Podemos pone de nuevo el punto de mira en el precio de los medicamentos

Podemos ha puesto en su punto de mira al sector farmacéutico y, muy concretamente, a las políticas de precio de los medicamentos. En este sentido, la diputada del grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Marta Sibina, ha presentado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas en relación a la transparencia o los criterios utilizados por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM), entre otras cuestiones. Esta batería se une a anteriores preguntas parlamentarias y a la propuesta de constitución de una subcomisión para el acceso a los medicamentos, aprobada por el Congreso el pasado otoño.

Sibina reclama explicaciones, en algunas de las 18 preguntas registradas para su respuesta por escrito, acerca de la transparencia con la que trabaja la CIPM. En este sentido, pregunta al Ejecutivo por lo que piensa hacer para “para poner fin a la opacidad en el proceso de negociación de precios y financiación de los medicamentos”. La diputada de Podemos no se para solo en el procedimiento, también cuestiona al Gobierno sobre si tiene previsto “tomar medidas en materia de transparencia en lo relativo a los dossieres de precios, las decisiones, los acuerdos de la CIPM y los acuerdos con techo de gasto”.

La creación de la Subcomisión de acceso pasa a la Mesa del Congreso

En relación a la transparencia de los precios de medicamentos, la diputada de En Comú Podem pregunta específicamente por los de uso hospitalario y, en concreto, por el “precio real de referencia aprobado a nivel estatal por cada vial trastuzumab”. Más allá, Sibina pregunta por las diferencias de precio en medicamentos como bevacizumab, bortezomib, lenalidomida o trastuzumab en España con respecto a otros países europeos. A este respecto, cabe destacar que la diputada toma como referencia los PVL autorizados, no los precios de facturación al SNS o los precios reales de adquisición.

Más allá y en lo que se refiere a los procedimientos de la CIPM, Sibina recuerda que el Tribunal de Cuentas realizó una serie de recomendaciones en materia de funcionamiento de esta Comisión en un informe sobre la prestación farmacéutica. La diputada morada pregunta al Ejecutivo “cuándo tiene previsto el Gobierno asumir las recomendaciones de dicho informe”.

Cambio de criterios en la CIPM

Además, pregunta al Ejecutivo por si tiene intención de cambiar el sistema actual de fijación de precios “de forma que las decisiones de precio se sustenten sobre criterios objetivos, a partir de los costes reales y auditados de investigación y producción, más un beneficio razonable”. En relación a las políticas de precio también reclama conocer si el Ejecutivo tiene previsto avanzar en “flexibilidades” y “mecanismos” como las licencias obligatorias teniendo en cuenta “el deterioro que sufre el sistema sanitario español y las tensiones presupuestarias existentes”.

La diputada de Podemos también pregunta por si se va a “promover la estricta ausencia de conflictos de interés sobre las decisiones de autorización y financiación asumidas por la Comisión Interministerial de Fijación de Precios de los Medicamentos” y si se tiene previsto desarrollar “mecanismos que controlen y sancionen el abuso de competencia, las estrategias de “evergreening o acciones que retrasen la entrada de biosimilares y/o genéricos”.

En otro orden de cuestiones, la diputada se interesa por si el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha reunido ya con Farmaindustria o si tiene intención de investigar a Roche y Novartis por la “posibilidad” de que hayan “promovido una diferenciación artificial de los productos de forma contraria a la competencia y con objeto de encaminar la demanda hacia el uso de la opción más cara”.

Por último, Sibina pone el foco en la investigación con fondos públicos y la transferencia de conocimiento. En este sentido, pregunta por si el Ejecutivo está “realizando acciones para promover la transparencia en la I+D biomédica realizada con fondos públicos”, o si tiene previsto “vincular la financiación pública en investigación a condicionalidades que garanticen la futura accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y explotación de los datos y eficiencia del producto o tecnología del producto que se transfiera, licencie o patente fruto de dicha investigación”. En este sentido, pregunta también por si está pensando en “revisar el actual modelo de transferencia de tecnologías de las instituciones públicas al sector privado”.