La Universalización de la asistencia sanitaria por la que se están afanando algunos de los nuevos gobiernos regionales podría dar lugar a graves problemas, incluso en la esfera personal, a los consejeros de Sanidad y resto de miembros de los Consejos de Gobierno autonómicos, que tomen dicha decisión. La advertencia, ha llegado en palabras del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, en su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para presentar los presupuestos del Ministerio de Sanidad.
Moreno ha explicado que una mala ejecución regulatoria de esa universalización podría poner en marcha de nuevo (ya lo estuvo en 2011 y se paralizó con el Real Decreto-ley 16/2012) un dictamen motivado y una sentencia del Tribunal Europeo que no solo supondría multas millonarias para España, sino que daría lugar a una suspensión de la entrega a nuestro país de todo tipo de fondos europeos mientras que no se corrigiera la situación. De este modo, Moreno ha advertido que la responsabilidad iría cayendo en cascada del Gobierno de España a la comunidad autónoma y de ahí a los consejeros, quienes tendrían "responsabilidad patrimonial" por la pérdida de cientos o miles de millones de euros que esa medida podría llegar a suponer para España. "A ver quién asume que por la decisión que alguien ha tomado en una comunidad autónoma, España se queda sin fondos europeos", ha indicado para continuar remarcando que "el tema no es menor".
Por ese motivo, más allá de la posible inconstitucionalidad, por invasión de competencias, que tendrían algunos de los decretos y órdenes que están preparando las comunidades autónomas, Moreno ha advertido que el Gobierno está examinando con lupa todo lo que hacen las autonomías ya que las consecuencias que podría tener sobre España serían enormes.
El secretario general de Sanidad ha explicado que, según la normativa española y, en concreto, la Ley de Extranjería, "los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables". De este modo, todos los ciudadanos europeos que cumplan las mismas condiciones que un inmigrante de cualquier país africano, tendría el mismo derecho a asistencia sanitaria. Por ello, si en alguna autonomía se le negara a un alemán una tarjeta sanitaria que se ha entregado a un guineano, se estaría incurriendo en la problemática que llevaría a una sanción contra nuestro país. Algo que ya habría sucedido antes de 2011 en Andalucía y Comunidad Valenciana, lo que justificó la apertura del dictamen motivado a nuestro país.
Para poner orden en todo eso, el Gobierno aprobó en 2012 el RDL 16/2012, una regulación que "obviamente no se va a derogar por este Gobierno", ha explicado Moreno, quien también se ha preguntado por la necesidad de derogar una norma que, según él tiene muchos beneficios. "¿Por qué se va a derogar una norma que evita el turismo sanitario no regulado, que ahorra 2.000 millones de euros en farmacia, que nos situó en la media de consumo farmacéutico de la UE, o que garantiza la prestación a pacientes que habían perdido su trabajo y habían perdido la prestación?", se ha preguntado. Eso sí, ha reconocido que "no es perfecto, y que algunas cuestiones que son mejorables". Un ejemplo es el copago farmacéutico hospitalario que se va a derogar mediante una enmienda en una próxima Ley, al igual que las modificaciones pactadas con la industria farmacéutica, ha explicado.
Amenaza inadmisible
El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, ha considerado una "amenaza inadmisible" la advertencia de Moreno. Según él, “las comunidades autónomas lo hacen en el marco de sus competencias y el que debe rectificar su posición equivocada es el Gobierno”. Martínez Olmos ha explicado que el Ejecutivo está nervioso porque “la iniciativa de las comunidades autónomas les ha desmontado su estrategia electoralista”, tras el anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de que iba a dar asistencia a los inmigrantes. Ante esta situación, según ha avanzado Martínez Olmos, el Grupo Parlamentario Socialista va a pedir la comparecencia del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
