La eurodiputada socialista Soledad Cabezón ha comparecido en rueda de prensa tras la aprobación, por 568 votos a favor y 30 en contra, del 'Informe sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los medicamentos', y ha pedido a la Comisión Europea "a tomar medidas de la forma más rápida posible" para responder al clamor casi unánime del Parlamento en aras de un mayor equilibrio entre el precio de los medicamentos y los incentivos a la industria para que siga generando innovación y la necesidad garantizar la accesibilidad a los tratamientos.
La eurodiputada ha mostrado su satisfacción porque en la votación del documento final habría prevalecido, en su opinión, "el reconocimiento del derecho a la salud, y se han puesto los intereses de los pacientes en el centro". Así, entre las medidas a las que se insta con este informe Cabezón destaca el acuerdo sobre la necesidad de "de que sean la Comisión Europea y los Estados Miembro, y no la industria como hasta ahora, los que establezcan el valor real del medicamento". De hecho, la mayor coordinación entre los Estados en este ámbito fue un aspecto reclamado por muchos de los diputados que participaron en el debate del día miércoles 1 de marzo.
En este sentido, se refirió a las declaraciones realizadas por el Comisario de Medio Ambiente y Salud Pública, Vytenis Povilas Andriukaitis, en el citado debate, cuando afirmó que, en línea con la propuesta del informe de armonizar los métodos de evaluación, "la CE está trabajando para mejorar coordinación entre Estados". Y aunque no se atrevió a avanzar en qué se concretarán estos trabajos, afirmó que "el documento aquí presentado va a contribuir a enriquecer la iniciativa de la CE, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso para los pacientes". Cabezón, que mostró su optimismo tras oír estas palabras, reconoció que espera que el trabajo de la CE dé lugar a "un proyecto legislativo antes del final de este año" que consiga unificar la decisión sobre el valor que aportan los medicamentos.
Otro tema con gran relevancia y que finalmente ha quedado recogido en el informe es el de las patentes. "En este sentido, y aunque se reconoce el derecho fundamental a la propiedad intelectual, se ha conseguido introducir el matiz de que éste no puede colisionar con el derecho a la salud", explicó Cabezón, que hizo referencia a la solicitud de "un estudio para ver el impacto de la política de propiedad industrial en el acceso", especialmente en lo relacionado con las extensiones. Sobre este particular se pronunció también el comisario Andriukaitis, quien recordó que las patentes son, a día de hoy, "las que aseguran retorno a la inversión para desarrollar productos, y eso incluye a los certificados de protección complementaria". No obstante, aseguró que la Comisión tiene la intención de mejorar el sistema actual, "teniendo en cuenta la particularidad de los medicamentos", y anunció un estudio sobre el impacto de los incentivos para antes de que termine el año.
Recursos públicos con retorno público
Además de estas cuestiones, Cabezón quedó satisfecha por el hecho de que en el informe aprobado haya quedado reflejada la necesidad de revisar lo relacionado con las aportaciones públicas a la investigación farmacológica. "Especialmente, cuando haya una transferencia de recursos públicos para apoyar la investigación, se pide una garantía de que va a haber un retorno, que esas aportaciones se traduzcan en garantía del acceso y también en transparencia con respecto al coste de desarrollo de esos medicamentos que han contado con fondos públicos", subrayó.
Otros temas de interés plasmados en el documento son, para la eurodiputada, el de la necesidad de adoptar planes específicos para garantizar el acceso cuando se dé la aparición de medicamentos que salvan vidas, en referencia a la hepatitis C; la definición de los precios considerados como excesivos, así como la necesidad de actuar contra el comercio paralelo y los desabastecimientos que éste provoca, una reivindicación de los países de la franja oriental del continente europeo. Así lo puso de manifiesto la diputada checa, Kateřina Konečná, quien afirmó que "la exportación paralela es un problema" que afecta con especial intensidad en su país, y lo explicó con el hecho de que las empresas prefieran "vender esos medicamentos a otros países donde son más rentables", produciéndose así faltas de suministro. El búlgaro Andrey Kovatchev también llamó a tomar medidas urgentes "para poner freno al comercio paralelo".
