La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería (Satse) ha emitido un comunicado reclamando a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, "que aclare si comparte el apoyo de la directora general de Farmacia del Ministerio, Patricia Lacruz, a la farmacia comunitaria", ya que, de ser así, dicen, "supondría que respalda una clara privatización de la sanidad pública para que los empresarios farmacéuticos puedan hacer más negocio a costa de la salud de todos los ciudadanos".
De esta forma responde la Mesa a las recientes declaraciones de la directora general de Farmacia, realizadas en el marco del 21º Congreso Nacional Farmacéutico, en las que afirmaba que "la farmacia comunitaria es imprescindible en el ámbito asistencial ambulatorio", declaraciones ante las que muestran "rechazo absoluto", y que consideran "más propias de un responsable de la patronal farmacéutica que de un representante de un Gobierno que debe velar por el mantenimiento presente y futuro del sistema sanitario público español".
A juicio de la Mesa de la Profesión Enfermera, "es totalmente contradictorio que el actual Gobierno socialista se muestre públicamente como un claro defensor de la sanidad pública y universal y, al mismo tiempo, respalde la privatización de servicios asistenciales que ya se vienen realizando de manera muy satisfactoria por las enfermeras y médicos del ámbito de la Atención Primaria de nuestro país". Al respecto, señalan que, "si se quiere potenciar el papel del farmacéutico, puede hacerse con los profesionales de este colectivo que ya trabajan en el SNS".
Reclamación a la ministra
Por todo ello, los representantes de la profesión solicitan a la ministra de Sanidad "que defina con total claridad cuál va a ser la postura del Gobierno estatal cuando se alcancen acuerdos o, incluso, se pretendan aprobar leyes por parte de algunos ejecutivos autonómicos a favor de la farmacia comunitaria", y utilizan como ejemplo el Proyecto de Ley de Farmacia presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que permitirá a los empresarios farmacéuticos, dicen, "ofrecer determinados servicios asistenciales cuya competencia corresponde exclusivamente a médicos y enfermeros del Sistema Nacional de Salud".
Entre esas labores sitúan el seguimiento de los pacientes crónicos o polimedicados, la revisión de botiquines familiares, visitas a domicilio o la administración de inyectables, como las vacunas, que, dicen, "son competencia de los profesionales sanitarios de Atención Primaria, según establece la normativa al respecto, y todas ellas ya se vienen realizando sin que supongan ningún tipo de coste adicional para de los ciudadanos".
Por eso, en contra de lo que propone ahora Madrid, opinan que "desde el Ministerio de Sanidad, como desde las distintas consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, lo que se tiene que hacer es trabajar de manera coordinada para reforzar y mejorar la Atención Primaria y, como consecuencia, propiciar un aumento de las plantillas de enfermeras y médicos en todos los servicios de salud".