El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Madrid celebró su Asamblea General Ordinaria el pasado 12 de diciembre, y su presidente, Luis González Díez, aprovechó su intervención en la misma para reclamar "una política farmacéutica realista que no esconda la realidad del sector y apueste por avances concretos en el terreno profesional y económico". En su opinión, ésa sería "la mejor respuesta ante un escenario de incertidumbre máxima, marcado por un Gobierno central en funciones, prórroga presupuestaria y una dinámica que prioriza modelos más economicistas que asistenciales o la entrada de nuevos agentes externos en el mercado farmacéutico".
El presidente del COF aseguró que actualmente se está trabajando con la Consejería en el proyecto de Ley de Farmacia, la anulación del cupón precinto en la dispensación, el análisis de costes de los servicios de guardia en la Comunidad de Madrid y la recuperación de algunos de los medicamentos de diagnóstico hospitalario.
Sobre el nuevo marco legal de la farmacia, informó que el texto del proyecto de ley se encuentra en la Consejería de Sanidad "a la espera de iniciar los trámites administrativos y de consulta pública". El Colegio ya habría dado los primeros pasos al reunirse con las asociaciones más representativas de los farmacéuticos madrileños, para "aprovechar la oportunidad de mejorar el texto en beneficio de los profesionales y pacientes".
En lo que respecta a los medicamentos de diagnóstico hospitalario, asunto que habría centrado buena parte de su intervención, González alertó de una dinámica de "mercado a doble velocidad claramente perjudicial para los intereses de la farmacia española", con lo que calificó como un "carril rápido para la farmacia hospitalaria", con crecimientos del gasto del 28,7 por ciento en la Comunidad de Madrid en el periodo 2015-2018, frente a "un carril lento para la oficina de farmacia", donde el sector público habría invertido 12,5 puntos menos durante el periodo.
La intención de la entidad colegial es "invertir esta situación", para lo que está promoviendo distintos acuerdos con grupos de pacientes, como el colectivo LGTBI, o laboratorios que apuestan por su dispensación en farmacia. No obstante, recuerdan que quien califica y clasifica los medicamentos en uno u otro grupo, de Uso o de Diagnóstico, corresponde a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aepms).
González concluyó el apartado de reivindicaciones políticas asegurando que volverá a pedir a la Consejería de Hacienda una nueva subvención de la VPN colegial, como la que ha disfrutado durante los últimos seis meses la farmacia madrileña y que habría permitido ahorrar, dicen, 360 euros por farmacia, para amortiguar el coste del mantenimiento de la red que garantiza la seguridad de los datos de la receta electrónica de los madrileños.
Por último, en lo que respecta a la relación con la Administración madrileña, adelantó la propuesta que se le ha trasladado para poner en marcha un programa piloto que permita la intervención del farmacéutico en determinadas indicaciones de medicamentos para descongestionar las consultas de los centros de salud. "Se trata de desarrollar la farmacia asistencial en colaboración con el resto de profesionales sanitarios o, lo que es lo mismo, informar al paciente sobre el medicamento que va a tomar, riesgos, seguimiento, adherencia, etc.", explicó.
La celebración de la Asamblea sirvió además para aprobar el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de 2020, año en el que la entidad colegial apostará por mantener su línea de colaboración con el Ejecutivo regional para definir un modelo de servicios que pueden indicarse dentro del Servicio Madrileño de Salud y "recuperar la dignidad de un margen que permita mantener la estructura económica de nuestras farmacias".
Críticas a la política farmacéutica nacional
El presidente del COF madrileño también evidenció su malestar con "la falta de una orientación definida y estratégica en la política farmacéutica nacional", y aseguró que "falta reivindicación, defensa de lo que somos y de lo que hacemos, de lo que aportamos al Sistema y de la satisfacción de nuestros usuarios".
Criticó el Plan de Acción presentado por el Gobierno en funciones para fomentar los medicamentos genéricos y biológicos, ya que, a su juicio, agrava la situación económica de las farmacias. Recordó, en este punto, que casi la mitad de las dispensaciones de Madrid, el 47,5%, tiene un precio inferior a 3 euros. "Insistir en esta política conduce al cierre de farmacias", denunció.
Además, recordó el impacto de la política farmacéutica en el empleo. La plantilla media de una oficina de farmacia en España pasó de 3,58 empleados en 2016 a 3,04 en 2018, según los últimos datos disponibles, o la existencia de farmacias VEC o de viabilidad económica comprometida, subvencionadas por falta de recursos.
Nicolas Gonzalez Casares: