Política

El consenso sobre la necesidad de apostar por la I+D se rompe cuando toca hablar de cómo financiarlo

Representantes de los cuatro principales partidos debatieron sobre la necesidad de impulsar el Pacto por la Ciencia y apostar, con él, por la I+D como motor de la transformación del modelo productivo. La cuestión presupuestaria genera discrepancias.
Mesa política en la presentación del Informe Asebio 2017.

Durante la presentación del Informe Asebio 2017 se celebró una mesa con portavoces de los cuatro principales partidos representados en el Parlamento español, los cuales coincidieron aparentemente en el fondo, aunque no tanto en las formas. Y es que, aunque todos coinciden en la necesidad de alcanzar un Pacto por la Ciencia, se perciben importantes diferencias en cómo garantizar que esta apuesta por el conocimiento se traduce a la práctica y se consolida como motor de transformación del modelo productivo.

Óscar Galeano, portavoz de Agenda Digital del Grupo Socialista, opinó que es importante alcanzar ese Pacto de Estado, "para que quien llegue al Gobierno se vea sometido por él". Y es que, en su opinión, el sector científico y, dentro de él, las empresas de corte tecnológico, como es el caso de las biotech, "necesitan de esa estabilidad, que no miremos al fin de la legislatura, sino a la siguiente generación". Lo importante, dijo, "es que si tenemos otra recesión, la Ciencia no sufra".

En una línea similar se expresó Nawa Alba, portavoz de Universidades de Unidos Podemos y miembro de la Comisión de Ciencia, quien señaló la necesidad de "asumir que la I+D+i es una cuestión de Estado y hay que situarla como prioridad política, ya que el conocimiento es principal valor de cambio si queremos progresar como país". En este sentido, lanzó la pregunta de "si queremos de verdad apostar por modelos productivos de alto valor añadido", y reconoció las dificultades que se dan a nivel político "para desarrollar estas apuestas que son a largo plazo, ya que cuando se habla de los matices afloran las diferencias". A pesar de ello, concluyó, "tenemos que ser capaces de hacer reformas de tipo estructural, más allá de las políticas de urgencia, aunque sea difícil".

También se mostró a favor del Pacto por la Ciencia Juan Bravo, portavoz de Innovación en la Comisión de Economía y Competitividad del Grupo Popular, quien hizo referencia a la moción aprobada en el Parlamento, aprobada por todos los partidos, la cual supone "una magnífica hoja de ruta para que el nuevo Gobierno ponga en práctica esas medidas".

Por su parte, Susana Solís, responsable de Industria e I+D+i en Ciudadanos, dio su beneplácito también, como ya hiciera su Grupo, a la moción y los acuerdos alcanzados en esta materia, y ofreció el apoyo de Ciudadanos al nuevo Gobierno para llevarlo adelante. Pero además de esto, pidió "un entorno favorable más en financiación, la eliminación de trabas burocráticas y una política clara de retención del talento".

La cuestión presupuestaria

Pese al acuerdo general sobre la necesidad de reforzar la Ciencia como motor del sistema productivo español, se vieron diferencias a la hora de determinar si hacen falta más fondos para materializar esa apuesta con éxito y, en caso afimativo, de dónde sacarlos. Ahí Solís, por ejemplo, defendió la idea de que lo importante "no es que haya más financiación, sino que la haya sea estable". No obstante, admitió que el recorte aplicado a estas partidas durante la crisis "ha tenidos sus efectos" y se mostró a favor de "recuperar los niveles precrisis". Aunque la apuesta de su partido va más "por crear un marco jurídico que permita que ninguna empresa innovadora (en referencia a las biotech) tenga que cerrar por una tensión puntual financiera, que permita el aplazamiento de la deuda, que les ofrezca incentivos fiscales y que incentive a las grandes empresas a contratar con ellas, entre otras medidas".

Bravo, por su parte, defendió la apuesta del Gobierno de Mariano Rajoy por buscar "un equilibrio presupuestario, manteniendo el mayor número de convocatorias, por ejemplo". También recordó "la aprobación de bonificaciones a la Seguridad Social por contratar investigadores, o los 1.000 millones de euros de deducciones por I+D en el Impuesto de Sociedades del que se han beneficiado las empresas durante este tiempo". Además, recordó que la apuesta presupuestaria por la I+D no es una cosa exclusiva del Gobierno central, y llamó a tener en cuenta la responabilidad de las comunidades autónomas y, también, del sector privado. A lo que no está dispuesto su Grupo, parece, es apoyar la subida de impuestos que parece barajar el PSOE para financiar estas y otras cuestiones, como los servicios sociales. Y es que, dijo, "el Partido Popular ha demostrado que se puede hacer crecer la economía bajando impuestos".

Galeano, en cambio, defendió que es evidente que "el Pacto de Estado exige más fondos", y en este sentido, habría que elevar la recaudación. Y es que, aseveró, "o tenemos un nivel de recaudación mayor, con lucha contra el fraude o con nuevos impuestos, o el problema de gasto lo vamos a mantener". De ese incremento de la recaudación, que descartó que se vaya a dirigir a las clases medias, "vendrán las soluciones para la falta de recursos para I+D, ayudas, servicios sociales, etc". Y sobre las posibles trabas que podría poner Europa, recordó que lo que piden las instituciones comunitarias "es estabilidad presupuestaria, pero no nos impide que ingresemos más".

Alba también defendió un aumento de las asignaciones presupuestarias a I+D, y recordó que ya en los 90 "la inversión pública fue clave para consolidar el sistema de investigación actual". En este sentido, defendió que "teníamos un sistema eficiente, pero con la gestión de la crisis se dieron pasos atrás que ahora hay que revertir". En su opinión, "el vínculo entre el crecimiento del sector tecnológico y la inversión pública en I+D está demostrado". También afirmó, como Galeano, "que el Pacto sin dinero no sirve de nada", aunque su Grupo considera que el acuerdo entre los grupos políticos no es suficiente, y que había que integrar en el proceso "a las pymes, las universidades, los centros públicos y las CCAA".

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