Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma
Creo que uno de los peores problemas que tiene la Sanidad española, más allá de su financiación, es la falta de cohesión y de equidad. Con el paso del tiempo lo que era una transferencia de la gestión de la sanidad a las 17 comunidades autónomas se ha convertido en la creación de 17 sistemas regionales de salud que poco o nada tienen que ver unos con otros. Una situación en la que, al final, quienes pierden en muchos casos son los ciudadanos.
Con la crisis económica esta situación se ha agravado de forma importante y no solo han perdido los pacientes en cuanto a la asistencia que reciben en su comunidad autónoma en relación a la que otros pacientes en su misma situación reciben en otros lugares. Para mí, una de las cosas más graves que se han producido es la sensación de pérdida de una sanidad española en la que cualquier español (o residente) tiene derecho a ser atendido en cualquier lugar del país. Parece casi más sencillo obtener una asistencia en cualquier país de Europa que en la comunidad autónoma de al lado.
Pero esa situación surrealista que estábamos viviendo, podría, debería, tener los días contados. Y no se hace restando competencias de gestión a las comunidades autónomas, sino dando al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y a todos sus miembros, la potestad de reclamar el cumplimiento de lo que ellos mismos hayan acordado. Parece lógico que se exija el cumplimiento estricto de los acuerdos a los que uno llega.
Pues bien, esto será posible a partir del próximo mes de octubre cuando entre en vigor la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se aprobó en los últimos coletazos de la legislatura anterior a la última fallida.
Yo me enteré de esta ley y de sus consecuencias en una reciente entrevista que tuve oportunidad de realizar al ex secretario general de Sanidad, Rubén Moreno. No me cuesta nada reconocerlo. Es más, creo que muy poca gente en el sector era consciente de esto, al menos, lo que es lamentable, entre los políticos sanitarios. Hace unos días, ya en campaña, se planteó a preguntas del público la necesidad de hacer más ejecutivo al CISNS. La respuesta de alguno fue que de Constitución abajo había que cambiar medio ordenamiento jurídico para hacerlo posible. A la vista de que hace casi 9 meses que hay una ley aprobada en este sentido, entono el mea culpa, pero me asombra que los –algunos al menos– políticos sanitarios tampoco lo conocieran (o lo ocultaran).
Pero bueno, volviendo al texto de la Ley, más allá de obligar a cumplir con un acuerdo a quienes lo voten afirmativamente, pudiéndose exigir su cumplimiento en Contencioso-Administrativo, creo que lo más importante es la situación en la que el Ministerio de Sanidad, en su labor de coordinación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias, puede obligar al cumplimiento de los acuerdos alcanzados también a las comunidades que voten en contra del mismo.
Se trata, por tanto, de un paso importante que, no obstante, sería deseable no tener que llevar a sus últimas consecuencias judiciales a cada momento ya que enconaría aún más las tensas relaciones que en muchos casos se viven en el ámbito sanitario. Pero lo que está claro es que no podemos seguir con 17 sistemas sanitarios de salud. Debemos volver a, como mucho, 17 servicios sanitarios de salud por el bien de los pacientes.
Por fin a ver si es verdad que todos los ciudadanos españoles somos iguales al menos en algo tan serio y necesario como la Sanidad;esperemos que sus señorías se pongan de acuerdo al menos en esto.