Diferentes entidades del ámbito de la Enfermería, con su Consejo General al frente, han convencido, con el falaz argumento de la privatización, a otras entidades como la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Facua o la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), para ponerse enfrente de la Farmacia.
Un total de diez entidades han firmado una declaración conjunta “ante la mal llamada farmacia comunitaria”, en la que aseguran estar “preocupadas por el interés general, la calidad de la atención sanitaria y la salud de la población” y, por ello, reclaman el “mantenimiento y la potenciación de la Atención Primaria como base fundamental de una Sanidad Pública universal, eficiente y de calidad”.
Según los firmantes, la administración “no debe destinar fondos públicos para que los farmacéuticos, a través de unos establecimientos privados, como son las oficinas de farmacia, realicen unas actividades sanitarias, que ya realizan médicos y enfermeras/os, en el ámbito público”
A pesar de que la guerra abierta por Enfermería contra la farmacia se remonta, al menos, a dos años atrás, los representantes de esta profesión han encontrado en la Proposición de Ley de Farmacia de Madrid la excusa perfecta para arreciar en los ataques a la Atención Farmacéutica y, con el falaz argumento de la privatización de la sanidad, ganar adeptos como Facua, Amyts o la ADSPM, o simpatías en los partidos y sindicatos de izquierdas.
La declaración firmada comienza asegurando que los farmacéuticos “merecen todo nuestro respeto y consideración, que, como profesionales sanitarios, desarrollan una labor fundamental en el ámbito de la producción, conservación y dispensación de los medicamentos”. Es la única concesión que realizan a los farmacéuticos. A partir de ahí, crítica continua por todos los ámbitos.
Contra el Proyecto de Ley de Farmacia de Madrid
Empiezan criticando el Proyecto de Ley de Farmacia de Madrid, asegurando que “no ha contado en su elaboración, ni con la participación ni el consenso de todos los agentes implicados, como lo son todos los colectivos de profesionales sanitarios”. Los firmantes aseguran que el Proyecto de Ley de Farmacia madrileño, atribuye a la farmacia unas competencias profesionales “que no son de su ámbito y que por el contrario ya tienen atribuidos otros profesionales como médicos y enfermeras”. Esta cuestión que según ellos sucede, podría ocasionar “un grave conflicto de competencias entre profesionales farmacéuticos de las oficinas privadas de farmacia, y otros profesionales de la medicina, la enfermería e incluso la farmacia de la sanidad pública”.
Además, aseguran que las farmacias, “por el hecho de estar en la comunidad y ser un recurso comunitario, no pueden ser consideradas farmacias comunitarias”. Según indican, dicha consideración “precisa, entre otras cuestiones, de unas competencias y conocimientos que no adquieren los farmacéuticos en su titulación, pero sí otros profesionales como médicos y enfermeras/os, tanto en sus estudios de grado como de posgrado y especialización”.
Contra destinar fondos públicos a la farmacia
Según las diez entidades, la administración “debe fortalecer la atención primaria y no destinar unos fondos públicos para que los farmacéuticos u otros trabajadores empleados por ellos, a través de unos establecimientos privados, como son las oficinas de farmacia, aunque presten un servicio público, realicen unas actividades sanitarias, que ya realizan médicos y enfermeras/os, en el ámbito público”
De este modo, la realización por parte de los farmacéuticos de determinadas actividades, como lo son la visita domiciliaria, el control de pacientes crónicos (seguimiento de diabéticos, anticoagulados, hipertensos…), la adherencia al tratamiento… “suponen no solo una duplicidad de actuaciones que ya vienen realizando desde el ámbito público, médicos y enfermeras sino que también puede implicar un grave conflicto de intereses, en perjuicio de los usuarios y de las políticas públicas de uso racional de los medicamentos”.
Por todo ello, realizan un llamamiento a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid deben rechazar de pleno este Anteproyecto de Ley e instan a que “se promueva una nueva iniciativa legislativa” que respete las competencias de los profesionales y “no comprometa el carácter público, gratuito y universal de la atención sanitaria”.
