministerio de Sanidad no tira la toalla, a pesar de que incluso se haya aprobado Texto Refundido de la Ley de Garantías. Alonso ha indicado que las medidas previstas son también "importantes" para el sistema. Algo que está muy claro ya que la aprobación de las mismas allanaría el terreno para la firma de los acuerdos con Farmaindustria y Aeseg con el objetivo de controlar el crecimiento del gasto en medicamento, algo que ha sido comprometido con la Comisión Europea y que el Gobierno estimó en un impacto de 1.000 millones de euros.
