El Grupo Socialista y el Grupo Mixto han sacado adelante, en la Comisión de Sanidad del Congreso y con el apoyo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sus proposiciones no de ley, que se han fundido en una única iniciativa, instando al Gobierno a incluir los medidores de glucosa en la prestación del Sistema Nacional de Salud, garantizando la transferencia de financiación para las comunidades autónomas. El Grupo Popular, que había presentado una enmienda mostrando su disconformidad con la cuestión de la financiación estatal, ha votado en contra, lo mismo que Ciudadanos.
En su PNL, el Grupo Mixto hacía referencia a las distintas tecnologías disponibles: el sistema de medición continua de glucosa de Novalab Ibérica; el sistema integrado de bomba de insulina y la medición continua de glucosa de Medtronic, así como otro de esta compañía, que incorpora el envío de los datos directamente a una aplicación en los dispositivos móviles, y el dispositivo de monitorización flash de glucosa de Abbott. "El profesional sanitario debe indicar a la persona con diabetes qué tecnología conviene más a la persona con diabetes según su historial en control glucémico, estilo de vida y personalidad", decían en su texto.
Sin embargo, el Grupo Socialista matizó, en este sentido, que "habría que acordar los criterios sobre sus indicaciones en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", de manera que, además, se puedan paliar "las desigualdades territoriales" en la utilización de estos dispositivos, como defendió María Guadalupe Martín, encargada de defender la iniciativa.
La Proposición no de Ley, con las enmiendas aceptadas, instaba al Gobierno, según confirmó el presidente de la Comisión de Sanidad, Patxi López, "a incorporar sistemas de monitorización continua y flash en la cartera común y, por tanto a su financiación por el SNS para las indicaciones que resulten coste-efectivas, avanzando en la equidad en el acceso", así como a "garantizar las dotaciones a las CCAA para hacer frente al gasto" que va a suponer. También "a negociar de forma inmediata con la industria para reducir el impacto en la financiación pública y reducir, también, el precio de venta libre", que se sitúa actualmente, según incluían los documentos, en unos 1.500 euros al año. Por último, llamaban a "disminuir la carga burocrática que suponen los visados de inspección, de común acuerdo con las comunidades autónomas".
El PP, contrario a transferir fondos a las CCAA
Por la parte del Grupo Popular, intervino la diputada Isabel Cabezas, que en declaraciones a Diariofarma afirmó la decepción de su formación con el Grupo Socialista, que se habría negado a incorporar una enmienda transaccional que habían presentado y que estuvieron negociando "hasta el último momento". "Al final han decidido no incorporarla por una cuestión de financiación", aseguró, y añadió: "Cuando dicen que se garantice la financiación habría que pedírselo a las CCAA, que son las que deciden dónde invertir el dinero".
En este sentido, avanzó que van a pedir a la ministra de Sanidad a que lleve esta cuestión al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), para que, "con el nuevo modelo de financiación, que esperemos que llegue a buen puerto, sea uno de los temas a tratar con las CCAA". De esa forma, el Grupo Popular, a través del Gobierno, recuperaría la iniciativa política en torno a la incorporación de estos productos a la prestación.
Además, sobre esa actualización del modelo de financiación, Cabezas subrayó que "todos estamos de acuerdo en que hay que cambiarlo, tenemos que ser generosos, más solidarios, hay enfermedades nuevas, la población está cambiando...". No obstante, continuó, un aumento de los fondos para las autonomías no significa que vaya a mejorar la prestación sanitaria, "ya que los fondos no son finalistas y, una vez que llegan, cada uno decide dónde invierte el dinero".
También justificó el voto en contra de Ciudadanos Francisco Igea, quien habría presentado una enmienda pidiendo "que sean las agencias de evaluación tecnológica las que digan los sistemas que son coste-efectivos y las que no". "En este caso, el coste por año de vida ganado sería de entre 300.000-1,2 millones. En el sistema británico no se financia nada por encima de las 30.000 libras. Pedimos en nuestra enmienda que se tenga en cuenta la evaluación de las agencias y que haya una igualdad efectiva en el acceso", señaló. La enmienda no fue aceptada.
UP vota a favor, pero pide transparencia
También pidió una evaluación exhaustiva del coste efectividad de estas tecnologías la portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Amparo Botejara, aunque en su caso el voto fue a favor de la propuesta socialista, "mejor fundamentada que la del Grupo Mixto". "Nosotras votaremos a favor de esta PNL para mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes, pero exigimos también, total transparencia en la valoración y fijación del precio de estas tecnologías".
Ya se sabe que su Grupo, además, es bastante crítico con la mezcla de intereses público-privados y, en este sentido, Botejara quiso llamar la atención sobre el hecho de que "el director de Estrategia de Medtronic Ibérica haya sido nombrado recientemente vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad". "Nos encontramos con que a lo mejor el evaluador es también el evaluado, motivo suficiente para que nos hayamos unido a otros colectivos para pedir la dimisión de la ministra de Sanidad por estos nombramientos".
