Cabezón admite que el informe sobre acceso puede quedar descafeinado

Aunque la eurodiputada socialista, Soledad Cabezón, que lidera el informe del ENVI para mejorar el acceso a los medicamentos en la UE, se esforzó por destacar el mérito de que la problemática se haya podido poner encima de la mesa, reconoció, en un debate organizado por Salud por Derecho en la sede del Colegio de Médicos de Madrid, que no sabe "hasta dónde se va a llegar y hasta dónde se quiere llegar" con él. Incluso fue más allá y se atrevió a vaticinar que "estamos más cerca de un documento que introduzca pequeños cambios a otro que suponga un cambio global". Para conocer la versión definitiva, en todo caso, habrá que esperar a la votación en la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública del 31 de enero y, posteriormente, a la que tendrá que tener lugar en el Pleno del Parlamento Europeo, la cual aún no tiene fecha ("probablemente, febrero o marzo", dijo la eurodiputada).

A día de hoy, el consenso entre los grupos podría estar en el entorno del 70-80% de las propuestas inicialmente presentadas, unas 50, aunque Cabezón reconoce que "existen intereses contrapuestos entre Estados miembro, además de la presión de la industria farmacéutica, lo cual ha dificultado mucho el entendimiento" para sacar adelante un informe que partía de unos presupuestos realmente ambiciosos: investigación dirigida a necesidades de salud predominantes, transparencia en los ensayos clínicos y en el coste real de desarrollo, condicionamiento de los incentivos públicos a la investigación, establecimiento del precio en función del coste real, licencias obligatorias, promoción de los genéricos, etc..

Vanessa López, directora de Salud por Derecho, organización que está participando en el proceso de discusión y que es partidaria de una intervención global sobre el mercado de medicamentos, admitió que el proceso de discusión abierto en el Parlamento Europeo "es interesante y positivo". Sobre todo, puntualizó, "porque es la primera vez que esta institución se cuestiona y adoptará una posición con respecto a este tema". Por eso, agradeció la valentía de diputadas como Cabezón, al poner encima de la mesa cuestiones como la dimensión que han adquirido los precios o la falta de retorno de la financiación pública destinada a apoyar proyectos de investigación farmacológica.

Sin embargo, ahondó en las dudas mostradas por la representante socialista sobre el alcance final del informe, del cual, detalló, se podrían caer, por falta de consenso, varios puntos con bastante relevancia. El primero de ellos tiene que ver con la dinamización de "las licencias obligatorias como salvaguardas ante problemas para acceder a los medicamentos, una recomendación del panel de expertos de la ONU que parece que finalmente va a caer del documento".

López también hace referencia a la necesidad, recogida en el primer borrador, de establecer precios justos con base en la ecuación que suma coste real de desarrollo más margen de beneficio razonable. En este sentido, uno de los problemas, en su opinión, es la falta de transparencia con respecto a los costes de I+D y la búsqueda de unos márgenes que multiplican los de otros sectores. Para la directora de Salud por Derecho, "un margen del 15-20% sería lógico, no el 200%, 300% y hasta 1.000% que los laboratorios generan en algunos casos". Finalmente, dice, "parece que el informe se quedará en una recomendación de asignación de precios acorde con el valor terapéutico y la disponibilidad económica de los países, que son justo los puntos de referencia que maneja actualmente la industria para pedir sus precios".

Por último, señala la necesidad apuntada en los primeros documentos de hacer revertir las inversiones públicas en la reducción del coste de los medicamentos para los Estados miembro, "a través de la introducción de condicionantes, como la no concesión de licencias exclusivas o la cotitularidad de las patentes". "El informe reconoce que la Comisión Europea no está asegurando que las inversiones redunden en hallazgos asequibles para la población y frente a recomendaciones inequívocas, parece que nos vamos a quedar con simples ánimos a aplicar medidas", culmina.

Propuestas para un cambio de modelo

Visto el alcance limitado que puede tener finalmente el documento del ENVI, los expertos congregados en el acto, entre ellos el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, el miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea sobre vías efectivas para la investigación en salud, Fernando Lamata, y la Medical Innovation & Access Policy Adviser de Médicos Sin Fronteras (MSF), Katy Asthersuch, lanzaron una serie de propuestas para tratar de solucionar lo que consideraron, casi al unísono, "un problema global que ha dejado de afectar a los países pobres y ahora nos toca a todos". Un problema de accesibilidad que se basaría, según los ponentes, no sólo en el precio, sino en la financiación de innovaciones que aportan poco o nada a la terapéutica y consumen recursos que no se pueden usar para la verdadera innovación, extensiones de patentes que retrasan la entrada de genéricos, enfermedades olvidadas en las que no se investiga, dicen, por falta de rentabilidad, etc.

Para poner solución a la escasa innnovación que aportan, según Cabezón, "más del 80% de los medicamentos que se aprueban", habría que crear "una agencia específica que evalúe el valor añadido de los medicamentos y establezca una clasificación con base en la innovación que aportan". López fue más allá al apuntar que, directamente, no se financien aquellos medicamentos que no den un valor adicional.

Con respecto a las extensiones de patentes y el uso de la protección industrial como escudo para solicitar altos precios, Lamata se refirió a la necesidad de revisar la filosofía con la que nacieron los acuerdos Adpic, "basados en la necesidad de proteger una investigación que, se decía, venía a cubrir necesidades de salud, incluidas las de los países pobres". En este sentido, llamó a los Estados "a no patentar todo lo que se presenta, y a fomentar una investigación que sea abierta, accesible a todos y que dé como resultado soluciones en salud a precios también accesibles".

La responsable de políticas de Acceso de MSF hizo alusión también a algunas fórmulas que podrían contribuir a satisfacer mejor las necesidades no cubiertas, y se refirió a la posibilidad de que sean los Estados los que, con base en una necesidad, saquen a concurso la investigación y la producción de tratamientos con un presupuesto cerrado desde el principio, y manteniendo después la titularidad.

Por último, Sendín se refirió a la necesidad de concienciar a la sociedad sobre los problemas que comienzan a existir para acceder a determinados medicamentos por cuestión de su precio, lo cual, en su opinión, no es sólo responsabilidad de la industria, "donde hay empresas de todo tipo", sino también de la Administración que acepta los términos que ésta propone. Para cambiar esa tendencia, señaló, hay que aprender de lo ocurrido con la hepatitis C, donde la movilización de los pacientes permitió, en su opinión, que la situación mejorara. Además de eso, pidió transparencia en la negociación industria-Administración para la asignación de precios ya que, dijo, "la falta de transparencia muchas veces es la antesala en la corrupción".