La presidenta del Gobierno de Islas Baleares, Francina Armengol, intervino el pasado martes, 5 de diciembre, en el Parlamento de esta comunidad autónoma para responder a una pregunta realizada por el portavoz de Podemos, Albert Jarabo, en relación con la adhesión al convenio con Farmaindustria, el cual, en opinión de éste, "garantiza un consumo mínimo de medicamentos comercializados por estos laboratorios y frena la inversión en genéricos, que como todos sabemos son más económicos". Dicho esto, el portavoz de la formación morada le preguntó a la presidenta por la voluntariedad o no, de la firma de este compromiso.
Armengol argumentó, en este sentido, que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es un "mecanismo perverso", aunque a la vez "necesario", ya que, dijo, "es la única forma de poder financiar nuestras políticas públicas". Dicho esto, señaló que la adhesión al convenio con Farmaindustria, condición del Ministerio de Hacienda para la solicitud del FLA, no puede entenderse, por tanto, "como voluntaria, sino como una obligación", por lo que la denominó como una "medida injusta" para las CCAA. En su intervención posterior, Jarabo la llegó a calificar de "chantaje".
Seguidamente, la presidenta se quejó de que la firma de ese pacto "afecta a nuestra capacidad de autogobierno, condiciona nuestra autonomía, ya que nos obliga a cumplir unos trámites de fiscalización diferentes de los que aplicaríamos desde el Gobierno de Islas Baleares". Más concretamente, la presidenta subrayó que el convenio "condiciona realmente nuestra política de compra en farmacia hospitalaria" y lo calificó de "oscuro".
Además, se quejó de que siga siendo la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos la que fije unas cuantías y que después se obligue a las CCAA a "comprar y pagar" con base en esas condiciones.
Tras la intervención de la ministra, volvió a tomar el turno de palabra el portavoz de Podemos, quien mostró la preocupación de su formación "por las condiciones leoninas" que se exigen para obtener la ayuda del FLA, y se quejó de que, concretamente la obligatoriedad de firmar este convenio con Farmaindustria, además de afectar a la financiación, "puede comprometer los presupuestos sanitarios y con ello la atención que se le ofrece a los pacientes". Por eso pidió a Armengol "firmeza" frente los requerimiento del Estado central.
En línea con otras CCAA socialistas
Visto el discurso de Armengol con respecto al convenio con la patronal de la industria innovadora, cabe recordar que, como ya informó Diariofarma (ver artículo), ya se habían producido reacciones en la misma línea por parte de otros gobiernos socialistas, como el valenciano, el andaluz o el de Castilla-La Mancha. Aparentemente, Extremadura habría sido la única díscola, aunque este periódico ha podido confirmar que las declaraciones de su presidente, Guillermo Fernández Vara, apoyando el acuerdo con la patronal, fueron realizadas en un momento en el que aún no había un posicionamiento oficial y fuera de contexto.
Días después de que se produjera el alineamiento de las comunidades gobernadas por el PSOE saltó a la palestra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que en un acto público defendió la conveniencia del citado convenio, ya que según él, aporta "ahorros y también garantiza la innovación y la calidad de los tratamientos". Por eso dijo no entender las críticas de algunas CCAA.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: